editorial

• Recaen denuncias de índole diversa sobre el 5 por ciento de los policías de nuestra provincia.

Policías investigados

La tarea no será sencilla. Desde que el gobierno provincial puso en práctica una serie de medidas tendientes a mejorar los mecanismos de control sobre el accionar de la policía, las noticias vinculadas con hechos de corrupción dentro de la fuerza no han dejado de reiterarse. Tanto es así que la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad acaba de informar que, en estos momentos, más de mil uniformados están siendo investigados.

El número sorprende. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Policía de la provincia se encuentra integrada por alrededor de 22 mil efectivos, la cifra pierde volumen, ya que las sospechas y denuncias involucran al 5 por ciento de los miembros de la fuerza.

Existen denuncias de todo tipo. Desde algunos casos graves, relacionados con delitos complejos -como el narcotráfico o la trata de personas-, hasta cuestiones absolutamente menores, como algunas quejas respecto de la atención brindada por algún policía en una comisaría.

El sorprendente crecimiento del número de denuncias tiene explicaciones diversas. La primera, claro está, es que efectivamente existen problemas, errores y bolsones de corrupción dentro de la institución. Pero eso no es todo. Además, incide notablemente el hecho de que existan nuevos mecanismos a disposición de la sociedad, para facilitar las denuncias. Entre ellos, el funcionamiento de una línea telefónica gratuita.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que, en poco tiempo, habrá patrullas compuestas por miembros de la Dirección de Asuntos Internos recorriendo las calles de las ciudades de Santa Fe y Rosario -sobre todo en horarios nocturnos- para controlar que los integrantes de la fuerza cumplan con ajuste a las normas las misiones que les son asignadas.

La puesta en vigencia en la provincia del nuevo Código Procesal Penal también contribuyó a acelerar los procesos de investigación en casos en los que se supone la comisión de delitos. Según un informe de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, al que tuvo acceso El Litoral, entre el 12 de febrero y el 10 de diciembre de 2014 se elevaron a las fiscalías provinciales 358 denuncias, mientras que 84 se encuentran en proceso de investigación administrativa.

Es cierto que la corrupción se ha transformado en la Argentina en un verdadero problema estructural, del que las fuerzas policiales no pueden quedar al margen. Sin embargo, no puede ser éste un argumento que avale la degradación de organismos de seguridad concebidos para velar por el cumplimiento de las leyes.

Un caso particular acaba de producirse en el Servicio Penitenciario de la Provincia. Todo indica que algunas aspirantes a ocupar un puesto dentro de la fuerza hicieron trampa en las pruebas de ingreso, ya que hicieron circular copias de las evaluaciones a través de Whatsapp.

Frente a esta situación, las ingresantes al Servicio Penitenciario que fueron seleccionadas como resultado de una convocatoria especial para incorporar personal femenino, deberán rehacer uno de los exámenes luego de que se descubriera un fraude.

El hecho de haber violado las normas en los exámenes de ingreso representa un antecedente inaceptable para aspirantes a integrar la planta de agentes del Servicio Penitenciario, quienes deben velar por el orden dentro de las cárceles de la provincia. Allí, son permanentes las posibilidades de incurrir en hechos de corrupción.

La confianza, en definitiva, representa un factor clave en cualquier persona que aspire a convertirse en servidor público. Mucho más, si se trata de integrantes de organismos de seguridad.

Habrá patrullas compuestas por miembros de la Dirección de Asuntos Internos recorriendo las calles de las ciudades de Santa Fe y Rosario.