Desnuden el mercado
La política, a través del Estado, tiene las herramientas para ponerle límites al oligopsonio que domina la relación comercial en la mayoría de las producciones agropecuarias.
Juan Manuel Fernández
La mayoría de los productores agropecuarios están librados a su suerte cuando comercializan su producción. Sólo los cereales y la ganadería -con matices- cuentan con mercados institucionalizados capaces de reflejar, ante todo, valores de referencia. El resto, con la leche a la cabeza, sufre la ignominia del oligopsonio: precios antojadizos determinados por un reducido grupo de compradores. El resultado es una transferencia de renta fenomenal desde la base hacia la cúspide de la pirámide productiva. Y sólo una gestión virtuosa desde el Estado podría cambiar este rumbo.
A raíz del crónico problema que sufren los tamberos, desde Carsfe recordaron la ilegalidad en la que se desarrolla el intercambio comercial entre productores e industrias. Según el Capítulo III del Código Civil -escrito por Vélez Sarsfield en 1878- una transacción es nula si no tiene un bien transable definido, precio cierto, perfeccionado el consentimiento y arbitraje. Sin embargo el productor sigue entregando su leche sin saber cuanto ni cuando se la pagarán (con suerte al mes siguiente), resignado a penalizaciones por calidad incomprobables y con acuerdos de palabra. Pero, sobre todo, atado a la incomprobable versión del comprador sobre su capacidad de pago.
Ese es el punto a partir del cual la política debe actuar para promover la transparencia y colaborar en la configuración de un mercado formal. No se trata, vía subsidios o la imposición de precios sostén, de solucionar los problemas de rentabilidad entre privados, pero sí de hacer cumplir las leyes vigentes. Incluso se podría “desnudar” el mercado, haciendo públicos los números de sus actores. ¿Por qué no lo hacen? Quizás sea muy alto el costo político si los consumidores supieran que un kilo de queso cremoso -como ocurrió en diciembre, según un estudio de Carsfe- salió de la fábrica a $35 pero en góndola le costó más de $100. O que el tambero advierta que, a partir de ese valor en planchada, podrían haberle pagado hasta $5 cada litro en lugar de $2.20. La herramienta está, porque la Ley de Lealtad Comercial (22.802) faculta, incluso a las provincias, a obligar a exhibir o publicitar precios.
Los tamberos no son los únicos que esperan. En la fila también se encuentran arroceros, quinteros, apicultores, productores de fruta (que esta semana decidieron regalar peras y manzanas antes que venderlas a precio vil) y de las demás economías regionales.
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