Lo expresó en el Congreso Nacional

Preocupa al ruralismo ley de abastecimiento

Campolitoral

Esta semana, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, participó junto a sus pares del Foro de Convergencia Empresarial de la reunión de comisiones que se realizó en el Senado de la Nación para escuchar las posiciones de diferentes entidades y funcionarios sobre el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento.

“En el campo no hace falta que esperemos a que se sancione la ley para conocer sus resultados negativos, porque este proyecto pretende institucionalizar y profundizar los mecanismos de intervención que venimos viviendo los productores hace varios años”, afirmó.

Etchevehere dio algunos ejemplos del impacto de estas medidas: “se cerraron 138 frigoríficos desde que en 2006 se restringieron las exportaciones de carne, se perdieron 12 millones de cabezas de ganado. En el caso del trigo, tuvimos las dos peores siembras en 100 años y cerraron más de 6000 tambos”, y agregó: “De esta forma se perjudicó al productor y también al consumidor”.

“No es sostenible esta situación. Si quieren obligar a producir a pérdida, ¿quién va a pagar los impuestos, quién va a pagar los sueldos, los créditos a los bancos?”, y agregó: “¿Saben a quién le dio trabajo el gobierno con este tipo de políticas? A los productores de los países competidores que terminaron vendiendo sus productos a nuestros clientes.

“Nadie va a negar la importancia del Estado en el siglo XXI, pero teniendo en cuenta estos resultados, solicitamos a los señores legisladores que no acompañen esta ley”, señaló Etchevehere.

“Faltó algo más que solamente recaudar, faltó trabajo y previsión”, dijo en reproche porque después de que el campo aportó 76 mil millones de dólares a la economía en materia de retenciones, todavía el 90% de los caminos son de tierra en el país.

“A la venezolana”

Por su parte, el titular de CRA, Rubén Ferrero, fue contundente cuando dijo que el proyecto de modificaciones de La Ley de Abastecimiento es altamente negativo y muy preocupante. “Es una ley a la Venezolana, solo hay que ver cuales fueron los resultados en ese país. Verdaderamente lamentable”, concluyó Ferrero.

Con respecto a las políticas economías que el país debería tomar para encausar la crisis actual, el rafaelino sostuvo que “la inflación se corrige de otra forma: con una macroeconomía más ordenada, teniendo superávit fiscal, con menor gasto público y dejando de financiar con emisión el déficit fiscal”.

En el tradicional recinto, CRA expuso que el proyecto no busca en absoluto alcanzar una mayor transparencia como pretende esgrimir el Ejecutivo en esta nueva versión del “relato”. “Por el contrario, solo promueve legalizar mecanismos de intervención por parte del Ejecutivo nacional que el sector agropecuario conoce acabadamente como el cierre de exportaciones, las limitaciones por cupos, la elección de quienes venden y compran, experiencias que solo llevaron a la caída de la producción y a una gran pérdida en el ingreso de divisas”, sostuvo en un parte la entidad.

“La intención del Gobierno de imponer precios máximos y mínimos, de obligar a las empresas a producir determinados productos, de utilizar elementos sancionatorios de manera arbitral con procedimientos poco claros, solo acorralará aún más la inversión privada, con la consabida repercusión que esto traerá en la pérdida de fuentes de empleo”, manifestaron.

Federados y cooperativas

A su turno, las otras entidades también dijeron lo suyo. La conducción de Federación Agraria Argentina expresó en un comunicado su “honda preocupación por el intento del gobierno de Cristina Fernández de impulsar una remozada ley de abastecimiento, tras el argumento de defender a los usuarios y consumidores. Esta iniciativa es un paso más en la ya fracasada intervención distorsiva del Estado Kirchnerista”, indicaron los federados.

“Hay que recordar que el gobierno amenazó a nuestro sector con aplicar la nefasta ley de abastecimiento durante el conflicto que mantuvimos en el 2008. Hoy, le buscan un título diferente, y la impulsan esgrimiendo razones que todos podríamos apoyar, como es el argumento de defender a los usuarios y consumidores, pero en el fondo al revisar la iniciativa, queda claro que sólo pretenden dotarse de más y más contundentes recursos para perseguir a quienes se opongan a sus objetivos”, agregaron los federados.

“Esperamos que otra vez sea el Parlamento el que ponga cordura, y no respalde un proyecto que está hecho a medida de este gobierno que demostró su espíritu revanchista, contrariamente a lo que dice en el relato”,concluyó el comunicado. Finalmente, CONINAGRO, representado por su presidente, Ing. Agr. Carlos Garetto, también participó del plenario. La entidad de corte cooperativista ya sostuvo públicamente que este nuevo proyecto de ley “es un nuevo avasallamiento al proceso productivo del sector privado”.

También sostuvo que “el movimiento cooperativo agropecuario siempre ha sostenido al rol del Estado en su responsabilidad de ejercer los debidos controles y fiscalización sin generar ningún tipo de intervención que distorsione la transparencia de los mercados El sector público no puede, en un Estado de derecho, violentar al sector privado con el argumento de proteger al consumidor, condicionando los volúmenes, márgenes y precios”.

CONINAGRO reiteró recientemente que el campo ya sufrió las consecuencias de este tipo de medidas que se busca implementar, con menos carne, menos leche, menos granos, y menos productos que conforman las economías regionales con menos empleo, sumado el agravante de controles de precios e intenciones de manejo de la renta del productor.

La clave

Presencias

• También participaron de la reunión de comisiones el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Entre los senadores estaban Ernesto Sanz, Gabriela Michetti, Alfredo De Angeli, Miguel Pichetto y Aníbal Fernández.