En el norte santafesino

Procesaron a doce miembros de una red de narcomenudeo

  • La medida adoptada por el juez federal Aldo Alurralde alcanza a personas de Villa Ocampo, Florencia, Las Toscas, San Antonio de Obligado y Reconquista. El magistrado destacó el “amplio poder logístico de distribución e inserción en distintas ciudades del territorio provincial”.
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Para la Justicia, quedó acreditado que el jefe operaba desde la Alcaidía de Vera donde estaba preso por otra causa.

Foto: Archivo El Litoral

 

Juliano Salierno

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El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, procesó el lunes pasado a doce miembros de una red de narcomenudeo que operaba en el norte provincial. La mayoría de los imputados se encuentran privada de la libertad desde el 7 de mayo, día en que se realizaron múltiples allanamientos en las ciudades de Florencia, Las Toscas, Villa Ocampo, San Antonio de Obligado y Reconquista.

“La prevención trabajó bajo la hipótesis, luego ampliamente corroborada, de una red de narcomenudeo, es decir, que estaríamos ante un tejido de personas vinculadas entre sí, de modo organizado y dedicado al tráfico de estupefacientes con fines de comercialización”, expresó el juez Alurralde en los considerandos del fallo. El magistrado destacó que si bien no contaban “con grandes cantidades de estupefacientes en stock”, sí tenían “un amplio poder logístico de distribución e inserción en distintas ciudades del territorio provincial -también con vínculos en provincias vecinas- y por ende en los barrios de ciudades y localidades de nuestro medio; teniendo como destinatarios consumidores finales”.

Denuncias anónimas

La investigación comenzó a partir de una denuncia ante la fiscalía federal de Reconquista, en la que se informaba de la venta de droga en el barrio América de la misma ciudad. Luego una llamada telefónica anónima daba cuenta que frente al “hogar Doña Pina” -barrio 314 Viviendas- había un grupo de personas vendiendo estupefacientes.

A partir de entonces se dispusieron medidas investigativas -muestras fotográficas y fílmicas, seguimientos e intervenciones telefónicas- producto de las cuales “se pudo conectar a distintas personas vinculadas por separado a diferentes causas judiciales por venta de droga por lo que se decidió acumularlas” en una sola.

Se detectó que la droga se distribuía en moto bajo la modalidad de “delibery”, con pedidos y entregas telefónicas; y que el cabecilla operaba desde una celda de la Alcaidía de la Unidad Regional XIX, en el departamento Vera, con ramificaciones en distintas localidades del norte.

El distribuidor

El más importante en esta trama sería Cristian Carlos Leiva alias “Cachi”, de 33 años, el cual se encontraba tras las rejas al momento de ordenados los allanamientos. El 8 de mayo último se allanó el pabellón donde se encontraba detenido, y en el interior de un agujero del techo, precisamente sobre su cama, fue hallado un teléfono celular. Y producto de las sucesivas escuchas surgió que Leiva “distribuía (...) el material estupefaciente que le fuera secuestrado a sus consortes de causa”.

“Se pudo determinar que Leiva mantenía comunicaciones frecuentes desde su lugar de detención con quien sería uno de sus ‘nexos’ con el exterior del pabellón”, lugar desde el cual “chequeaba el negocio de estupefacientes”.

Para los investigadores, quedó acreditado que el proveedor suministraba pequeñas cantidades -1/4 kilos- “a cada uno de los denominados ‘puntas’ que son sus distribuidores y además los ‘renueva’ como un verdadero distribuidor mercantil de la sustancia ilícita”.

“A juzgar por la soltura con la que Leiva hablaba, enviaba y recibía mensajes, (...) interpreto que quizás pensó que estaría fuera de toda investigación por encontrarse detenido y procesado”, dedujo el juez Alurralde que le atribuyó la autoría del delito de “distribución de estupefacientes”, previsto en el artículo 5, inciso C de la Ley Nº 23.737.

Vendedores barriales

Los otros once detenidos quedaron procesados como autores probables del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Durante los allanamientos quedaron detenidos en Reconquista: Gabriel Vicente Domingo Gómez, alias “Pipi” (26); Rodrigo Nahuel “Chinito” Ortíz (24); y Maximiliano Gabino Machado (25). Alberto Carlos Alcorce, conocido como “Pandu”, de 40 años, fue arrestado en Las Toscas; Horacio Javier Guezalaga, alias “Gueso” (37) cayó en Florencia; Sergio Sebastián “Checho” Wirth (32) en San Antonio de Obligado; y Abelardo Aníbal Osper (53) en Villa Ocampo.

Un día antes del megaoperativo -6 de mayo- cayeron Marcos Matías Obregón (29), alias “Cabezón”, y Adrián Ezequiel Molinari, alias “Chavo” (19). Los dos circulaban en moto por un camino de tierra en Villa Ocampo, cuando intentaron eludir un control de la policía de tránsito. Por otra parte, se presentaron voluntariamente los mellizos Insaurralde (Alexis Ariel, alias “Pelo”, y Alejandro Adelquis, alias “Lula” de 23 años).

En total, se les secuestró unos 15 kilos de marihuana, entre otros elementos de interés para la causa. También se incautaron algunas dosis de cocaína, balanzas, sustancias de corte y estiramiento, entre otras.

El dato

Choque y descarte

Un día antes de los allanamientos masivos -6 de mayo- personal de la comisaría Cuarta de Villa Ocampo que realizaba un operativo vehicular detuvo a dos motociclistas que sorprendidos por el control aceleraron bruscamente y se descartaron de un paquete con 900 gramos de marihuana. Se trata de Marcos Obregón y Chavo Molinari. Producto de las escuchas telefónicas se estableció que Obregón “tenía una relación directa e inmediata con Guezalaga; aunque también con Pandu Alcorce y sobre todo con Osper que es quien recibía la mercadería que proviene de ‘la playa’ y luego la distribuiría en el norte del departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe”.

La clave

Contactos.

“La organización formada por todos los aquí investigados estaba alertada de posibles acciones investigativas y por ellos (entre otras acciones) cambiaban permanentemente de teléfono de contacto”, destacó el juez de la causa. Producto de los allanamientos, a cada uno de los imputados se le secuestró más de dos aparatos de telefonía, chips y tarjetas varias.