La polémica en Rosario

Violencia y adicciones, sin salidas a la vista

El arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, dijo que “hay una carencia” de políticas para abordar el drama de las adicciones a los estupefacientes. La coordinadora de la Mesa de Adicciones de la provincia, Cristina Gentile, salió al cruce de los cuestionamientos que formuló la Iglesia.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

Las balas o el veneno. Dos salidas, dos escapes. Dos crueles finales. Adrián Mansilla fue atravesado por el plomo. Llegó a Rosario desde Chaco. Tenía 12 años y fue asesinado el 11 de junio pasado de tres disparos, uno de ellos en el ojo. Era soldadito de un búnker de Magallanes al 300 bis, en pleno barrio Ludueña, al oeste de Rosario.

La muerte encontró a Mansilla arriba del techo de un quiosco de droga, donde iba a pasar la noche, con un brasero para calentarse y un revólver 38 para defenderse de los ataques de grupos rivales. El pibe murió en el techo del búnker que había sido allanado en abril de 2013 cuando arribaron unos dos mil gendarmes a Rosario.

Los menores y jóvenes de 25 años son los que pueblan las estadísticas vinculadas a la violencia en Santa Fe. Y también las guardias de los hospitales, donde acuden intoxicados por el consumo de mezclas endiabladas entre alcohol, pastillas y combustibles. O esa cocaína barata y berreta que se viralizó en los barrios.

El caso de un chico de 12 años en Santa Fe, con síntomas de abstinencia a los estupefacientes, que fue internado en el Hospital de Niños por consumo de marihuana y pastillas, pinta un escenario desolador. “Reiteradas veces les pedí que me dieran un centro de adicciones donde llevarlo, pero nunca me solucionaron nada. Yo iba a golpear la puerta y pedir ayuda y la respuesta que más me dolió fue que ellos no podían hacer nada. Me presenté varias veces más porque P. volvía a la droga. Él necesitaba algo más y la respuesta siempre era que estaban trabajando en conjunto. ¿En conjunto de qué, si pasan los meses? O te dicen que le están haciendo un seguimiento, cuando en casi tres años fueron dos veces a mi casa”, contó ayer a El Litoral Camila, la madre del pibe, oriundo de Alto Verde.

Desde el Estado parece no haber reacción, según el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. La Iglesia salió a cuestionar que no hay herramientas de contención para evitar que los pibes caigan en el consumo de sustancias. Martín dijo que “hay una carencia” de políticas para abordar el drama de las adicciones a los estupefacientes. Y pidió a las autoridades que “pongan más empeño en abordar la problemática de las personas adictas”.

Sin contención

El titular del Arzobispado de Rosario salió a respaldar los dichos del encargado de la pastoral de Drogadependencia, Fabián Belay, quien en una entrevista al diario La Capital denunció que en Rosario “no hay redes de contención para las adicciones”.

El arzobispo de Rosario coincidió con el diagnóstico de Belay, y reclamó a las autoridades que “pongan más empeño en abordar la problemática de las personas adictas”.

“Hay una carencia muy importante. Es un pedido que hacemos a las autoridades. Es parte de esta contribución de la Iglesia para que se pueda poner más empeño en la problemática de las drogas‘, sostuvo el arzobispo.

Belay señaló que “en Rosario hace 25 años que no hay campañas de prevención de adicciones. Tenemos una naturalización del consumo y por otro lado un gran silencio con respecto a este tema. No se habla de políticas de tratamiento y tampoco de políticas públicas de prevención. Hay también un gran silencio en las currículas educativas”, indicó y remarcó: “No hay una red de contención para las adicciones. Cada institución, sea privada o pública, se maneja como puede”.

“La problemática de las adicciones está dentro de los barrios y los pibes que no acceden a instituciones para tratarse quedan fuera de los oficios y la escuela, y las redes institucionales no los absorben”, afirmó el sacerdote.

Oscar Lupori, docente de la Universidad de Rosario y responsable del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quien trabaja en el barrio 7 de Septiembre, o el Fisherton pobre, como se lo conoce a esa zona del oeste rosarino, desde hace más de tres décadas, dijo que “el narcotráfico tiene un engranaje muy aceitado en los barrios más pobres. Mucha gente vive de la droga. Los pasadores, los que hacen delivery, los soldaditos de los quioscos y los que venden a los grandes y los que mueren consumiendo, intoxicados”, explicó. Lupori explicó que “no es sólo el dinero; hay una narcocultura que se impuso y que nadie quiere ver”. “Aquellos que representan la ilegalidad, como la policía, son lo contrario, han pervertido aún más el territorio”, apuntó.

“Tenemos una política de abordaje de consumos”

La respuesta desde el gobierno provincial llegó de parte de la coordinadora de la Mesa de Adicciones de la provincia, Cristina Gentile, quien salió al cruce de los cuestionamientos que formuló la Iglesia sobre la falta de un plan de atención para personas con problemas de adicciones.

“Tenemos una política de abordaje de consumos. De hecho, del gabinete social nace una mesa intersectorial para el abordaje de consumos problemáticos. Ahí se concentran todos los ministerios para pensar cómo abordar estas situaciones tan complejas desde todos los lugares donde tienen que ser tratadas”.

La funcionaria sostuvo que los programas se bancan “con recursos con los que cuenta la provincia. Hay lugares para hacer asistencia. Tenemos centros de salud, centros de día. Hay lugares que trabajan el tema con los que se firmaron convenios, pero a veces nos cuesta mucho la articulación de todos estos recursos. En eso estamos trabajando”.