editorial

• El fallo sobre el Consejo de la Magistratura viene a desarmar una pieza clave de la estrategia de impunidad diseñada por el kirchnerismo.

Desmontaje y recuperación

Con la declaración de inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura se ha reparado una flagrante contradicción a la letra y el espíritu de la norma fundamental, a la vez que se consolida el proceso de desarticulación del mecanismo dispuesto por el kirchnerismo para neutralizar o controlar a los tribunales.

En este caso en particular, se trata de volver al criterio básico constitucional del “equilibrio” de fuerzas entre los estamentos que componen el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. Tal la fórmula dispuesta por la Carta Magna en su artículo 114, al cabo de la convención reformadora de 1994, que optó por esa fórmula genérica y la derivación del tema al Congreso, al no poder llegar a un acuerdo en esa instancia sobre cómo debía integrarse efectivamente el cuerpo.

Fue una medida obligada, dada la falta de consenso, pero que tendría su costo. De hecho, más de tres años le llevó al Parlamento dictar la ley 24.937 que, en el marco de la regulación general del funcionamiento del Consejo, estableció cómo iba a estar integrado: cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro diputados (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda), cuatro senadores (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda), dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza también el cuerpo.

Así fue hasta 2006 cuando, a instancias de la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y con el argumento de “desburocratizar” y agilizar el funcionamiento del organismo, se dispuso una reducción de sus miembros de 20 a 13. Como efecto del nuevo organigrama, tanto los jueces como los académicos perdieron un representante; los abogados, dos; desaparecieron las segundas minorías de las Cámaras del Congreso y también dejó su lugar el presidente de la Corte. Por el contrario, el oficialismo retuvo sus cinco representantes y se convirtió no sólo en el único sector que conservó su número, sino que incrementó su peso relativo y pasó a tener mayoría simple, y poder de veto sobre las decisiones que requieren dos tercios de los votos. Esto le permitió no sólo tener una injerencia decisiva sobre los nombramientos, sino también contar con la llave para “disciplinar” a quienes se atrevieran a desafiar al poder.

Como suele suceder, el fin de ciclo brindó la oportunidad de corregir ese desvío, cosa que no pudo hacer la oposición en bloque en su momento, ni las sucesivas presentaciones en la Justicia durante todos estos años. En el ínterin, el gobierno incrementó sus acciones para avanzar sobre el control de los otros estamentos del Consejo, con la creación de un espacio propio dentro del Poder Judicial -Justicia Legítima- y la ley de 2.013 para que los consejeros académicos, jueces y abogados sean seleccionados por el voto popular, en el marco de las Paso de ese año y como parte de la propuesta de las agrupaciones políticas participantes. En este último caso, sí, el Poder Judicial reaccionó a tiempo e impidió que se concretase la maniobra, a la vez que echó por tierra con la batería de disposiciones de la llamada “democratización de la Justicia”.

Esta decisión, junto con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de subrogancias -que permitía al gobierno nombrar abogados afines en juzgados clave, en calidad de suplentes y sin acuerdo del Senado-, es un golpe fundamental a la estrategia de impunidad diseñada por el oficialismo para cubrir su retirada. Y abre el camino para que el próximo gobierno y el futuro Congreso asuman y honren el compromiso de avanzar en la recuperación de la regularidad institucional.

El fin de ciclo proporciona la ocasión de corregir desvíos y preparar el terreno para la regularización institucional.