La crisis de Guatemala

Por Óscar Oliva

(EFE)

Todavía persisten las repercusiones de la marcha de sectores “sin bandera política” que el jueves pedía la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y que sea sometido a la Justicia por su supuesta implicancia en un sonado caso de corrupción.

“¡Presidente, renuncie ya!”, gritaba la multitud frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde funcionan el Ministerio de la Cultura y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que permanecen cerrados.

El Congreso tiene en sus manos la decisión de despojar de la inmunidad a Pérez Molina para que sea investigado por su supuesta implicación en una red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”, un caso por el cual está presa y a la espera de saber si será enjuiciada la ex vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aseguraron que el mandatario lideraba, junto a Baldetti, la red de corrupción aduanera, que desfalcó millones de dólares al Estado según las investigaciones.

A la presión a la que es sometido Pérez Molina para que deje el cargo, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones generales, se han sumado la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Ambos organismos han pedido la dimisión del presidente, cuyo mandato de cuatro años termina el 14 de enero próximo por orden constitucional, para evitar la “ingobernabilidad”.

Además, la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras pidió a sus miembros dar facilidades para apoyar la manifestación contra la corrupción; manifestación en la que participaron alrededor de 30.000 personas, más de un centenar de empresas suspendieron labores y también en unos 500 establecimientos escolares no hubo clases.