editorial

  • En la Legislatura, aseguran que hay acuerdo político para sancionar una ley antes de fin de año. El tema está en discusión hace seis años.

Para proteger a testigos y víctimas

La provincia de Santa Fe se encamina a dictar una ley para resguardar la integridad de testigos y víctimas en los procesos penales que se lleven adelante en todo el territorio. Después de muchos meses, diputados y senadores aseguran haber alcanzado un texto que contiene las aspiraciones de la mayoría de los legisladores pero también el visto bueno del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio Público de la Acusación. Precisamente, son los fiscales quienes vienen reclamando este instrumento para llevar tranquilidad a víctimas y a testigos, porque consideran que ayudará en las distintas investigaciones penales.

El tema se viene postergando desde hace seis años. Es que a fines de 2008, el Poder Ejecutivo presentó a la Legislatura cinco proyectos para poner en marcha el nuevo sistema penal, entre los cuales estaban las ahora leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, una norma para ordenar la transición y el destino de las causas que se abrieron hasta el 9 de febrero de 2014 y sobre el Colegio de Jueces. Otro fue el Programa de Protección de Testigos que nunca fue aprobado en la Legislatura. Con los años, hubo iniciativas de legisladores que tampoco llegaron a ser sancionadas; y en este momento, con el sistema funcionando a pleno, la necesidad se manifiesta imperiosa.

El año pasado, el Senado dio media sanción a una iniciativa que llevaba la firma del representante del departamento La Capital, Hugo Marcucci, mientras que Diputados avanzaba con otra del kirchnerista Leandro Busatto. El dato político es que ya existe acuerdo entre ambos sobre los alcances del texto. Ese entendimiento quedó plasmado en una reunión de la que participaron las máximas autoridades de cada Cámara y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis. Ahora sólo resta la aprobación parlamentaria que se concretaría en octubre.

Hoy, en la provincia, funcionan distintos programas de forma separada: el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad que se tramitan en el fuero federal, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos; el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Víctimas vulnerables asistidas por los Centros de Asistencia Judicial, de aplicación para las personas que reciben asistencia y asesoramiento en dichos centros, que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y finalmente, el Programa de Protección de Testigos correspondiente al Ministerio de Seguridad.

De todas maneras, la provincia necesita un cuerpo normativo, sistemático y ordenado que regule la situación de víctimas, testigos, querellantes, imputados e, incluso, autoridades judiciales. Las personas que se animan a testificar en procesos judiciales de importancia, deben ser protegidas por el Estado. Y ésta es la base del entendimiento.

A diferencia de lo normado en otras provincias, el Programa alcanzará a testigos pero también a víctimas y tendrá como agregado un Fondo de Recompensas que podría ayudar al esclarecimiento de ilícitos.

De cumplirse en las próximas semanas el acuerdo y sancionarse la ley, se habrá dado un paso importante para ayudar al sistema penal, y el acuerdo político permitirá disimular la demora en la sanción que tal vez hubiera permitido avanzar en muchas causas penales y también evitar algunas represalias padecidas por testigos.

El Estado debe proteger a las personas que se animan a testificar en procesos judiciales penales.