Trata de personas

Procesan por explotación laboral a un productor rural de la costa

Raúl Fabián Sánchez, detenido desde el 14 de abril, está acusado por haber ingresado al país de manera ilegal a un grupo de personas oriundas de Bolivia, a las que engañó con promesas de trabajo y redujo a servidumbre para trabajar en un campo de Helvecia.

Juliano Salierno

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El juez Federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, procesó este lunes a un productor rural de la costa por el presunto delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravado”, cometido contra ocho personas de nacionalidad boliviana y un argentino. También le atribuyó las figuras de “reducción a servidumbre” y “tráfico de personas”.

Por tratarse de delitos cuya pena en expectativa supera los 3 años de prisión, el juez Miño dictó la prisión preventiva para Raúl Fabián Sánchez, que se encuentra detenido desde el 14 de abril, cuando fue allanado el establecimiento rural que explotaba en el departamento Garay.

El acusado de 42 años es oriundo de la localidad de Ángel Gallardo y se encontraba viviendo junto a su concubina y tres hijos en un campo ubicado 7 km al norte de Helvecia por la Ruta Provincial Nº 1 y 500 metros al este.

Allí, dirigía un emprendimiento rural cuya fuerza de trabajo era un grupo de bolivianos que él mismo se encargó de captar, trasladar y albergar en condiciones indignas, además de engañarlos con promesas de sueldos que oscilaban entre los $ 1.500 y $ 4.000 que nunca pagó.

Camino al Sur

La investigación comenzó el 18 de septiembre de 2013 en la provincia de Chubut, específicamente en la terminal de ómnibus de Trelew. Ese día, dos chicos de 17 y 19 años de nacionalidad boliviana intentaron comprar pasajes para viajar a Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, pero como uno era menor y ambos estaban indocumentados, no pudieron hacerlo.

Gracias a la intervención de autoridades locales, los extranjeros, que habían aprovechado la llegada de la primavera para hacer el viaje, pudieron contar que venían de Santa Fe, donde habían sido explotados laboralmente y pretendían llegar casi hasta el extremo sur del continente en busca de un familiar.

En esa oportunidad, intervino el Juzgado Federal de Rawson y la Oficina de Tráfico y Trata de Personas de la provincia de Chubut. Más allá del hallazgo patagónico, el juez de Rawson se declaró incompetente porque entendió que el hecho delictivo denunciado se había producido en la localidad de Helvecia.

Así la investigación llegó a Santa Fe, donde se inició un expediente por el delito de “trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral” en dos casos; y para profundizar la investigación el juez Miño le dio participación a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas de la provincia.

Pedido fiscal

De manera concomitante, el 21 de marzo de 2014 entró un expediente con la denuncia iniciada por el fiscal Marcelo Colombo a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos del Ministerio Público de la Nación (Protex). Allí se informaba que el 5 de diciembre de 2013, ante la toma de conocimiento de la situación, la Protex le dio intervención al Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación.

A raíz de las dos investigaciones, el fiscal Federal Walter Rodríguez pidió su acumulación, ya que surge como imputada la misma persona, sobre la cual se solicitó su detención y recepción de declaración indagatoria.

Además, la Justicia le dio intervención al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios y la Dirección Nacional de Migraciones, que también realizaron valiosos aportes.

Mientras la información recabada por los organismos nacionales iba llegando a Santa Fe, el juez Miño dispuso el allanamiento del predio rural.

Allanamiento y detención

El operativo se llevó a cabo el lunes 14 de abril. En la quinta fueron hallados seis bolivianos -5 varones y una mujer- y un argentino, que trabajaban y vivían ahí. También fue detenido Raúl Fabián Sánchez, a quien todos señalaron como el “dueño”.

En los días subsiguientes, el juez Miño tomó indagatoria y recibió testimonio de las presuntas víctimas, asimismo se agregaron los informes de los organismos intervinientes, incluso fue pedida una cámara Gesell para uno de los menores, que estuvo a cargo del Centro de Orientación a la Víctima de la Defensoría del Pueblo. Por último, se le amplió declaración indagatoria al detenido y el fiscal pidió la prisión preventiva.

En los considerandos de la resolución de este lunes, el juez Miño explicó que al menos en esta etapa de la investigación, “es posible afirmar con suficiente verosimilitud que Sánchez captó, trasladó y acogió personas mayores y menores de edad de nacionalidad boliviana con fines de explotación, habiéndose concretado en todos los casos esa finalidad”.

