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editorial

  • Se debe cuidar que los fondos específicos tengan el destino asignado y no queden desvirtuados en su pasaje a rentas generales.

El peligro de desviar fondos específicos

En comisiones de la Legislatura, se discuten sendos proyectos que apuntan a modificar los alcances de las partidas que reciben los municipios y comunas por efecto de la ley de Obras Menores y el Fondo de Financiamiento Educativo. Y es de esperar que más allá de las diferencias y chicanas políticas no se deje de respetar la especificidad de los fondos creados en su momento.

Habrá que recordar al respecto que el primero es provincial y el segundo procede de una ley nacional pero a ambos los caracteriza el objetivo específico por el que fueron creados.

En Santa Fe, sobre finales de 2004, la Legislatura creó el llamado Fondo de Obras Menores destinado a municipios y comunas -con la excepción de Rosario y Santa Fe- para la construcción de obras, criterio luego ampliado a la compra de equipamiento y rodados para esas administraciones. Ese recurso cobró mayor importancia cuando en 2007 se dispuso su actualización anual, a cuyo efecto debía tomarse como base el uno por ciento del cálculo de recursos para la Administración Central, previstos en la ley de Presupuesto correspondiente al año anterior. En varios ejercicios, se dictaron leyes específicas para permitir que determinado porcentaje pudiera afectarse a rentas generales en caso de que así lo requirieran las administraciones comunales o municipales. En el medio, se produjeron largas discusiones sobre lo que la oposición calificó como “demoras en la remisión de partidas” y el Poder Ejecutivo definió como “falta de presentación de propuestas debidamente fundamentadas y avaladas por los organismos de control”.

En el transcurso del último año, la mayoría justicialista avanzó en el dictado de una ley que dispone la automaticidad del giro de los recursos, lo que fue vetado por el Poder Ejecutivo que -además- remitió un proyecto para incluir a Santa Fe y Rosario en dicho fondo, tema que hoy se encuentra en discusión.

Por su parte, el Fondo de Financiamiento Educativo nació en diciembre de 2005, cuando el Congreso sancionó la ley 26.075 que estableció parámetros para llegar al 6% del Producto Bruto Interno con destino al sistema educativo, “reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país”. La norma determinó parámetros para distribuir los recursos entre las provincias -a Santa Fe le corresponde el 7,18%-. Luego, la provincia los distribuye entre los municipios y comunas con idéntico criterio que el establecido para la coparticipación provincial, “adoptándose los resguardos que resulten pertinentes a los fines de garantizar la inversión de los recursos conforme las limitaciones y alcances consignados en la Ley Nacional 26.075”.

En los últimos meses, también surgieron diferencias entre la Casa Gris y el justicialismo por la morosidad en el envío de recursos, retardo que la oposición atribuye a razones políticas, en tanto que el Ejecutivo lo adjudica a la falta de cumplimiento de las rendiciones de recursos anteriores. Ahora, la Legislatura discute un proyecto justicialista que dispone la automaticidad del envío y la rendición posterior a la ejecución.

Más allá de las discusiones, la dirigencia política debe definir políticas claras que ayuden a que esos fondos vayan a obras, maquinarias o rodados -y específicamente al sector educativo- con controles estrictos. El problema es que la propuesta de automaticidad y la flexibilidad de los controles representa un aval para que ese dinero vaya a las rentas generales de cada administración, y en vez de atender sus objetivos específicos pasen a tapar baches presupuestarios a contramano de los criterios que sustentan una sana administración.

La automaticidad y la flexibilidad de los controles no contribuyen a la atención de los fines específicos que determinaron la creación de los fondos.



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