El Poder Ejecutivo volvió a utilizar la facultad constitucional de promulgar en forma parcial la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos vetando dos artículos incorporados por el Poder Legislativo y que apuntaban a incorporar personal a su planta permanente. Las razones que fundamentan el veto son eminentemente de técnica presupuestaria, pero ofrecen lugar para hacer una lectura sobre la actual situación de planta en ambas cámaras legislativas y en la Defensoría del Pueblo, organismo que depende del Poder Legislativo.

Para introducir la cuestión, habrá que recordar que en mayo de 2001 el propio Poder Legislativo votó la Ley 11.887, que ahora se pretendió suspender hasta el 30 de noviembre del corriente año. Dicha norma aprobó un programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para el personal de las Cámaras. El artículo 3 dice: “Los cargos de los agentes de la planta permanente que hubieren obtenido cualquiera de los beneficios establecidos en esta ley quedarán suprimidos, como así también las partidas presupuestarias correspondientes a partir de la baja definitiva de aquellos. A partir de la presente no se efectuarán designaciones de personal en planta permanente. No se podrán compensar partidas destinadas al rubro personal, salvo las necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.

Esta situación hizo que muchos agentes se acogieran a esos beneficios. Después, el paso del tiempo hizo que otros, al llegar a la edad correspondiente tramitaran su jubilación, y también hubo varios muertos por razones estrictamente biológicas. La consecuencia es que hoy se observa en ambas Cámaras una preocupante carencia de personal en áreas específicas de la técnica legislativa, mientras parecen sobrar los contratos políticos de quienes acompañan a los legisladores, situación que ha demandado alquileres en toda la zona aledaña al Palacio Legislativo.

Comisiones clave de ambas Cámaras carecen hoy de personal técnico especializado, esenciales a la hora de definir la redacción de una ley, trámite en sí complejo en el ámbito legislativo. En los últimos años fueron demasiados los errores de técnica legislativa que se produjeron dentro de las propias cámaras o en el pase de expedientes entre una y otra; realidad que es observada y marcada por personal idóneo que todavía está en funciones.

Esta descripción apunta a visibilizar un problema del Poder Legislativo que merece una discusión profunda. Es que no puede funcionar de manera eficiente sin el correspondiente personal idóneo. Por eso hay que establecer la carrera de personal y el número necesario para llevarla adelante. La norma de 2001 sirvió para romper la inercia propia de cada final de mandato donde se pasaba a planta al personal temporario. Algo similar pretendió hacer la actual Legislatura con la incorporación de dos artículos, vetados ahora por el Poder Ejecutivo. En los pasillos legislativos la incorporación le ponía nombre y apellido a cada una de las vacantes.

La Legislatura requiere de personal técnico, idóneo y capacitado que haga la carrera dentro de las Cámaras y cumpla la función de encuadrar legal y técnicamente los deseos de la política. El legislador debe recordar que al terminar su mandato, se termina el contrato de sus colaboradores y no caer en viejas mañas que parecían haber desaparecido en esta provincia.

El Poder Legislativo requiere de personal idóneo y capacitado, y los asesores deben retirarse cuando termina el mandato del legislador con el cual llegaron.