Juez amenazado y empresario citado
De Alto Calafate a Lázaro Báez
El juez federal Claudio Bonadío, que investiga irregularidades en el manejo de Alto Calafate -propiedad de la familia Kirchner- recibió una amenaza de muerte el jueves pasado en su despacho del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, pero no se enteró sino hasta el día siguiente, cuando formuló la denuncia.
La causa quedó radicada en el despacho de Norberto Oyarbide, caratulada como “averiguación de delito”. Bonadío analiza si hubo lavado de dinero por parte de Hotesur, la administradora de Alto Calafate.
La Cámara Federal le ordenó a Bonadío que permita el acceso al expediente a los abogados de Hotesur, quienes representan a Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández.
La causa Hotesur se inició por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer por falta de entrega de balances por parte de la compañía. En noviembre pasado, el juez Bonadío allanó la sede jurídica de Hotesur que estaba vacía, mientras que solicitó una serie de informes de la empresa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Por otra parte la Cámara Federal dictaminó que “resulta impostergable escuchar en indagatoria a Lázaro Antonio Báez” y otros imputados en la causa en la que el empresario kirchnerista está acusado por presunto lavado de dinero.
La Sala II de la Cámara confirmó una resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a dos imputados. Pero le reclamó directamente al juez la indagatoria de Báez para que explique su vinculación con la compra de unos campos en la provincia de Mendoza que concretó en 2010 a través del asesor financiero Leonardo Fariña, hoy detenido.
