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El MPA y el CAJ pidieron su apartamiento

Rechazaron la recusación del juez Basualdo en el caso Díaz

De la Redacción de El Litoral

La Cámara de Apelación Penal de Vera rechazó ayer un recurso presentado por el Ministerio Público de la Acusación y el Centro de Asistencia Judicial para separar al juez Gonzalo Basualdo de la conducción de la investigación penal preparatoria que tiene como imputado a Manuel Alcides Díaz, por el abuso sexual reiterado de su hija de 15 años.

El escrito firmado por el camarista Carlos Andrés Corti resuelve “desestimar la recusación planteada por el MPA y la querella contra el juez de la IPP Gonzalo Basualdo por las razones expuestas en los considerandos”.

En tal sentido, para el magistrado, “el mantenimiento del planteo recusatorio (cuyo efecto no puede ser otro que la separación del mismo con efecto retroactivo para la medida que ya se realizó) carece ya cuanto menos de interés actual, y de congruencia, puesto que sólo guardaría alguna lógica si paralelamente se estuviera pretendiendo la nulidad de lo actuado, que justamente es lo que no quieren los recusantes”.

El conflicto de intereses entre las partes surge a partir de la audiencia del 16 de septiembre, el mismo día en que la víctima fue llevada bajo engaño a visitar a su padre y abusador, hasta su celda de la Alcaidía de Vera. Dicho encuentro tuvo múltiples consecuencias, tanto a nivel institucional como para la investigación penal.

Intervención y disponibilidades

Como primera medida la Fiscalía ordenó el traslado de Díaz desde la Alcaidía de Vera a la cárcel de Las Flores; pero además, se inició una investigación penal por las irregularidades atribuidas a los funcionarios públicos de la Unidad Regional XIX y para los abogados del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. También se determinó la intervención de la Alcaidía, actualmente a cargo del Servicio Penitenciario provincial; seis policías fueron pasados a disponibilidad y existe una investigación de Asuntos Internos por serias responsabilidades funcionales dentro del edificio de jefatura.

En el ámbito tribunalicio, los fiscales Leandro Benegas y Aldo Gerosa recusaron al juez Basualdo en la audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba celebrada ese 16 de septiembre, al considerar que “algunos actos dispuestos por el magistrado en el transcurso de la mañana -algunos de oficio- estarían indicando su conocimiento previo sobre la materia a decidir, fundándose sospecha sobre su pérdida de imparcialidad para decidir”, en clara referencia al pedido de la defensa pública para tomarle nueva declaración a la víctima.

Viejas prácticas

A lo solicitado por la Fiscalía adhirió el abogado Nicolás Vera, querellante por el Centro de Asistencia Judicial de la provincia. En tal sentido, el director provincial del CAJ, el Dr. Ricardo Lamas, sostuvo que “para la querella el juez actuó como un juez de Instrucción, porque tomó la iniciativa para investigar y ordenar medidas y esto es absolutamente contrario a la lógica del paradigma del nuevo sistema donde son las partes las que deben impulsar el proceso”.

Atento a lo sucedido “el juez Basualdo ordenó que a las 8 de la mañana -del 16 de septiembre- una asesora de Menores se dirigiera a la Alcaidía y que la víctima no se comunique con nadie”, hasta su declaración, cosa que efectivamente ocurrió.

No obstante sendos planteos del MPA y el CAJ, las dos instituciones bregaron por la validez de la declaración de la joven, que a pesar de las presiones familiares volvió a acusar a su padre, e incluso hizo un pormenorizado relato de lo sucedido puertas adentro de la Alcaidía.



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