El lunes se conocerá la sentencia
El fiscal pidió 10 años de cárcel para dos mujeres acusadas por trata de persona
Ambas se encuentran detenidas desde mediados del año pasado, acusadas de liderar una red de trata de mujeres santafesinas que eran llevadas a San Lorenzo y Puerto General San Martín para ejercer la prostitución. También el hijo de una de las imputadas fue sindicado como partícipe secundario.
El Tribunal Oral Federal fijó para el lunes 25 de agosto, a las 10 de la mañana, la audiencia en la que será leída la sentencia. Foto: Flavio Raina
De la Redacción de El Litoral
El próximo lunes, a las 10 de la mañana, llegará a su fin un nuevo juicio oral por el delito de trata de persona, esta vez contra dos mujeres y un hombre a quienes se les atribuyó responsabilidad en el manejo de un grupo de jóvenes que eran llevado a la ciudad de San Lorenzo y la localidad de Puerto General San Martín para ejercer la prostitución.
La lectura de la sentencia estará a cargo del presidente del Tribunal Oral Federal, José María Escobar Cello, y será el producto de cinco jornadas de debate en las que actuaron los vocales María Ivón Vella y Luciano H. Lauría.
En el banquillo estarán Zunilda Godoy, su hijo Martín Gómez y Mariela Sandoval, quienes se encuentran privados de la libertad desde el 24 de junio del año pasado, cuando el muchacho de 24 años fue sorprendido en pleno viaje transportando a 6 mujeres -2 de ellas menores de 18 años- en un auto Chevrolet Corsa II con destino a la zona portuaria para el ejercicio de la prostitución. En esa misma jornada fueron apresadas las dos mujeres de 49 y 43 años, consideradas las jefas de la organización.
Alegato fiscal
El 4 de agosto se dio inicio al juicio oral, en el que el tribunal tuvo la oportunidad de escuchar no sólo a las víctimas, que declararon en la primera jornada, sino a los mismos imputados, que aseguraron ser inocentes y desconocer el alcance del grave delito por el que se los acusa. También declararon miembros de las fuerzas policiales que intervinieron, personal médico, testigos y hasta viejos vecinos de los ahora detenidos.
Finalmente llegó el día de los alegatos, donde el fiscal general Martín Suárez Faisal sostuvo la acusación principal para las dos mujeres y morigeró la calificación para el muchacho, que a su criterio habría tenido una participación secundaria en el ilícito. “Si bien considero que Godoy y Sandoval claramente son autoras del delito por el que han sido acusadas, eso no aparece con tanta nitidez en el caso de Gómez”, dijo.
En síntesis, para el Ministerio Público Fiscal, las mujeres fueron consideradas autoras del delito de trata de personas, quíntuplemente agravado “por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, “por haberse llevado a cabo en perjuicio de tres o más personas”, “por la minoridad de dos de ellas”, “porque en la comisión del delito participaron tres o más personas en forma organizada” y “porque se logró consumar la explotación sexual de las víctimas”.
Connivencia policial
El fiscal destacó como atenuantes “la ausencia de antecedentes penales condenatorios, como así también la dificultad para ganar su sustento derivada de sus condiciones personales y su instrucción”, no obstante lo cual pidió el mínimo de la pena prevista lo que equivale a diez años de cárcel para Godoy y Sandoval. En tanto por Gómez, al ser considerado “partícipe secundario del mismo delito”, la fiscalía pidió 5 años de prisión.
Previamente el Dr. Suárez Faisal recordó el período en el cual se acreditó ilícito, que abarca desde el 14 de octubre de 2011 hasta el 24 de junio de 2013. En ese lapso “Zunilda Godoy y Mariela Sandoval, captaron y trasladaron con fines de explotación sexual a un número indefinido de personas de sexo femenino, entre quienes se encuentran las seis víctimas cuyos testimonios se introdujeron en esta sala”, sostuvo. “También se ha probado que Gómez, participó de varios de los traslados concertados por su madre y por Sandoval”.
Entre otros detalles que se desprenden del caso, el fiscal recordó que “los imputados contaban con la connivencia policial para poder desplegar la empresa criminal sin interferencias”, sin embargo no hubo personal policial involucrado en la etapa de juicio.
“Ellos también son víctimas”
“Ellos también son víctimas de los manejos de esta sociedad”, dijo el abogado Claudio Torres del Sel en su alegato. Apoyado en “la condición de vulnerabilidad social de los imputados” -pobreza, falta de oportunidades y educación deficiente- el profesional sostuvo que “todo eso hizo que no comprendieran que estaban ante la posibilidad de la comisión de un grave delito”.
Fueron los propios imputados los que la semana pasada pidieron la palabra al tribunal para declarar. Ninguno de los tres negó o desconoció los hechos que se les endilgan, aunque si negaron comprender el alcance o la gravedad de lo que hacían.
“Soy inocente, jamás se me cruzó por la cabeza la gravedad de lo que estaba haciendo”, dijo el remisero de 24 años.
Lo medular en esta declaración es que “durante este debate no se ha logrado probar la existencia de dolo por parte de nuestros defendidos y tampoco el aprovechamiento de vulnerabilidad” por lo que “solicitamos la absolución”, dijo Torres del Sel.
Y “no se configuran los casos típicos de trata” ya que no se pudo acreditar “violencia, abuso o desarraigo” como lo indica la ley.
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