Desde el Ministerio de la Producción

Apoyo estatal a empresas recuperadas

Una ley votada en Diputados fija el compromiso del Estado santafesino para con el sector. Ya son 26 las que actúan en territorio provincial.

Mario Cáffaro

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Un cerrado aplauso desde la barra de Diputados acompañó el apoyo unánime del cuerpo al proyecto de ley de protección y apoyo a las empresas recuperadas por los trabajadores que funcionan en la provincia desde hace varios años. “Son trabajadores que decidieron pelearla, no quisieron que la empresa se cierre y siguieron produciendo” había dicho el socialista Joaquín Blanco, uno de los firmantes del proyecto.

Representantes de las 26 empresas recuperadas que funcionan en la provincia de Santa Fe estaban en la platea de la Cámara. Habían llegado desde distintos puntos del territorio. Hoy, dan empleo a 1.190 trabajadores.

Con la votación del proyecto en Diputados, la Cámara retoma un trabajo sobre esta particular temática que se desató sobre fines de los 90 y principios del nuevo siglo cuando el cierre de empresas era diario. Hubo jornadas de debate, exposiciones desde otras provincias para dar un primer marco legal al tema y encontrar figuras como la expropiación temporal para que cooperativas de trabajadores se hagan cargo de firmas abandonadas por sus propietarios. Después la ratificación cada dos años de la expropiación temporal.

Las empresas recuperadas son establecimientos productivos que, por motivos de cierre, abandono o cese de actividades, pasaron de la gestión privada a la gestión colectiva de sus antiguos asalariados, organizados bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo o en trámite de constitución. En nuestra ciudad, uno de los ejemplos es Naranpol; en el norte, es el Frigorífico Tatra o en Rosario, varias firmas alimentarias.

Blanco dijo que la ley votada otorga herramientas concretas al gobierno provincial, más precisamente al Ministerio de la Producción, “para que a través de un registro las pueda acompañar, desde una asistencia técnica, jurídica y económica”. Por ejemplo, “asistencia jurídica permanente, ya que les lleva años poder resolver procesos judiciales laborales, de quiebra, a través de trámites burocráticos”. También “asistencia económica, porque muchas veces les cuesta acceder a créditos y necesitan competir de igual a igual con otras empresas en el mercado, desarrollar nuevos productos e innovar en la producción”.

El socialista dijo creer “firmemente que una economía social y solidaria es virtuosa porque distribuye de forma más justa el ingreso y estos trabajadores decidieron defender sus puestos de trabajo, pelearla, que la empresa no se cierre y seguir produciendo”.

También Cesira Arcando (FE- Cambiemos) salió a respaldar el proyecto y valorar el “compromiso social de los laburantes”.

Los alcances

En su artículo, la ley establece como objetivo “contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo dignos, destinados a empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, con el propósito de conservar las fuentes de producción y de trabajo que se encuentren en funcionamiento o en proceso de reactivación, posibilitando la recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores”. Después, declara de interés social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y define las características que deben tener para estar incluidas en la norma.

Determina que la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria será autoridad competente para la interpretación y aplicación de la norma y tendrá a su cargo “la creación de políticas públicas que garanticen un coherente y efectivo apoyo del Estado provincial a las empresas recuperadas a través de acciones de acompañamiento y fortalecimiento de los trabajadores, posibilitando la creación de herramientas fiscales, financieras y crediticias que establezcan el procedimiento para la recuperación de empresas”.

También faculta al Ministerio de Trabajo a realizar inspecciones y articular su trabajo con Producción y en esta cartera crea el Registro Provincial de Empresas Recuperadas.

En el artículo sobre beneficios, hubo disidencias parciales de diputados radicales. Establece que las empresas inscriptas en el registro tendrán acceso a asistencia técnica, jurídica y acompañamiento, para que la empresa recuperada pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; preferencia como proveedores del Estado; tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal diferenciado según el impacto en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la empresa; acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico y preferencia en las capacitaciones en oficio que brinde el Ministerio de Trabajo provincial o cualquier otro órgano estatal.

La provincia facilitará, durante los dos primeros años de continuidad de la empresa recuperada, la difusión de los productos elaborados a través de los medios de comunicación propios y en los espacios de promoción de actividades productivas donde la provincia participe. También acompañamiento por parte del Estado en los trámites correspondientes para la exportación de productos, y consideración por parte de la Empresa Provincial de la Energía si las empresas recuperadas pueden ser sujetos alcanzados por beneficios en la tarifa de electricidad.