editorial

Licencias, abusos y advertencias

• Desde el Colegio de Abogados, aseguran que funcionarios judiciales utilizan para fines turísticos licencias que deberían ser “extraordinarias”.

Se trata, sin ninguna duda, de un hecho bochornoso: una fiscal de la provincia de Mendoza pidió licencia por enfermedad, pero aprovechó para irse de vacaciones a Brasil. Como si esto no fuera suficiente, se dedicó a tomarse fotografías y a subirlas a la red social Facebook. Durante su viaje, presentó un segundo certificado para extender durante diez días más su supuesto reposo debido a una recaída que, obviamente, jamás existió.

A raíz de lo sucedido, se inició una investigación interna y además se les abrieron causas penales a esta fiscal y al médico involucrado. Según informan los medios mendocinos, si se confirma que falsificó los certificados la sanción podría ser aún más grave. Mientras tanto, se analiza la posibilidad de impulsar un jury de enjuiciamiento para destituirla.

Lo sucedido en Mendoza representa un caso extremo. Sin embargo, la cuestión vinculada con los pedidos de licencia dentro del Poder Judicial también genera inquietud en la provincia de Santa Fe.

A principios de este mes, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que se le planteó la necesidad de extremar los criterios para autorizar los permisos de licencia “a los fines de evitar abusos que desvirtúen el fin previsto por la normativa”.

Desde el organismo que nuclea a los abogados locales insisten en que “numerosos funcionarios y empleados” utilizan licencias extraordinarias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial “para fines turísticos, lo cual, amén de violentar el espíritu de la ley, redunda en un perjuicio para el servicio de Justicia”.

La situación parece repetirse desde hace demasiado tiempo. Sin embargo, los efectos de estas supuestas irregularidades se sienten con mayor crudeza durante los últimos meses del año, debido a la sucesión de feriados.

No es la primera vez que el Colegio de Abogados realiza este tipo de planteos. Sobre todo, a partir de la evidente morosidad que se produce en general y en ciertas áreas, en particular.

Cabe remarcar que además de los cuarenta y cinco días al año de licencias -teniendo en cuenta los recesos de verano e invierno- los funcionarios judiciales tienen la posibilidad de solicitar un nuevo período de licencia de hasta quince o más días, si así lo autoriza el órgano jurisdiccional competente, por motivos justificados. Esto arroja un total de sesenta días, a los que se les deben agregar aquellos que se solicitan por enfermedad.

Los abogados afirman que lo excepcional terminó convirtiéndose en regla. Y debido a estas circunstancias, se agravan los inconvenientes en el funcionamiento de los tribunales y se retardan las resoluciones de los procesos. A los pedidos de licencia, se le debe añadir el hecho de que existen juzgados vacantes cuya labor debe ser cubierta por los jueces en actividad.

La situación no sólo genera inconvenientes por incrementar la morosidad en el servicio de Justicia, sino que deja al descubierto una serie de prerrogativas con que cuentan los agentes judiciales. Lo mismo sucede con otras áreas estatales, donde los empleados suelen abusar con demasiada frecuencia de la posibilidad de solicitar licencias.