Tribuna de opinión
Los funcionarios competentes ayudan a prevenir la corrupción
Multidisciplinariedad y cooperación son imprescindibles para afrontar los graves problemas policiales, sociales, sanitarios y urbanísticos que nos afligen. Foto: Archivo El Litoral
Dr. Alfredo Morelli
El Litoral se hace eco en su página “Op-ed” del tiempo de cambio de autoridades, cuando se discute el reparto de cargos. Espero que se haga en función de la necesidad de la cooperación política, pero también en función de la idoneidad de los candidatos a funcionarios que se elijan. También es momento para revisar las aproximaciones a los problemas más graves que nos afectan.
La idoneidad está directamente vinculada con las posibilidades de corrupción. El primer síntoma de corrupción es nombrar en cargos públicos a funcionarios incompetentes. La incompetencia que ha caracterizado a la última década de gobierno nacional tiene su corolario en la corrupción generalizada. Si los funcionarios son competentes hay menos probabilidades de que sean corruptos. Tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la de las Naciones Unidas subrayan como fundamental la formación e idoneidad de los funcionarios públicos como forma de prevenir la corrupción.
La aproximación es multidisciplinaria, no es sólo tarea de la Policía sino de Acción Social, Urbanismo y Vivienda, Salud, Educación, Seguridad y de la Sociedad Civil a través de las diversas ONGs que logran a veces mejor capilaridad en la sociedad que las propias autoridades.
La Universidad Torcuato Di Tella se ocupa del mismo tema a través del Licip instituto que interactúa no sólo con el BID sino también con otras instituciones a nivel mundial. Cuenta con investigadores y especialistas y un acervo de publicaciones sobre políticas y su efectividad. Todos los meses publican un Índice de Victimización en cuarenta centros urbanos de la Argentina. En ese ámbito se trata de responder a cuestiones como la geografía del crimen, el aumento del crimen violento y la relación entre la escolaridad y la violencia, entre tantos otros temas relevantes.
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) debería contener un Instituto de Seguridad Ciudadana que nos permitiera entender adecuadamente el problema de la violencia y el delito en la ciudad y en la provincia con una continuidad indispensable para aprender de la experiencia colectiva. Y que además tienda a la formación continua de recursos humanos para las distintas instituciones que se ocupan del problema de la violencia y el crimen, cada una con sus matices. Asimismo, de qué forma la educación, el planeamiento urbano, la salud pública, la acción social, la seguridad pública y la sociedad civil pueden aportar a la solución de un problema tan preocupante.
Una aproximación interdisciplinaria hace más complicado aprovechar las tentaciones que el delito genera en los agentes del orden. Nuevos gobiernos pueden brindar también nuevos paradigmas de trabajo. La cuestión de la violencia y el delito constituye uno de los aspectos sociales que probablemente necesitarán de una nueva y más certera aproximación.
La Seguridad Ciudadana es una importante área del BID, en la que se estudia, analiza, y se hace el seguimiento de la implementación de las políticas de seguridad.
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