La Justicia logró acreditar que Sánchez ofrecía $ 1.500 por mes a cambio de una jornada laboral normal, con descanso, alojamiento e higiene, pero que una vez en Argentina “los habría obligado a trabajar en condiciones indignas, sin las medidas de higiene y seguridad adecuadas y en un marco de informalidad laboral” además no le pagaba los sueldos, les negaba los descansos, los obligaba a dormir en un galpón, incluso propinándole malos tratos.

Bajo engaño

De los dos muchachos que aparecieron en el sur sin documentos, uno soportó esa situación durante 7 meses, el otro un año y medio. Del resto de las personas rescatadas, cuatro de ellos de entre 17 y 24 años presentan situación migratoria irregular. Habían sido captados bajo promesa de pago de dos mil bolivianos, que serían unos $ 4.000 por mes y alojamiento.

Ese grupo había llegado a Santa Fe el 8 de marzo pasado, por lo que estuvo bajo el yugo del patrón durante un poco más de un mes. Los otros dos -un hombre de 28 y una mujer de 26- ingresaron al país como turistas por 90 días y por sus propios medios, pero bajo engaño. Su punto de destino fue la ciudad de Rafaela, donde el propio Sánchez los habría ido a buscar para llevarlos al campo. Estos últimos no alcanzaron a estar un mes bajo las condiciones descriptas, ya que arribaron al país el 19 de marzo.

Por último, había un argentino de 33 años que se encontraba desde enero haciendo changas en el campo, padecía las mismas condiciones laborales, aunque no vivía en el mismo lugar que sus compañeros bolivianos.

Alcance legal

• El procesamiento por trata de personas se circunscribe al artículo 145 bis del Código Penal, mediante el cual reprime a quien “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

En el caso puntual el juez Francisco Miño consideró como agravantes “el medio empleado” (abuso de la situación de vulnerabilidad); “la multiplicidad de víctimas” (9 en total); “por lograr la finalidad de explotación”; y por “la edad del sujeto pasivo” (tres de ellos no había cumplido los 18 años al momento de cometido el hecho).

También aplicó al caso el artículo 140 CP, referido a la “reducción a la servidumbre”: “situación materialmente abusiva, sometimiento de una persona mediante imposición abusiva de trabajos o servicios”; y por infracción a los artículos 116 y 117 de la Ley de Migraciones Nº 25.871, referente al “tráfico de personas y permanencia ilegal de extranjeros”.

Cruzaron por el río

• Con algunos matices, el testimonio de los trabajadores bolivianos da cuenta de que conocieron a Raúl Sánchez en Tarija, su país, donde les ofreció trabajar en su campo en Santa Fe.

Uno de los extranjeros contó que cruzó de manera ilegal por el paso fronterizo de Aguas Blancas (Salta) caminando y acompañado por una conocida del “dueño”. Ya en territorio argentino lo acompañaron hasta una estación de colectivos y le pagaron un pasaje hasta la ciudad de Rafaela. En la cabecera del departamento Castellanos lo esperaba un hermano de su “empleador”, que lo condujo hasta la ciudad de Recreo y nuevamente le abonaron un pasaje hasta el campo.

Otro en cambio atravesó caminando el río Bermejo, acompañado por el propio Sánchez. Luego tomaron un taxi hasta la terminal de Orán, en Salta, y de ahí directo a Santa Fe y nuevamente a Helvecia.

Más allá de las condiciones de sometimiento, la tarea de las víctimas era “cultivar y cosechar verduras, limpiar el campo, cargar y descargar cajones”. A cambio les daba muy poca plata y casi no podían salir del predio.

Además de documentación, en el lugar se secuestraron numerosas herramientas de trabajo, como palas, azadas, machetes, canastos, y máquinas como tractor, arado, sembradora, empaquetadoras y fertilizantes, etc.

En cuanto a la participación de Sánchez en dichos traslados, Migraciones confirmó que efectivamente el hombre había salido del país por Aguas Blancas y Salvador Mazza/Yacuiba, la última vez el 8 de marzo de 2014, justo cuando llegó la última tanda de bolivianos.

Lapidario

Hasta la suegra de Sánchez confirmó que tenía a personas de Bolivia trabajando en su campo y contó que “puede obligarlos a trabajar muchas horas, durante la noche y madrugada, aunque caigan heladas”. Las víctimas por su parte, relataron que “los cuartos estaban llenos de ratas, no teníamos ni baño ni duchas, teníamos que bañarnos detrás de las casas” (...) “Cuando teníamos sed nos alcanzaban agua y Sánchez nos puteaba, porque nos decía que quería que nos muramos de sed” (...) “Cuando llovía nos sacaba a trabajar, con los mismos horarios. Cuando era invierno trabajábamos toda la noche. No teníamos domingos”.