editorial

• Jorge Capitanich pasará a la historia por sus respuestas rayanas con el ridículo y por sus actitudes antidemocráticas.

Lo peor del gobierno quedó a la vista

Dicen que del ridículo no se vuelve. Una frase que bien puede caberle al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a partir del acto teatral del pasado lunes cuando rompió en conferencia de prensa dos páginas del diario Clarín, aduciendo que se trataba de “mentira y basura”.

Uno de los artículos destruidos ante las cámaras era un comentario de opinión. El otro, revelaba que en el departamento del fallecido fiscal Alberto Nisman los investigadores habían hallado un borrador en el que se pedía la detención de la presidente Cristina Kirchner.

Casi al mismo tiempo en que Capitanich incurría en esa actuación para la tribuna; bochornosa, intolerante y antidemocrática, la fiscal Viviana Fein reconocía que, efectivamente, los periodistas de Clarín habían informado la verdad.

En la Argentina, la capacidad de asombro es vapuleada a diario. Sin embargo, para el resto del mundo libre la actitud de Capitanich resulta temeraria e incomprensible.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se emitió un comunicado en el que se habla de un “acto intimidatorio del gobierno de Argentina”.

“Es una desgracia que la presidente y sus más directos colaboradores caigan en la detestable práctica que desarrolla con frecuencia y entusiasmo el presidente Rafael Correa, de Ecuador, uno de los peores depredadores de la libertad de expresión en las Américas”, agregó la entidad.

La SIP describió lo sucedido como “un acto de sarcasmo público, ya que los discursos belicosos y de confrontación suelen incentivar a los violentos”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también reaccionó frente a la situación, condenando “una práctica que busca ahogar el disenso” y refiriéndose a la actitud de Capitanich como “un nuevo giro a la política de confrontación comunicacional planteada desde el gobierno de Cristina Fernández”.

Finalmente, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó que “desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, el país entró en una crisis política que exige de todos los protagonistas la mayor prudencia y mesura. Las autoridades políticas, en primer lugar, como responsables institucionales, deberían ser las que extremen el cuidado para evitar males mayores”. Es evidente que la situación planteada por la denuncia del fiscal Nisman y su posterior fallecimiento ha dejado a la vista lo peor de este gobierno.

En primer lugar, porque las conversaciones telefónicas que se hicieron públicas revelaron la efectiva participación de personajes oscuros en la política exterior del país, vanagloriándose de haber impulsado un manto protector sobre los probables autores del mayor atentado terrorista de la historia argentina.

Pero eso no es todo. Además, resultan evidentes los intentos del gobierno por presentarse ante la sociedad como víctima de la situación cuando, en realidad, Cristina Fernández y sus funcionarios ocupaban para Nisman el lugar de los acusados.

En este escenario de intolerancia y decadencia institucional, la presidente de la Nación acaba de advertir por cadena nacional que continuará dando sus veredictos sobre la causa de la muerte del fiscal, entrometiéndose con total desparpajo e irresponsabilidad en el delicado ámbito de competencia de otro Poder.

A estas alturas, sólo resta esperar que el próximo gobierno -cualquiera sea su color político- no repita estas conductas que han demolido buena parte del andamiaje institucional del país y ofendido la inteligencia de los argentinos.

Por el bien del país. Por el bien de la República. Por el bien de todos.

Resultan evidentes los intentos del gobierno por presentarse ante la sociedad como víctima.