editorial

• Nunca en la historia argentina, el Estado se quedó con proporciones tan elevadas de los ingresos de los habitantes del país.

La presión impositiva se torna asfixiante

Como viene sucediendo cada vez que se acerca el final del año, el reclamo por los abusivos niveles en el cobro del Impuesto a las Ganancias se extiende en todos los sectores vinculados con el trabajo del país. Incluso, entre los gremios afines al gobierno.

Puede que la discusión de fondo radique en determinar si realmente corresponde que un asalariado se vea afectado por este tipo de gravámenes. Sin embargo, aun en el caso de que se arribe a la conclusión de que se trata de un impuesto justo, el problema puntual se plantea en el hecho de que el gobierno se niega a elevar el mínimo imponible a la par de los crecientes y asfixiantes niveles inflacionarios que el país sufre desde hace años.

De esta manera, el Estado nacional se asegura un aumento constante en los niveles de recaudación pues, con cada incremento de salarios, nuevos sectores laborales se suman a quienes deben tributar el gravamen; y los que ya tributan, pagan mayores alícuotas. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, en el presente año, las subas de salarios estuvieron por debajo de una inflación que osciló entre el 35 y el 40 por ciento.

No es casual que los reclamos se profundicen en esta época, cuando millones de empleados en todo el país se preparan para cobrar el medio aguinaldo y saben que se acrecientan las posibilidades de verse afectados por este impuesto que, a todas luces, genera un recorte de ingresos particulares en favor de las arcas estatales.

Una situación similar se plantea, por ejemplo, con quienes se encuentran abarcados por el régimen de monotributo. En este caso, las actualizaciones en los niveles de facturación para determinar a qué categoría pertenece el contribuyente tampoco acompañan el ritmo de la inflación.

Según un estudio reciente, difundido por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), perteneciente a la Fundación Mediterránea, en algunos casos el Estado llega a quedarse hasta con un 50 por ciento de los recursos que destinan las empresas para pagar a sus trabajadores.

El organismo plantea además que, para el caso de un sueldo promedio de 10.500 pesos mensuales -no alcanzado por el Impuesto a las Ganancias-, sólo llegan al bolsillo del trabajador 63 de cada 100 pesos. El resto termina en manos del Estado.

Una situación particularmente distorsiva se plantea con los trabajadores solteros que actualmente obtienen ingresos brutos que duplican el salario promedio. En ese caso, el 10 por ciento de dicho salario se destina a pagar Ganancias, cuando en 2006 el impuesto representaba un 5,3 por ciento de los ingresos y, en 1998, apenas un 0,8 por ciento.

Cuando en los noventa se discutían distintos proyectos de reformas laborales, la crítica apuntaba a que los mismos beneficiaban a los intereses empresarios, por sobre la necesidad de los asalariados. Hoy, en cambio, la situación ha cambiado: tanto empleados, como empresas, se ven asfixiados por una presión impositiva que sólo termina engrosando las arcas del Estado.

Mientras tanto, el gobierno no adopta ningún tipo de medida de fondo para frenar la inflación que termina siendo el verdadero motivo por el que hacen eclosión estos problemas. En definitiva, el proceso inflacionario que empobrece a la población parece resultar funcional a un gobierno obsesionado por incrementar sus recursos, centralizarlos y administrarlos de acuerdo con sus propios intereses.

El proceso inflacionario que empobrece a la población parece resultar funcional a un gobierno obsesionado por incrementar sus recursos.