La propiedad de los Kirchner

Un hotel “flojo de papeles”

Alto Calafate no tiene sus balances en orden pero la Inspección General de Justicia no procedió como autoridad de fiscalización. Dura réplica de magistrados a Jorge Capitanich.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El último balance de Hotesur SA en la Inspección General de Justicia (IGJ) data de 2010; es una fotocopia sin firmas ni certificaciones que se habría aprobado en una supuesta asamblea en la que habría participado Máximo Kirchner, celebrada en una sede porteña ajena a la sociedad.

El organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a la empresa dueña de Hotesur, el hotel que comprara Néstor y heredaran Cristina y sus hijos no aplicó las sanciones de uso.

El juez federal Claudio Bonadío obtuvo durante el allanamiento del jueves la incompleta documentación obrante. Jorge Capitanich denunció “hostigamiento judicial” y “golpismo activo del Poder Judicial”. Habló desde el atril de funcionario en defensa de una empresa de Cristina que Lázaro Báez “alquiló” durante años para ingresar plata por habitaciones que no se ocupaban.

La propia Inspección General de Justicia planteó que “Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis”. Pero faltan los balances y la autoridad pública no procedió como debía.

“¿Pone tan nervioso que los jueces actúen como deben actuar?”, se preguntó el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, y defendió el accionar del juez federal Claudio Bonadío, quien investiga presuntas irregularidades en la empresa que maneja el hotel Alto Calafate.

Cabral -integrante del Consejo de la Magistratura- repudió lo que estimó una “presión” del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien encabezó la renovada oficial arremetida contra la Justicia, y disparó: “Parece ser que hay que preguntarle primero al gobierno qué le gusta que hagan los jueces y esto es inaceptable.

“Les molesta que los jueces cumplan con su tarea; en este caso existen denuncias y promociones de acciones penales por parte de fiscales y por eso el juez (Bonadío) hace lo que hace, porque es su obligación; si no lo hiciera, sí le tendrían que pedir el juicio político”, alertó.

Incluso la flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, que llegó a ese cargo con el apoyo del kirchnerismo evaluó que fue “una barbaridad” lo que dijo Capitanich. Es “una presión muy fuerte a la independencia” de la Justicia.

La diputada del Frente Amplio Unen Margarita Stolbizer pidió que se investigue “qué hay atrás del ocultamiento” de datos sobre balances de Hotesur, al sugerir un posible uso de la firma “para encubrir el dinero que proviene de otros delitos y eso es lavado de dinero”.

“Puede ser plata de la corrupción”, advirtió la legisladora al cuestionar la “cantidad de negocios comunes” con la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez y subrayó que desde el poder político “están saqueando la Argentina”. Stolbizer presentó el 10 de noviembre una denuncia al juez Bonadío sobre presuntas irregularidades en la presentación de balances y otra documentación de la firma Hotesur.

“La corrupción no es neutra ni inocua para un país y esta gente demuestra una voracidad, una avaricia casi a niveles de enfermedad, yo creo que ni ellos, sus hijos, sus nietos y varias generaciones van a poder disfrutar ni gastar la plata que han acumulado”, sentenció.

La pica para el juez

El activista y ex funcionario del kirchnerismo, Luis D’Elía, criticó a la Justicia por investigar las actividades de un hotel de la presidente Cristina Fernández y pidió “simbólicamente” dejar “clavada en una pica la cabeza de Bonadio en la vereda de Comodoro Py”.

En su ataque al juez que investiga el caso, D’Elía los calificó a algunos magistrados como “mafia” y de buscar un supuesto “golpe destituyente”, lo que generó el repudio de legisladores y jueces.

“Destitución ya” apuntó el ex legislador. Pidió por Twitter “no al golpe de la mafia judicial” y vinculó a los magistrados que llevan adelante la causa con candidatos a presidente al escribir; ‘Bonadio (Massa) y Stornelli (Macri y funcionario de Scioli). Están detrás de esta operación judicial-mediática”.

D’Elía consideró también que “los buitres de adentro y afuera como no pueden ganarle una elección” a la presidente “argentina juegan la última carta. Destitución vía la mafia judicial”.

“Ésta es una causa especialmente sensible para el gobierno; ya no es Boudou sino que hoy es la propia presidente la que estaría siendo investigada”, dijo Margarita Stolbizer. Foto: Archivo El Litoral

El dato

Impunidad

Gabriela Michetti aseguró que “todo lo que pueda poner en jaque a un funcionario” sospechado de corrupción “es visto desde el gobierno como una acción a la que hay que frenar” e insistió en que el Ejecutivo nacional “busca garantizar impunidad”. Más allá de la denuncia por “sedición” y otros siete senadores que anunciaron que no convalidarán a un nuevo juez de la Corte promovido por Cristina, planteó que el gobierno ve la investigación del juez Bonadío como “una acción a la que hay que frenar”.

" Hay una decidida injerencia en la actividad de los jueces que está expresamente prohibida por la Constitución”.

Luis María Cabral

Juez de Casación Penal