Una mirada sociocultural sobre el fenómeno

Saqueos: pacto social roto, crisis de autoridad y de representación

• Un sociólogo habla de un quiebre de la credibilidad en las institucionales. Otra experta advierte sobre la fractura de clases entre incluidos y marginados. Vandalismo, paranoia y la sociedad del sálvese quien pueda.

Luciano Andreychuk

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En pocos días, el foco de la rebelión policial en Córdoba se diseminó por casi todas las provincias. En Santa Fe capital, una sensación de paranoia colectiva cundió por las calles como reguero de pólvora. A los saqueos se les respondió con más rejas, con aceite y vidrios rotos rociados sobre los pisos de los negocios para repeler vándalos, con baritones de metal. Y con la autodefensa armada en vigilancias nocturnas desde adentro y desde los techos de los comercios. Fue el extremo: la ley barbárica de la selva y del sálvese quien pueda.

La clásica dialéctica del amo y del esclavo de F. Hegel -el sometimiento con violencia contra la fatal autoconciencia de sumisión- se resignificó con los recientes episodios: en una sociedad santafesina acostumbrada a las tragedias, operó un mecanismo ya internalizado de autoorganización para la defensa: pasó en 2000, pasó durante la inundación, pasó con los saqueadores. El hombre contra el hombre. Así terminará el año, así se recordaron tres décadas de democracia. La madurez republicana parece ser aún una ficción, una entelequia naufragando en la soledad de un significante vacío.

El fenómeno, con sus pulsiones delictivas y los miedos colectivos, excedió el reclamo policial en sí, el saqueo como noticia indignante, las muertes como consecuencia fatal. Ahora se necesitan lecturas que miren más hondo que la superficie. “Lo ocurrido obedece a cuestiones complejas, como son las representaciones sociales. Los cambios culturales de los últimos años conducen a la llamada ‘desafiliación’: esto es, las instituciones que tradicionalmente le dieron sentido a la vida de las personas, hoy ya no son capaces de hacerlo”, explicó a El Litoral el sociólogo Luis M. Donatello (UNL/UBA).

Se visibilizó una crisis de representación: “Quienes representaban la autoridad legítima, hoy ya no lo hacen. Esto conduce a que sea mucho más producible la autorrealización por cualquier medio, legal o no (saqueo), que la búsqueda de soluciones en instancias legales ya constituidas”. Además, quedó en evidencia una corrosión de la autoridad, “de la fuerza policial y de la autoridad pedagógica, familiar. Pero hay dos elementos salientes: desafiliación con las instituciones y disolución de la autoridad”, resaltó Donatello.

Fracturas de clase

Para la prof. en Ciencia Política, Magdalena Candioti (Fhuc/UNL), la famosa fractura social “tiene mucho de cultural y profundas raíces históricas: los sectores incluidos, con trabajo, vivienda, salud, educación y servicios desconfían de aquellos que han quedado excluidos, de los más pobres, de los sin trabajo. Los primeros están prontos a imaginar a los segundos subvirtiendo el orden para acceder fácilmente a todo aquello que tienen vedado”, dijo a este diario.

La imagen del sujeto a temer en el imaginario santafesino “son los jóvenes llamados discriminatoriamente ‘negros’, los que andan en moto, en cuero, los que vienen de las periferias. Junto a las graves responsabilidades de los policías que han incumplido sus deberes de funcionarios públicos (...), creo que debemos interrogarnos sobre esta debilidad de la confianza que los sectores incluidos tienen en sus pares ciudadanos menos afortunados”, fue su llamado de atención.

Medios, miedos y rumores

Sobre la difusión de los rumores, “éstos se ligan al rol que pueden jugar los medios de fogonear el miedo colectivo -explica Candioti-. Pero son los propios medios los que ofrecen la posibilidad técnica de chequear si estos rumores se están concretando o no, lo que podría contribuir a tomar conciencia de la dimensión real del problema y colaborar en no promover el estado de alerta”. Y las redes sociales han actuado como “multiplicadoras de esos rumores y pánicos, pero también como lo opuesto, por ejemplo difundiendo números de emergencia para tranquilizar a la población”, cerró.

Reacciones de “tortuga” y la sindicalización

L. A.

Para Leandro Corti, ex ministro de Seguridad de la provincia, hay un dato objetivo ineludible: “En los últimos 25 años ha habido un incremento real en la tasa de criminalidad. Esto ha generado un incremento general de la violencia social y de la reacción de la ciudadanía frente a esas expresiones delictivas”. Esta es la base, el trasfondo.

Ahora detonó el conflicto policial y “la clase política quedó perpleja, paralizada; demostró su incapacidad de anticipación al conflicto. Hablamos de colectivos policiales que fueron desde la reapertura democrática ninguneados por el poder político, en cuanto al status de trabajador y al salario. Hay sectores policiales proletarizados que tienen que trabajar en condiciones inadmisibles, con salarios muy magros. Por eso el reclamo”, dijo Corti a El Litoral.

Pero la legitimidad del reclamo salarial “no se condice en nada con la cuestión procedimental de sus formas. Hay un colectivo de trabajadores policiales que no puede ejercer el derecho de huelga y lo están haciendo de facto. Hoy, todas las discusiones se están dando en la ilegalidad. Esto genera una enorme zozobra institucional. El reclamo es justo, pero el procedimiento es ilegal. No puede la política caer en este juego de lógica extorsiva”, resaltó.

“Hoy los policías en rebeldía están aplicando una medida de acción directa (de huelga) propia del derecho sindical; pero los policías no están sindicalizados, y no tienen el derecho de hacer lo que hacen. Se está ejerciendo de facto una medida de acción directa sin tener la consagración legal para esto”, dijo Corti.

“Ahora la política tendría que poner las barbas en remojo y establecer un marco de institucionalidad, una forma de sindicalización policial que implique mesa paritaria y condiciones de trabajo del policía, pero que no autorice, bajo ningún punto de vista, la posibilidad de tomar medidas de acción directa (como huelgas) que impliquen la no prestación del servicio de seguridad pública”, subrayó el ex ministro.

Un antecedente: en abril pasado se habían presentado las conclusiones de una investigación sobre la sindicalización del personal penitenciario, encarada por el equipo del Programa de Extensión Delito y Sociedad de la UNL que conduce Máximo Sozzo. Un 80 % de los agentes penitenciarios pensaba que es “indispensable” avanzar hacia la sindicalización. Idéntico resultado se había obtenido años anteriores, cuando se realizó el estudio sobre el personal policial.

• Hay dos elementos clave que quedan en evidencia: la desafiliación social con las instituciones y la disolución de la autoridad.

Dr. Luis M. Donatello

Sociólogo

• La legitimidad del reclamo salarial no se condice con sus modalidades. La política no puede caer en este juego de lógica extorsiva.

Leandro Corti

Ex ministro de Seguridad de Santa Fe