editorial

Amenazas y costo argentino

Pablo Moyano, el integrante más rústico de la poderosa familia sindical, se había despachado -de la manera que le es connatural- con la amenaza de una serie de paros de camioneros que prometía paralizar el funcionamiento de la Argentina en los próximos días.

En medio de la algarabía de sus seguidores, en su declaración, Moyano había pronunciado palabras admonitorias con un tinte de reconocible intención extorsiva. El dirigente gremial reasumía su perfil más duro y en el que se siente más cómodo; el camionero de los contrapiquetes a los productores del campo en los tensos días que preludiaron la primera gran derrota política del kirchnerismo en el Congreso de la Nación con el tratamiento de la famosa resolución 125, volvía por sus fueros. El hombre que, violando el Código Penal, enviaba a su tropa a bloquear la normal salida de los diarios Clarín y La Nación de sus respectivas plantas gráficas ubicadas en calle Zepita del barrio de Barracas, tornaba a las andadas.

Esta vez, el motivo era estrictamente sindical -paritarias e impuesto al trabajo-, pero la medida irradiaba una manifiesta desproporción en el contexto de un país que intenta superar la terrible situación dejada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya que no hace falta recordar que las remuneraciones del sindicato de camioneros listan en la cima de la grilla salarial del país.

De modo que si bien es atendible el reclamo -compartido por todo el arco laboral- respecto de una estructura impositiva injusta y regresiva, también es cierto que esta creación frankensteiniana que golpea con fuerza en los bolsillos de los trabajadores mejor pagos, no surgió de un día para el otro, sino que nació de la mano de José Luis Machinea, ex ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, quien en 1999 armó una “tablita” de imposiciones para la cuarta categoría -los asalariados- que luego quedó inmovilizada mientras el termómetro de la inflación empezaba a subir. Consecuencia: se produjo una verdadera exacción fiscal, un injusto apoderamiento de una creciente porción de los salarios. Pero el problema es que hoy la Argentina tiene serios problemas financieros y graves situaciones sectoriales, de modo que si todos tensamos la cuerda maximizando nuestras demandas la terminaremos destrozando.

Pero a Pablo Moyano nunca pareció preocuparle demasiado lo que ocurre fuera del circunscripto territorio de su gremio; por el contrario, parece observar la realidad por el ojo de la cerradura. De lo contrario advertiría que, aunque no satisface la demanda general de los trabajadores en blanco, la suba del mínimo no imponible a 30.000 pesos, redujo notablemente el promedio de descuentos impositivos. Y que ese esfuerzo del Estado tiene un costo fiscal de 50.000 millones de pesos en el año; y que además hay un compromiso de revisar las escalas el año próximo para darle racionalidad a la progresión tributaria.

Pedir todo de golpe es incendiar el país. Y ésa es la recurrente tentación de un sindicato que ha crecido en asociados e ingresos al ritmo de una creciente irracionalidad en el sistema del transporte de cargas que predomina en el país. Las “conquistas” sectoriales de camioneros se traducen en fletes de costos agobiantes que conspiran contra el desarrollo de regiones alejadas de los puertos y afectan la competitividad externa de nuestros productos.

Por añadidura, para poder pagar los salarios del sector, los empresarios vulneran los límites de carga y, con esa extendida práctica, destruyen las rutas del país y las calles de las ciudades por las que circulan sus camiones, dejándole esa acumulación de pasivos a los municipios, las provincias y la Nación, los que tienen que asumir costos que trasladan al conjunto de la sociedad a través de un asfixiante nivel impositivo.

La medida irradiaba una manifiesta desproporción en el contexto de un país que intenta superar la terrible situación dejada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.