editorial

Narcotráfico: un camino sin retorno

• En la Argentina, se observa una progresión similar a la que atravesaron países como Colombia y México antes de caer presos del caos.

Hasta no hace mucho tiempo, en la Argentina era absolutamente improbable que organizaciones delictivas tuvieran el nivel de organización y la osadía suficientes como para atreverse a amenazar de manera directa a un gobernador, a ministros, funcionarios públicos o a jueces.

Por entonces, esa clase de situaciones sólo podían observarse en países resquebrajados y sumidos en la violencia extrema generada por el narcotráfico, como Colombia o México.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. En estos momentos, aquella realidad que parecía tan lejana se ve replicada con inquietante frecuencia en la Argentina. Tanto es así que, esta semana, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el secretario de área, Matías Drivet, fueron víctimas de amenazas anónimas.

Pocas horas antes de que se produjeran dichas advertencias, en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de la localidad de Arocena, un coche oficial en el que suelen viajar estos funcionarios fue perseguido y encerrado por otro vehículo con vidrios polarizados. Las maniobras intimidatorias se prolongaron a lo largo de diez kilómetros.

No es la primera vez que ocurre algo semejante. El año pasado, Lamberto y Drivet ya habían recibido llamados amenazantes en sus teléfonos celulares. Los delincuentes les advertían que conocían perfectamente sus movimientos y los de sus familiares.

El 14 de junio de 2013, luego de que se encontrara un depósito con 60 kilos de cocaína en el sur de Rosario, una llamada anónima avisó que se preparaban atentados contra las vidas del juez de Instrucción, Juan Carlos Vienna, y de funcionarios del área de Seguridad. Y el 12 de octubre, encapuchados efectuaron 14 disparos contra el domicilio particular del gobernador Antonio Bonfatti.

La Argentina no es México ni Colombia. Sin embargo, los hechos demuestran que, con matices, el país registra una progresión similar a la que estos países recorrieron antes de que el caos se apoderara de la sociedad y de las instituciones mismas.

Lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti: “El narcotráfico está afectando el Estado de Derecho” en la Argentina.

Frente a este contexto, existen seguramente culpas compartidas. Sin embargo, las principales responsabilidades les caben al gobierno nacional, que a lo largo de los últimos años observó inmóvil cómo el narcotráfico incrementaba su poder y sus injerencias en el país.

Las fronteras están desprotegidas. Las Fuerzas Armadas apenas si cuentan con lo mínimo indispensable como para subsistir. Y los organismos de seguridad interior sufrieron un progresivo proceso de menoscabo y debilitamiento que terminó por hacer eclosión con el levantamiento de Gendarmería en 2012, y de las policías provinciales un año después. Como consecuencia de estas falencias, la corrupción carcome en estos momentos las organizaciones que deberían trabajar en la prevención de los delitos y la persecución de los delincuentes.

La experiencia de otros países demuestra que el avance del narcotráfico se produce por etapas. Evidentemente, este proceso se encuentra avanzado en la Argentina.

Los antecedentes advierten que si el gobierno nacional no reconoce el problema y actúa en consecuencia, el desenlace estará escrito. Y difícilmente haya vuelta atrás.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el secretario de área, Matías Drivet, fueron víctimas de amenazas anónimas.