Editorial

• Lo sucedido en los comicios tucumanos representa una buena oportunidad para modificar un sistema electoral arcaico.

La lección de Tucumán

De manera inesperada, los vicios políticos que quedaron descarnadamente al desnudo en Tucumán pueden convertirse en una suerte de bisagra en materia electoral en el país, ya que desde gran parte de la sociedad tomó fuerza el reclamo de cambios. Sin embargo, nadie debería sorprenderse demasiado frente a este tipo de prácticas que históricamente fueron utilizadas en ésta y en otras provincia argentinas.

El problema, en este caso, es que las irregularidades no sólo despertaron la lógica reacción de los partidos opositores sino que, además, provocaron un fuerte impacto negativo en la campaña electoral del kirchnerista Daniel Scioli, un candidato que durante las últimas semanas viene enfrentando una serie de cimbronazos.

Paradójicamente, los principales inconvenientes para Scioli no provienen desde la oposición, sino que se producen por problema de su propio sector político. El primer sacudón se dio a raíz de su inoportuno viaje a Italia, mientras gran parte de su provincia se encontraba bajo el agua. Ahora, es el kirchnerismo tucumano el que se ha convertido en una nueva piedra en su camino hacia la Casa Rosada.

El gobierno no puede permitirse que un nuevo “caso Tucumán” se produzca antes de las presidenciales de octubre. Y en el horizonte aparecen, nada menos, que las elecciones en la provincia del Chaco, otro lugar donde las prácticas clientelistas y el culto al personalismo de los gobernantes son moneda corriente.

Por ese motivo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, planteó la posibilidad de convocar a veedores nacionales e internacionales, además de las fuerzas de seguridad federales, a fin de garantizar la “transparencia absoluta” de las elecciones provinciales del próximo 20 de septiembre.

Capitanich en particular y el kirchnerismo en general hacen bien en estar preocupados. Es que la degradación de la cultura política en estas provincias es tan profunda, que evitar este tipo de prácticas a esta altura de las circunstancias no resulta tarea fácil.

Frente a este contexto, distintos dirigentes opositores a nivel nacional vienen reclamando un cambio urgente en el régimen electoral nacional. Sostienen que, antes de las elecciones de octubre, es posible instaurar el sistema de la boleta única o del voto electrónico.

Sin embargo, no parece una postura sensata. En primer lugar, porque apenas restan unas cuantas semanas para los comicios. Y, además, nunca es bueno debatir sobre cuestiones tan sensibles en medio de una campaña política.

En este sentido, desde la Red Ser Fiscal, una ONG que viene reclamando desde hace tiempo por mayor transparencia en el régimen electoral argentino, proponen la aplicación de lo que denominan “boleta única complementaria”.

La idea es sencilla: en aquellos casos en los que un ciudadano no puede votar por el candidato de su preferencia porque no encuentra la boleta correspondiente en el cuarto oscuro, tiene la posibilidad de solicitar una boleta única a las autoridades de mesa. Ese voto se consideraría válido y se terminaría con el robo de boletas, tan común en la Argentina.

Desde la Cámara Nacional Electoral trascendió la decisión de trabajar en un proyecto de ley que implique una reforma profunda en el sistema, para que sea discutido antes de fin de año en el Congreso de la Nación.

Se trata de una buena oportunidad. Al menos, para establecer modificaciones formales a un régimen electoral arcaico. De cualquier manera, instaurar verdaderos cambios culturales demandará más tiempo y esfuerzo.

Desde la Cámara Nacional Electoral trascendió la decisión de trabajar en un proyecto de ley que implique una reforma profunda en el sistema.