DECISIÓN TOMADA: SE VA A SANTIAGO

La Unión Agrícola de Avellaneda se muda por el bloqueo de su planta en Tostado

La sucursal del noroeste está bloqueada por un reclamo de transportistas. Hace 15 días que la actividad de acopio de cereales está paralizada. La cooperativa de Avellaneda denuncia inacción política y judicial, y falta de seguridad jurídica.

Gustavo Capeletti

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“Es una decisión tomada irnos de Tostado y operar desde Santiago del Estero, nos da muchísima lástima porque preferimos aportar a nuestra provincia, pero esta provincia nos tiene que proteger y no lo hace”, anunció, tajante, Norberto Niclis, presidente de la Unión Agrícola de Avellaneda.

La cooperativa más grande del país, con 2.400 asociados, más de 700 empleados, puntos de acopio en 16 puntos clave del norte argentino y hasta puerto propio, atraviesa un momento extremadamente delicado en su planta de Tostado, bloqueada por enésima vez por transportistas locales, en este caso desde del viernes 30 de septiembre pasado.

La actividad de acopio está paralizada por el reclamo de los transportistas al que Niclis calificó de “inentendible”. El titular de la entidad expuso que el conflicto “tiene que ver con un acoso del Centro de Camioneros de Tostado que comenzó el año pasado, que recrudeció en febrero de cuando tuvimos un mes entero la planta de Tostado clausurada y la Justicia santafesina no actuó nunca ante semejante delito, pidiendo tarifas excesivas que no están en el mercado de esa zona”.

El dirigente describió que son tres las multinacionales instaladas en Bandera (Santiago del Estero) que están pagando tarifas de flete menores a las que paga la cooperativa en Tostado siendo que están 70 kilómetros más lejos de Rosario, pero “sin embargo nos cortan a nosotros”.

Problema

Entonces, sostuvo, claramente hay “un problema en la Justicia santafesina que tiene relación con el poder político y este gobierno que dice ser socialista no está actuando sobre quienes están cometiendo entre grave atropello al derecho que tiene la cooperativa a trabajar en el lugar”.

Fue más allá y denunció que “no encontramos a nadie que nos defienda, si queremos pensar mal podemos decir que el gremio de Camioneros está pagado por esas tres multinacionales que compiten con nosotros o por algún poder político que no quiere que estemos en sus pagos”, porque la verdad es que es inentendible el motivo por que el que cortan el acceso a nuestra planta y siguen cargando en Bandera con un precio de flete menor.

Niclis evidenció el malestar reinante en la entidad que conduce porque el acceso a la planta de silos está cortado, sin previo aviso, sin haber pedido nada, en forma unilateral, y “con la exigencia de que toda la cosecha almacenada (unas 15 mil toneladas de soja) la transporten ellos solamente”.

Al mismo tiempo, denunció que esa soja se está deteriorando día a día, porque la campaña fue muy lluviosa y el almacenaje no fue el mejor; mientras, está por dar comienzo la cosecha de trigo y no hay lugar físico en la planta tostadense para su acopio. “El perjuicio que nos causan es muy grande, ya hablamos con el gobernador (Miguel Lifschiz), con el ministro de Gobierno (Pablo Farías), con el de Seguridad (Maximiliano Pullaro) y esto no se soluciona”, lamentó.

“Nadie hace nada”

Hastiados de esta problemática que no encuentra solución de continuidad, indicó que “mañana (por hoy) estamos viajando a Bandera para instalarnos ahí porque ya estamos cansados con estos problemas que no son normales, la Unión Agrícola tiene plantas de acopio en 16 lugares y en el único que tenemos problemas es en Tostado”.

Sobre esa determinación dijo que “la culpa de que no actúe la Justicia es del gobierno provincial”, no es nuestra porque ya hicimos todas las presentaciones, las denuncias, las acciones.

Hubo muchas reuniones pero “nadie hace nada, tenemos mucha bronca e impotencia porque somos una cooperativa de productores medianos y chicos luchando contra tres multinacionales y con un gobierno socialista. Entonces no entendemos nada, es como que todo está al revés”.

En el final, Niclis apuntó que la planta de silos de Tostado era de la Junta Nacional de Granos, es una hermosa planta que vale muchísima plata, que tiene acceso al ferrocarril y “no poder lograr que funcione normalmente nos da pena, pero la verdad es que ante la injusticia la cooperativa actúa de otra manera, no vamos a coimear a nadie para que esto se solucione porque no actuamos así”.

Violación de derechos

Sobre el tema, también se refirió el asesor legal de la UAA, el abogado Juan P. Antón (h): “Una decena de camioneros propietarios resolvieron iniciar un bloqueo a la planta de Tostado, que impide a la UAA cumplir con contratos de entrega de soja. Denunciamos en sede policial el delito de privación de circular en libertad, una violación a los derechos constitucionales de trabajar y yo creo además que hay un elemento extorsivo, concretamente la figura penal es el chantaje”,

Pero la policía argumentó que no puede intervenir porque no hay un delito cuando “lo hay porque no están permitiendo el ingreso a la planta; hacemos la denuncia ante el fiscal, indirectamente dice que no hay delito porque ellos tienen derecho a manifestarse, y eso está bien, pero que lo hagan en la plaza y no bloqueando el acceso de camiones”, agregó Antón.

El profesional añadió que ante el juez, la UAA reclamó el “cese del estado antijurídico, eso está presentado hace 10 días y hace 10 días tenemos la planta tomada. El juez no tomó ninguna determinación y me dice que no actúa porque el fiscal no se lo requiere, vamos al fiscal y dice que tomó las medidas que tenía que tomar, pero los transportistas siguen el bloqueo de la planta”.

 

Inviable

• Desde la UAA explicaron que pagan 440 pesos por tonelada fletada desde Tostado a Rosario y que los manifestantes pretenden elevar esa tarifa a 480 pesos. Para la dirigencia cooperativista el pedido es inviable. Más a la luz de que las multinacionales contratan fletes a tarifas de entre 390 a 430 pesos por tonelada, y desde Bandera que está más distante aún del puerto rosarino.

Tierra de nadie

• “Esto es tierra de nadie, hay una indefensión absoluta. Una cooperativa con 2.400 socios, dueña de su planta de silos, no puede entrar a ella, y el Estado provincial no hace nada”, protestó el representante legal de la UAA.

El abogado Antón precisó que se presentará una denuncia ante el Juzgado Federal “porque vamos a pedir a la Nación que ponga las cosas en orden en un lugar donde hay una empresa que no puede trabajar porque cuatro personas decidieron que quieren cobrara una tarifa que no les corresponde”.