editorial

  • La pérdida de la capacidad de asombro parece haberse instalado en un país donde los casos de corrupción se multiplican.

Acostumbrados a la corrupción

La permanente denuncia de hechos de corrupción genera una situación paradójica: a medida que se incrementa el número de casos, la sociedad comienza a sufrir una progresiva pérdida de su capacidad de asombro. En otras palabras, se instala un estado de acostumbramiento que adormece la actitud crítica y termina paralizando cualquier tipo de reacción.

Tal vez sea éste el motivo por el cual a los argentinos no parece sorprenderles demasiado que una empresa de la presidente Cristina Fernández esté siendo investigada por la Justicia, y que fuerzas policiales realicen allanamientos en busca de elementos que contribuyan a probar supuestos delitos, como el de lavado de dinero.

Lo cierto es que el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron allanar la sede de la empresa Hotesur, firma con la que la familia presidencial maneja su hotel más importante: el Alto Calafate. La Justicia también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ); y realizó un operativo en la Afip en busca de la información sobre el hotel.

Hace tiempo, el programa Periodismo Para Todos (PPT) y el diario Clarín habían informado que Hotesur no funciona en su sede registrada ante el Estado. Pero además, tampoco presentó sus últimos balances; no informó sobre la renovación de sus autoridades e, incluso, adeuda las tasas que deben pagar las firmas comerciales en la IGJ.

Frente a esta situación, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) presentó una denuncia penal contra la presidente y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.

Según informó la agencia DyN, cuando los investigadores llegaron al domicilio de Lavalle 975, quinto piso, de Capital Federal, donde Hotesur tiene registrada su sede jurídica, se encontraron con que el lugar estaba vacío. Al parecer, ni siquiera había mobiliario.

La última vez que la firma había presentado la conformación de su directorio ante los organismos estatales correspondientes fue en 2008. Y en ese momento, estaba integrado por la hija de Alicia Kirchner, un abogado de Lázaro Báez y un socio de Máximo Kirchner.

Stolbizer recordó que la Justicia ya determinó en su momento que Báez transfirió millones de pesos a la empresa de la presidente en concepto de alquiler de habitaciones que, en general, no se ocuparon.

En cualquier país organizado del planeta, donde no exista una extendida corrupción de características fenoménicas, el hecho de que la Justicia allane una empresa presidencial generaría un verdadero escándalo. Sin embargo, en la Argentina apenas si se trata de un titular periodístico más que, probablemente, vaya desapareciendo en pocos días.

Los medios de comunicación críticos del gobierno se encuentran ante una verdadera encrucijada: si informan sobre los innumerables casos de corrupción, contribuyen a generar este inquietante estado de acostumbramiento. Pero, si no lo hacen, dejan de cumplir con su función esencial y se convierten en cómplices de los corruptos enquistados en el poder.

No parece ser ésta la primera vez que gran parte de la sociedad argentina prefiere mirar hacia otro lado mientras la corrupción se multiplica. Tarde o temprano, la tolerancia y la indiferencia acarrean pesadas consecuencias.

A los argentinos, no parece sorprenderles demasiado que una empresa de la presidente Cristina Fernández esté siendo investigada por la Justicia.