editorial

• La renovada exhortación de la Iglesia pone en crisis, una vez más, la manera de entender y ejercer el poder del kirchnerismo.

Los tiempos de la presidente

El apresuramiento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por sancionar leyes de fondo, resistido y denunciado por la oposición y los observadores críticos, se topó en las últimas horas con una inesperada advertencia de la Iglesia.

Desde que cuenta con el control de ambas Cámaras parlamentarias, el kirchnerismo declinó cualquier esfuerzo orientado al consenso -más allá del sonsonete de los discursos y las ampulosas puestas en escena de las ignoradas rondas de consulta- y se limitó a aprobar por la fuerza del número y el imperio del verticalismo las iniciativas emanadas del Poder Ejecutivo.

Este temperamento hecho valer para transformaciones de fondo estrechamente atadas a objetivos político-partidarios -la reforma del Consejo de la Magistratura, la ley de Medios, la “democratización” del Poder Judicial-, que en muchos casos terminaron reprobando el test de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, produjo una marcada aceleración en los últimos meses y proyectó sus efectos a cuerpos normativos de tanta trascendencia institucional y social como el Código Civil y Comercial, y el Código Procesal Penal.

Contra ese apuro, advirtió la Iglesia a través de su reelecto titular, José María Arancedo, quien encabeza el Episcopado con la falta de estridencia que acompaña su actitud dialoguista y conciliadora, pero también la coherencia con principios y postulados básicos de una doctrina humanista y republicana, y la firmeza necesaria para señalar falencias o desviaciones del Estado y la sociedad en ese plano.

Pero hasta el momento, más allá de relajar la actitud de crispación y reemplazarla por una aparente buena disposición -en procura de buena sintonía con el Vaticano-, la presidente de la Nación ha hecho caso omiso a tales exhortaciones. Y si en este momento ha permitido que se filtre alguna posibilidad de propiciar modificaciones en los proyectos parlamentarios a través del blindaje que habitualmente los reviste, es más por el paulatino debilitamiento de la cohesión interna que como una concesión a las minorías.

“Tenemos que crecer, hemos perdido la capacidad de diálogo y encuentro”, machacó la Iglesia argentina a través de su autoridad principal, y añadió: “Cuando dejamos de lado los tiempos de la Constitución nos empobrecemos”.

Acostumbrada a imponer su voluntad valiéndose del automático levantamiento de manos impulsado por los resortes del poder y sostenido con el favorecimiento económico territorial a manera de retribución, la presidente está más familiarizada con la adhesión acrítica que con la confrontación de argumentos y la gestión de consensos, factores centrales de la administración democrática. En cuanto a los tiempos, se imponen más las urgencias derivadas del progresivo escurrimiento del poder y los resquicios que éste empieza a abrir en el antes monolítico soporte parlamentario oficial, que el manejo criterioso reclamado por la Iglesia y establecido por la Carta Magna.

Sin embargo, ser capaz de atenerse a estas pautas básicas de convivencia y funcionamiento del sistema podrían ser el mejor recurso de la actual mandataria para propiciar un tránsito civilizado hacia el recambio institucional y elevar las miras por sobre las especulaciones de coyuntura, atendiendo a la perspectiva con que la historia vaya a abordar su figura.

“Cuando dejamos de lado los tiempos de la Constitución nos empobrecemos”, advirtió la Iglesia, frente a la apresurada aprobación de leyes de fondo.