editorial

• La Nación deberá devolver a Santa Fe 18 mil millones de pesos, más intereses.

Un fallo a favor de la provincia

La misma Corte Suprema de Justicia vapuleada por Cristina Fernández y acusada de comprometer mediante sus decisiones al gobierno kirchnerista, acaba de ordenar que la Nación devuelva a las provincias de Santa Fe y San Luis -también incluye a Córdoba- el dinero descontado indebidamente desde 2006 sobre los fondos coparticipables.

Tan sólo en el caso de Santa Fe, representan alrededor de 18 mil millones de pesos, cifra a la que habrá que sumar los intereses correspondientes.

La decisión fue comunicada apenas 48 horas después de conocerse el resultado del balotaje que convirtió a Mauricio Macri en nuevo presidente de la Argentina. Lo que resulta evidente, frente a tales circunstancias, es que los ministros del máximo tribunal aguardaron hasta este momento para dar a conocer el fallo, evitando así que se incremente la tensión con un gobierno nacional que se encargó de insuflar el clima de confrontación entre ambos poderes.

Ahora, serán las nuevas autoridades las que tendrán que hacerse cargo de los errores de sus predecesores, ya que la decisión adoptada con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, fija un plazo máximo de 120 días para que el gobierno negocie con estas provincias la forma y plazos en que devolverá el dinero.

El problema se inició en 2005, cuando Santa Fe abandonó el pacto fiscal y por lo tanto ya no debía aportar al mantenimiento de los fondos de la Anses. Sin embargo, la Nación prorrogó unilateralmente la situación y continuó descontando el 15 % de la coparticipación santafesina, sin remitir a la Caja de Jubilaciones provincial el dinero para cubrir su déficit, tal como se comprometía el gobierno federal en el acuerdo.

El 17 de marzo de 2010, el entonces gobernador Hermes Binner -junto a los ex mandatarios Jorge Obeid y Carlos Reutemann- fundamentó la posición de la provincia de Santa Fe ante el máximo tribunal, que se tomó su tiempo para decidir. De hecho, desde 2012 se aguardaba el fallo.

La Corte ordenó al Estado nacional que cese inmediatamente la detracción de esos fondos bajo apercibimiento de exigir al Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días. Claro que, esta decisión ya no tendrá incidencia alguna en la administración kirchnerista, pero deberá ser afrontada por el nuevo gobierno.

Éste fue uno de los principales motivos por los que provincias como Santa Fe, Córdoba y San Luis vienen denunciando un trato discriminatorio e injusto por parte del gobierno central. Mientras los gobernadores santafesinos intentaron sostener un clima de convivencia con el kirchnerismo, José Manuel de la Sota tomó este reclamo como una de sus principales banderas políticas de los últimos años. Seguramente, esto incidió en el resultado de las elecciones del pasado domingo, donde el 70 por ciento de los cordobeses votaron por Mauricio Macri, quien obtuvo una diferencia de 40 puntos sobre Daniel Scioli.

La decisión de la Corte es sin duda alguna una excelente noticia para Santa Fe y, fundamentalmente, para la administración de Miguel Lifschitz, un gobernador que deberá hacer frente a momentos inciertos en materia económica.

En lo que respecta al modo irresponsable y prepotente de ejercer el poder por parte del kirchnerismo, el fallo representa una clara muestra de que, aunque los gobiernos pasen, las consecuencias de sus errores perduran.

El fallo representa una clara muestra de que, aunque los gobiernos pasen, las consecuencias de sus errores perduran.