Rosario

Nuevos indicios complican a policías en el caso Casco

  • Gabriel Ganón, defensor General de la provincia, señaló que una nueva autopsia refuerza la hipótesis de un crimen, en el que habría uniformados involucrados.

Télam

El defensor General de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, dijo hoy que una nueva autopsia al cuerpo de Franco Casco, cuyo cadáver fue encontrado en octubre en el río Paraná, descarta que el joven haya muerto ahogado y refuerza la pista de que lo asesinó la Policía.

“Esta pericia refuerza la hipótesis que sostuvo siempre la familia (de la víctima): que a Franco lo torturó y lo mató la Policía, y luego lo tiró al río para ocultarlo”, indicó a Télam el defensor luego de recibir el informe de los últimos estudios realizados por la cátedra de Biología Marina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según Gañón, esta nueva autopsia reveló que las muestras analizadas no presentaban las algas que siempre se encuentran en “la sangre, pulmones o materia orgánica al ingerir agua del río Paraná”.

“Puede haber muerto ahogado en un fuentón, en un balde, en un submarino húmedo o ahorcado, eso no lo sabemos”, señaló el defensor que también se refirió a los dichos del secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe, Ignacio del Vecchio, quien, mientras se buscaba el cuerpo de Franco, dijo que el joven había sido visto con vida.

“No fue una casualidad, como en su momento dijo Del Vecchio, porque apareció el cuerpo en el río mientras decían que estaba vivo. Decían que fue filmado en las calles de Rosario luego de ser liberado por la Policía; esto refuerza la hipótesis de que nunca fue liberado”, opinó Ganón.

Franco Casco (20), oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a Rosario a principios de octubre pasado para visitar a una tía que vive en el barrio Ludueña y el 6 de ese mes fue detenido en la comisaría 7ª de la ciudad cuando salió a tomar el tren para regresar a su casa.

Tras un operativo de búsqueda, el cuerpo del joven fue encontrado el 30 de octubre flotando en el río Paraná.

La causa quedó a cargo del juez federal Carlos Vera Barros, mientras que la Defensoría General de la Nación se constituyó como querellante.