Protocolo fantasma
El largamente anunciado protocolo antipiquetes ideado por el Gobierno nacional sigue sin implementarse, en un escenario local y nacional de alta volatilidad social. ¿Será posible llegar a un acuerdo?
Federico Aguer
Esta semana, el Gobierno nacional lanzó el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. En el mismo, se establecen los pasos para desarticular manifestaciones que impidan el libre tránsito por las rutas nacionales. Vale aclarar que el mismo no apunta a prohibir las manifestaciones públicas, sino a preservar la libre circulación. Habilita al uso de la fuerza por parte de los agentes del orden “respetando la legalidad, la oportunidad, como último recurso frente a una resistencia o amenaza, y la gradualidad” de la acción. Su puesta en marcha, incluso, fue consensuada con la ciudadanía, para -eventualmente- enriquecerlo con propuestas superadoras a través de una consulta abierta.
Sin embargo, el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “como la solución para terminar con los piquetes”, fracasó aún antes de instrumentarse oficialmente.
Mientras en Capital Federal la movilización de estatales de ATE cortaba las avenidas 9 de Julio, Callao y Corrientes y se trasladaba hacia la Plaza de Mayo bajo la mirada impotente de la policía, en la ciudad de Santa Fe los barrios sin luz explotaban su bronca en súbitos piquetes a lo largo de avenidas troncales y rutas bajo un sol inclemente.
Los hechos de violencia registrados en la ruta 168 pusieron sobre el tapete el fin de la tolerancia social hacia la metodología, cualquiera sea el justificativo que la impulse. También anunció que -de no mediar la presencia del Estado- serán los propios ciudadanos quienes resolverán en la misma calle los conflictos, y no de la mejor manera.
El piquete se instaló con fuerza en Argentina. De hecho, ya es una costumbre cultural; y para encontrar salidas superadoras no alcanzará con un protocolo. Se necesita de una decisión política madura de los gobiernos, de la actitud cívica de la ciudadanía, y el compromiso tolerante de todos de ajustarnos a la ley.
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