Cuatro gobernadores con Gils Carbó

Nación y provincias avanzan en políticas contra el crimen organizado

  • Santa Fe estuvo representada por Bonfatti en el encuentro celebrado en Buenos Aires. “Hemos dado un paso fundamental en el combate de los delitos complejos”, aseguró el mandatario.
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Pérez, Urtubey, Gils Carbó, Bonfatti y Abdala posan en la Procuración General de la Nación después del encuentro. Foto: Gobierno de Santa Fe

 

De la redacción de El Litoral

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El gobernador Antonio Bonfatti se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y sus pares de Salta (Juan Manuel Urtubey), Mendoza (Francisco Pérez) y Santiago del Estero (Claudia Ledesma Abdala), para definir la creación de 27 distritos fiscales que permitirán implementar políticas contra la criminalidad organizada.

En la reunión se definió un plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas y fuerzas de seguridad nacionales y locales, y se acordó la creación de 27 distritos fiscales, cada uno a cargo de un fiscal coordinador. “Para nosotros, éste no es el primer encuentro y por eso vemos con mucho beneplácito como vamos avanzando reunión tras reunión, en cuestiones concretas y en tomar definiciones”, explicó Bonfatti. “El hecho de tener, a partir de ahora, un fiscal coordinador nos allana muchos caminos en la necesidad que tenemos de articular acciones entre la Nación, la provincia y los municipios, entre las fuerzas federales y provinciales, en hacer inteligencia sobre un delito tan complejo”, añadió.

Para el santafesino “es fundamental el paso que hemos dado el día de la fecha. Le agradecemos a la doctora Gils Carbó por esta predisposición permanente a que nos escuchemos, dialoguemos y que vayamos avanzando en combatir los delitos complejos”.

Respuesta a la demanda

Gils Carbó indicó que “esta nueva organización del Ministerio Público es una respuesta a una demanda que tiene la sociedad de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada”.

Admitió que “la falta de articulación que supone la división arbitraria de funciones, necesaria para que trabajen las estructuras, a la hora de combatir el delito presentan deficiencia, por eso hemos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, que es quien va a articular todas las estrategias y protocolos de actuación en la lucha contra el crimen organizado (trata de personas, lavado de dinero, de activos, y narcotráfico)”.

La procuradora general también remarcó que “hay organizaciones que requieren del Ministerio Público un esfuerzo especial, no sólo porque cubren varias jurisdicciones, sino porque son estructuras criminales que siguen funcionando sin sus cabecillas. Un ejemplo de ello es el narcotráfico, donde siempre hay una demanda activa que mantiene viva la actividad ilícita”.

Finalmente, en rueda de prensa, Gils Carbó bregó por “articular entre todos mesas de diálogo para hacer una estrategia común, que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado ante el crimen organizado”.

Por su parte, Urtubey detalló que “en Salta la Justicia Federal está sobrecargada, producto de ser una provincia fronteriza, y es importantísimo institucionalmente una articulación. Para nosotros es una herramienta importante que nos va a permitir ser más operativos. A veces se hace más difícil cuando cada uno se escuda en sus competencias o jurisdicciones”.

Los ejes del encuentro

El temario de la reunión entre Gils Carbó y los cuatro gobernadores incluyó un plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas y fuerzas de seguridad nacionales y locales, así como con los ministerios públicos y jueces provinciales.

Con el nuevo mecanismo se podrá acceder a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, ya que garantizarán un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciberdelincuencia, y la corrupción pública y privada.

La asignación de funciones vinculadas a los distritos no implica la creación de nuevos cargos, y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.