editorial

• El socialismo santafesino y el gobierno de Cambiemos acordaron reducir las tensiones que prevalecieron durante los últimos ocho meses.

Los desafíos del “operativo distensión”

La relación entre el socialismo santafesino y el gobierno de Cambiemos intenta ingresar en un nuevo capítulo, luego de ocho meses en los que prevalecieron las diferencias y las críticas cruzadas.

Apenas comenzaba esta semana, el gobernador Miguel Lifschitz y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunieron en Buenos Aires. Algunas horas después, Mauricio Macri anunciaba su plan de lucha contra el narcotráfico ante un auditorio integrado por una nutrida delegación socialista. Finalmente, Lifschitz y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analizaron en qué contexto se producirá la participación de fuerzas federales en la lucha contra el delito en suelo santafesino.

Es cierto que este encuentro no terminó en un acuerdo definitivo y que fue apenas el inicio de las conversaciones sobre cómo implementar un plan de seguridad. Sin embargo, no parece poco que estos acercamientos se hayan producido luego de ocho meses en los que unos y otros se miraron de costado.

La diputada nacional Alicia Ciciliani participó de los encuentros y fue muy clara al reconocer la existencia de un pacto de no agresión: “Pertenecemos a sectores distintos, no siempre pensamos igual, cada uno tiene su militancia; pero sabemos que debemos trabajar detrás de objetivos comunes. Coincidimos en la necesidad de cambiar esta cultura política del enfrentamiento permanente, que se instaló durante los últimos años en la Argentina”.

Según la legisladora, las partes acordaron postergar las discusiones de tinte electoral hasta el año próximo, aun sabiendo que el tablero político nacional y provincial se viene entretejiendo desde hace tiempo y que se trata de un proceso inevitable.

En este contexto, la inseguridad parece haberse convertido en una verdadera prueba de fuego para las intenciones de acercar a las partes. Si alguien pensaba que la reunión con Bullrich terminaría con el anuncio definitivo sobre la llegada de 3.000 gendarmes a la provincia, se equivocó.

No sólo será necesario establecer acuerdos sobre cómo implementar un verdadero plan de seguridad entre la Nación y la Provincia, sino que además deberán consensuar de qué manera se tomarán las decisiones en el terreno. Dicho en otras palabras, si prevalecerá la visión de las fuerzas federales, de las provinciales o si se logrará implementar un comando conjunto que realmente funcione. Mientras estos lineamientos no hayan sido establecidos, no habrá más gendarmes.

Todo indica que existen diferencias de diagnóstico entre las autoridades provinciales y las nacionales. En el gobierno central, están convencidos de que la Policía de Santa Fe representa gran parte del problema de la inseguridad en la provincia. Y por ese motivo plantea la necesidad de que sean las fuerzas federales las que comanden las políticas tendientes a enfrentar al delito organizado. Este escenario representaría, en la práctica, una suerte de intervención federal sobre la Policía santafesina.

En el acto de asunción de la nueva cúpula policial, Lifschitz pareció referirse al tema: “No vamos a resignar el lugar que le corresponde a la Policía... Les hablo como gobernador, pero también como un integrante más de la fuerza; me pongo en su lugar. Entiendo sus demandas y entiendo su indignación cuando reciben críticas infundadas”.

Lo importante, en todo caso, es que se adopten las medidas necesarias para que los santafesinos puedan vivir en paz. Y que, en materia política, se produzca un verdadero acercamiento entre Santa Fe y la Nación.

Desde un principio, Lifschitz no sólo ha dado muestras de ser un hombre de acción, sino también de consenso.

La inseguridad parece haberse convertido en una verdadera prueba de fuego para las intenciones de acercar a las partes.