España

María Servini escuchó los testimonios de víctimas de la dictadura franquista

Sara Barderas

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“Es el día más feliz de mi vida porque alguien me ha escuchado”. Teresa Álvarez, de 93 años, salió hoy emocionada de la Audiencia Nacional, en Madrid, tras narrar allí el sufrimiento de su familia tras la guerra civil (1936-1939) española.

Esta mujer sonriente de brillante pelo blanco fue una de las dos víctimas del franquismo que testificaron en el tribunal español ante la jueza argentina María Servini, que tiene abierta en Buenos Aires la única investigación que existe en el mundo sobre los crímenes de la dictadura española de Franciso Franco (1939-1975).

Lo hace sobre el principio de la Justicia Universal, el mismo por el que la Audiencia Nacional española investigó en su día los crímenes de la última dictadura militar argentina. El mismo que acaba de ser recortado drásticamente en España ante las presiones de países poderosos como China sobre el gobierno de Mariano Rajoy.

El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu prestó su despacho en el tribunal a su colega argentina para que tomara declaración a Álvarez y a Faustina Romeral, de 90 años. Por su edad, ninguna había podido desplazarse a Buenos Aires, como sí hicieron otras víctimas, para testificar ante Servini.

Hoy declaraban oficialmente ante la Justicia argentina, pero para las víctimas de Franco era muy simbólico prestar testimonio en la Audiencia Nacional, el tribunal que hace poco rechazó la extradición de dos presuntos torturadores franquistas que reclamaba Servini y en el que Baltasar Garzón abrió en su día una causa al franquismo.

Gran emoción

“Me ha escuchado un juez”, celebraba Álvarez. “No lo pude hablar nunca”. Lo que esta mujer nonagenaria no había contado jamás en un tribunal es que a su hermano lo hicieron desaparecer tras la guerra, que su padre fue encarcelado y que, al igual que otro de sus hermanos, fue torturado. “Le metieron la varilla de un paraguas por los oídos y quedó sordo para siempre”. Su abuelo fue represaliado.

Romeral tenía también una historia de sufrimiento que relatar a Servini. A su padre, alcalde socialista de un pueblo, lo fusilaron. A su madre la metieron en prisión y ella quedó sola. Su tío murió en la cárcel en huelga de hambre. Y ella misma, años más adelante, estuvo en prisión por comunista.

“Ha sido duro, me he emocionado, pero es muy importante que estas personas se preocupen, que nos escuchen”, dijo Romeral al salir. La jueza Servini habló poco ante los medios cuando abandonó la Audiencia Nacional, lo justo para expresar que las cosas marchan como ella cree que deben hacerlo. “Estoy satisfecha”, respondió a la prensa.

Profunda investigación

La magistrada argentina se ha hecho conocida en España con su investigación. El 20 de mayo inició sus pesquisas in situ en el país, pero lleva investigando los crímenes del franquismo desde 2010, cuando al entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón lo obligaron a cerrar su investigación en España.

Garzón sería juzgado después -y absuelto- por prevaricación, por haber obviado la Ley de Amnistía de 1977 para abrir su causa.

Cuando esta se cerró, víctimas del franquismo llevaron a Buenos Aires sus denuncias y presentaron lo que se conoce como “querella argentina”, en la que denunciaron “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la guerra civil española y la dictadura franquista. Con el paso del tiempo se fueron sumando querellantes.

Para Garzón, la investigación argentina es agridulce.

“Me parece bien pero me gustaría que lo hiciera la Justicia española. Es muy importante pero a la vez es muy triste que la Justicia española esté silente y ausente por decisión del Tribunal Supremo y que otros jueces estén desarrollando ese papel sobre el principio de la Justicia Universal”, decía hace unos días.

Además de Madrid, donde culmina su viaje, Servini estuvo en los últimos diez días en el País Vasco (norte) y en Andalucía (sur), tomando testimonio a otras víctimas a las que la edad y la salud impidieron viajar a Argentina o prestar testimonio a través de videoconferencia desde el consulado en Madrid.

“Los culpables no podrán ser juzgados porque han muerto todos”, decía hoy Teresa Álvarez, recordando lo que vivieron su padre, su abuelo y sus hermanos. Pero queda “la reparación”.

Justicia lerda

• El abogado argentino que lleva la querella, Carlos Slepoy, explicó a los medios que con esta declaración las víctimas se acercan “cada vez más al momento del fin de la impunidad” en España, un país donde “las víctimas permanecen aún en las cunetas y en las fosas y no hay posibilidad de reparación”.

Recordó que la jueza Servini dictó exhortos a la justicia española para abrir una fosa en el cementerio de Guadalajara (centro) y tomar muestras de ADN a Ascensión Mendieta, de 88 años, hija una de las diecisiete personas que estarían allí enterradas.

La petición de apertura de la fosa recayó hace meses sobre un juzgado de Guadalajara y aún tiene que resolverla, y mientras tanto Mendieta depositó hoy dicha prueba en la Audiencia Nacional.

A juicio de Slepoy, la Audiencia Nacional debería encargarse de este asunto, ya que es un tribunal que investiga delitos cometidos en todo el ámbito estatal y los querellantes argentinos pretenden pedir la exhumación de más fosas en otros puntos del país.

Según otro de los abogados argentinos, Máximo Castex, los querellantes pedirán a la jueza Servini que reclame a la justicia española la exhumación de fosas cuya localización le detallaron víctimas del País Vasco y Andalucía durante su estancia estos días en España.