El debate se retomaría en febrero

Ley de semillas: sin pena ni gloria en el Congreso

Campolitoral

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El martes 22 de noviembre tuvo lugar en el Congreso Nacional la segunda reunión informativa por el debate en torno de la ley de semillas convocado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sin mayores avances, lo que -excepto que el tema se introduzca en extraordinarias- obligará a retomar el debate en febrero, el hecho más destacado lo constituyó el “faltazo” de buena parte de los legisladores que integran la mencionada Comisión.

Tal como ocurrió el martes 15, esta semana se presentaron diversos oradores, entre entidades del agro, productores particulares, consultores y empresas semilleras. Entre otros, estuvieron Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, el productor Gustavo Grobocopatel, el consultor Juan Iglesias, Aapresid, la firma Syngenta, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia), entidad que planteó la crisis de los semilleros multiplicadores a causa del mercado informal de semillas autógamas.

No la quieren

La reunión comenzó con la participación de seis diputados, sobre casi una treintena que tiene la Comisión de Agricultura de Diputados, pero al final concluyó con tres presentes: el presidente de la Comisión, Gilberto Alegre, su vicepresidente, Juan Casañas, y Pablo Torello.

El tucumano Casañas recordó que estaba vencido el plazo para emitir dictamen y en declaraciones al diario La Nación adelantó: “en febrero, cuando se vuelva a trabajar, ojalá se avance”.

El vice de la Comisión observó que, en su opinión, por las disertaciones que escuchó hay entidades del sector que no quieren que haya una nueva ley. “La posición de CRA es igual a la del Mocase; no quiere ley de semillas. Federación Agraria y Coninagro sí la quieren, pero con posturas distintas”, dijo. Y remató: “con esto Monsanto sería la compañía más beneficiada con que no salga una ley”.

En general, salvo la posición de los pueblos originarios y CRA, todos los que expresaron su opinión coincidieron en que la ley de 1973 requiere ajustes. También hay coincidencias en cuanto a que se debe pagar la tecnología: en la semilla y una sola vez en la compra de la bolsa, sin reclamos sobre el grano producido.

Pedido de exclusividad

En su alocución frente al cuerpo, Marcelo Senatore, presidente de FEDIA, expuso la grave crisis que atraviesa el sector debido a la venta ilegal de semillas. A través suyo, los semilleros multiplicadores dieron a conocer hoy su posición con respecto a los proyectos de la Ley de Semillas presentados ante los Diputados Nacionales.

Senatore manifestó que el deterioro del sector de los multiplicadores en los últimos años es evidente “en el año 2011 existían 762 semilleros multiplicadores registrados en el INASE, hoy debido a la venta ilegal de semillas sólo quedan 504 establecimientos de este tipo autorizados por el organismo”.

Asimismo, el presidente de FEDIA destacó que la crisis del sector que se ha dado en los últimos cinco años se debe a la falta de actualización de la ley y también a la ausencia de controles por parte del Estado. Resaltó una caída del 30 por ciento en la producción y en la mano de obra, tanto del personal directo como indirecto.

Dentro de las propuestas que presentó la entidad se destacó la necesidad de limitar el uso propio únicamente a la misma cantidad de bolsas fiscalizadas compradas originalmente.

Por otro lado, la Federación hizo hincapié en la importancia que “la semilla original sea comercializada exclusivamente a los semilleros multiplicadores habilitados” ya que son los que pueden garantizar la calidad y pureza de las semillas que utilizan los productores agropecuarios.

 

Sincronía y desacuerdos

La coincidencia para una nueva ley o para la que está todavía vigente, sin excepción, es que el Estado aplique los controles que recaen en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) como poder de policía con facultad sancionatoria. Pero el organismo, que transitó reiterados avatares entre su disolución en el año 2000 a su recreación en 2004, no termina de organizar su directorio y cuenta con recursos muy pobres para supervisar un mercado que mueve en el país no menos de 1.000 millones de dólares anuales.

En lo que no coinciden las partes es en los cambios que deben efectuarse, como por ejemplo declarar a la ley de semillas (vieja o una nueva) de “interés público”. Modificación a la que se opone todo el arco semillero y las asociaciones por cadena, pero que demandan los usuarios agremiados en las cuatro entidades. Ese cambio dejaría sin efecto los acuerdos o contratos como los que se firmaron por la soja Intacta.