Editorial

• Cuanto antes sea resuelto este conflicto, mejor será para el país. Tantas marchas y contramarchas, sólo contribuyen a demorar el despegue de la economía.

Tarifas en la mira

El kirchnerismo se encargó de dejar verdaderas bombas de tiempo en cada uno de los pliegues de la administración del Estado nacional. Y en este campo minado, la forma en que se congelaron las tarifas de los servicios públicos durante una década, no fue una excepción. De ser un país autosuficiente, la Argentina se vio obligada a importar energía a cambio de fuertes e insostenibles erogaciones de divisas.

El nuevo gobierno no tenía otra alternativa que no fuera sincerar la situación. Antes de que esta bomba estallara -como tantas otras veces sucedió en el país-, el macrismo intentó desactivarla. Lamentablemente, cometió muchos errores en esa operación.

Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación, se mostraba convencido de que la sociedad estaría en condiciones de hacer frente a un fuerte incremento de las tarifas de gas. Sin embargo, no midió correctamente el contexto: los aumentos previos en las tarifas de energía eléctrica, la inflación del 4% mensual promedio en la primera parte del año, los incrementos en el precio de los combustibles y un otoño particularmente frío, generaron un cóctel que resultó agobiante para gran parte de la población.

La Cámara Federal de La Plata frenó los aumentos de gas en todo el país, porque previamente no se convocó a las audiencias públicas que fija la ley. La Suprema Corte de Justicia acaba de solicitar al Poder Ejecutivo información sobre la evolución tarifaria y el impacto de los aumentos, antes de resolver si acepta el per saltum para dictaminar sobre el tema.

Mientras tanto, el gobierno decidió imponer topes de hasta el 400% de aumento en las facturas que recibirán los clientes. Se trata de una medida de emergencia; pero también contradictoria. Se le pide a la población que ahorre energía, pero a la vez se fija un tope de aumento que se aplicará sin importar el consumo de cada cliente.

Las empresas distribuidoras, como Litoral Gas, advierten que la situación es grave. Es que en el último bimestre ya debieron facturar en dos oportunidades. Y ahora tendrán que hacerlo de nuevo, mientras aguardan la letra chica de la decisión del gobierno.

Alguien tendrá que pagar por el gas que se está consumiendo. Si no lo hacen los usuarios -beneficiados por el tope del 400%-, deberá hacerlo el Estado mediante nuevos subsidios que, en definitiva, terminarán siendo pagados por todos los contribuyentes. Incluso, por aquellos que no tienen el servicio de gas natural.

Resulta positivo que el gobierno reconozca sus errores. Sobre todo, después de años de soberbia asfixiante de un kirchnerismo que se empeñó en escribir su propia realidad.

Sin embargo, lo más conveniente para todos sería que el gobierno evite cometer nuevas equivocaciones y que, antes de tomar medidas de tamaño alcance, analice cuidadosamente el contexto y las consecuencias.

Cuanto antes sea resuelto este conflicto será mejor para país. Este tipo de marchas y contramarchas, sólo contribuye a demorar el tan ansiado despegue de la economía.

A pesar de estas desprolijidades, el gobierno nacional aún cuenta con un capital político importante y valioso. Lo mejor para todos, será que lo preserve.

De lo contrario, los verdaderos responsables de haber provocado estos problemas continuarán regodeándose de la situación con absoluto cinismo político y operando sobre el malestar social para magnificar sus efectos.

A pesar de estas desprolijidades, el gobierno nacional aún cuenta con un capital político importante y valioso. Lo mejor para todos, será que lo preserve.