Votarán en forma negativa en el Congreso
La oposición cuestionó el acuerdo Repsol-YPF
De la redacción de El Litoral
“El gobierno paga para seguir perdiendo riqueza nacional. No al pago del vaciamiento y a la falta de evaluación del daño ambiental”, afirma el texto acordado por senadores y diputados radicales y del interbloque que componen el FAP, Unen y la Coalición Cívica-ARI. La postura será expuesta en el recinto del Senado en la próxima semana cuando llegue el dictamen avalado por el kirchnerismo en comisiones.
“Por un lado se sobrevalúa el activo a abril de 2012 y, por el otro, subvalúan los pasivos para demostrar un valor patrimonial mayor”, señala la declaración firmada por los senadores Gerardo Morales y Rubén Giustiniani y los diputados Mario Negri, Juan Carlos Zabalza, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Victoria Donda, Jorge Valinotto y Alcira Argumedo. También advierten que el acuerdo “no considera las responsabilidades ni la cuantificación de los pasivos ambientales, contingentes y por reclamos judiciales que dejó el vaciamiento de la empresa española Repsol. También incumple la propia ley de nacionalización, sancionada en mayo de 2012, en sus artículos 11 y 12, así como el artículo 17 de la Constitución Nacional y la Ley de Expropiaciones”.
Del radicalismo
“Una vez más, la mala praxis del gobierno nos cuesta una fortuna”, señaló un documento de la Unión Cívica Radical anticipando el rechazo de sus legisladores -avalado por el comité y la convención nacional- al precio que se le reconocerá a Repsol. “Ni el precio es justo, ni el procedimiento es legal”, aclaran.
“La posición de nuestro partido sigue siendo la misma: somos custodios, siempre, del cuidado y la defensa de los recursos energéticos y la riqueza de nuestro país. Es por eso que exigimos que el precio de YPF se establezca de acuerdo a lo que dictan las leyes y la Constitución, condiciones que este acuerdo no garantiza en lo absoluto”, concluye la declaración.
Por su parte, el senador santafesino Rubén Giustiniani advirtió que “el acuerdo establece que la Argentina deberá pagar 5.000 millones de dólares a modo de indemnización y compromete a las futuras generaciones con altísimos intereses”.
