Entrevista a José I. Mendoza, experto en temas jurídicos

La educación, sus antinomias y lo jurídico como el compás de ajuste

El especialista sostiene que es necesario un sistema normativo que organice las relaciones cotidianas de todos los actores involucrados en la escuela, hasta los padres. Y que la educación debe ser un espacio para generar hábitos de vida.

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Libro. Mendoza presentó su obra publicada por UCSF. Es un aporte para entender la importancia de lo jurídico en la estructura organizacional de todo el sistema educativo. Foto: Mauricio Garín

 

Luciano Andreychuk

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Por lo general, al hablar de educación se pone mucho el acento en su aspecto pedagógico. Pero el continente jurídico queda marginado. Y no es posible pensar la educación sin una normativa que organice las relaciones y los procedimientos dentro de las escuelas. Lo jurídico es ese complejo plexo de normas que regulan la institucionalidad escolar, y sobre el que se asienta toda la estructura de un sistema educativo.

“Hay una gran complejidad de intereses y necesidades que a veces se viven como antinómicas: los padres contra el docente, el docente contra el director, la escuela contra el ministerio, etc. Esto es reduccionista, porque pareciera que hace del derecho un impedimento, cuando en realidad la cuestión jurídica tiene como objeto hacer posible la organización escolar”, explica a El Litoral el Dr. José Ignacio Mendoza, experto en derecho de la educación.

Mendoza es docente de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación de la provincia. Recientemente, presentó un libro, publicado por esa casa de estudios: “El derecho para la educación y la educación para el derecho: apuntes para un trabajo compartido”. Su obra es una herramienta para entender las claves de cuán necesario es el espacio jurídico para la escuela.

“Si no diseñamos un sistema normativo bien organizado donde cada ‘operador’ educativo, sean los padres y docentes hasta los directores y supervisores, lo conozcan, lo comprendan y lo sepan aplicar en la realidad diaria de las escuelas, no podremos hacer que la educación realice su objetivo”, dice Mendoza.

Y admitió notar “un déficit en la formación docente” respecto de los marcos jurídicos -leyes, decretos, disposiciones, etc- para la educación. Esto limita la resolución en la práctica de los problemas cotidianos de la escuela. “Todo está muy focalizado en la cuestión pedagógica. El conocimiento y aplicación de la cuestión reglamentaria e instrumental que da el derecho todavía tiene un camino por recorrer”.

Conflictividad escolar

—¿Cómo evalúa la adaptación en Santa Fe de los principios de la Ley de Educación Nacional? ¿La reforma curricular del secundario, la Educación Sexual Integral, ahora la reforma del nivel terciario?

—La provincia creo que está abriendo espacios para poder dialogar. Pienso en los talleres de producción pedagógica, en los de Escuela Abierta, etc. Se están generando en las escuelas aperturas para poder debatir lo importante, lo sustantivo del acto educativo.

También hubo un avance con la incorporación de los regímenes de evaluación de primaria y secundaria de los programas de convivencia. Los alumnos deben construir las condiciones bajo las cuales van a resolver sus conflictos. Es darles la palabra a ellos para que construyan soluciones. Antes, las soluciones eran punitorias o verticalistas. Eso se viene cambiando. Al alumno que hace un daño en la escuela, no se lo castiga sino que se lo hace responsable de lo que hizo, y se trata de que esto sea algo que lo eduque.

—Pero si bien desde la política educativa se han implementado acciones para la no violencia (como las Rondas de Palabras en el primario o las Ruedas de Convivencia en el secundario), la conflictividad en la escuela sigue latente, es tema de todos los días...

—Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es ir detrás de los resultados. Tanto las instituciones educativas como la misma sociedad, que a veces se ubica afuera de la escuela, va siempre detrás un resultado y no valora el proceso. Y la educación es un proceso. Porque es un espacio para generar hábitos de vida.

La escuela puede y debe contribuir a generar valores y buenos hábitos y condiciones de relaciones para que la violencia no sea la manera de solucionar los problemas. Pero no es un despacho público o un destacamento que va a solucionar el tema de la violencia y la conflictividad. Insisto: no hay que caer en ese atajo reduccionista de correr tras los resultados cuantificados. Hay que darle a los procesos el valor que tienen.

Lo que ocurre en la sociedad repercute en la escuela y viceversa. Esto exige una intervención del Estado a través de la normativa, para dar respuestas concretas. Y es una construcción colectiva: se debe integrar a la familia y a los padres para definir qué escuela y qué docentes queremos.

 

Educación superior

—¿Cómo observa el marco jurídico actual del sistema de educación universitaria?

—Pensemos en lo que ha despertado el proceso de acreditación de carreras. Esto generó desde la Coneau y de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria una estandarización de las carreras de riesgo social (que tiene trascendencia en la sociedad, como las relacionadas a salud, ingenierías, etc.). Esto impacta en el concepto de autonomía universitaria, y eso es lo que hay que reubicar en el contexto de la educación superior, sobre todo a los profesores y profesionales de cara a su relación con el saber y con el mundo.

Por otro lado, las universidades tienen que articularse más con la escuela media. Si no terminamos hablando de vocación en el 5to. año del secundario, en el segundo semestre y después de una feria de carreras. Así los chicos no saben qué carrera seguir.

Hay que discutir además qué profesor queremos para la educación universitaria, y las exigencias profesionales. Y los colegios profesionales también tienen que estar hoy sentados a la mesa de la educación superior universitaria.