Buenos Aires

Coimas en La Plata: detuvieron al comisario que estaba prófugo

Se trata de Julio Sáenz, quien fue jefe de la comisaría 6ª. Fue arrestado por personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

DyN

El ex jefe de la comisaría 6ª, Julio Sáenz, fue detenido ayer tras permanecer prófugo desde el miércoles, pero se negó a declarar en el marco de la causa por los sobres con dinero de presuntas coimas hallados en la Jefatura Departamental de La Plata.

Sáenz fue arrestado este mediodía por personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense en una casa de las calles 5 y 80 de La Plata, y luego fue puesto a disposición del fiscal, Marcelo Martini, que investiga el caso en el que están imputados diez comisarios y detenidos nueve.

Una fuente judicial precisó a DyN que Sáenz, por recomendación de su abogado, Daniel Mazzochini, se negó a declarar, al igual que lo hicieran anteriormente los comisarios Raúl Frare (comisaría 12ª), Federico Jurado (16ª), Sebastián Cuenca (3ª de Los Hornos) y Sebastián Velázquez (2ª).

La defensa de Sáenz, que también representa a Frare, Jurado y Velázquez, entiende que las aprehensiones de los comisarios se concretaron antes de que quedara firme el fallo de la Cámara de Apelaciones de esta capital que ratificó el pedido de detención para los nueve policías.

Por eso, Mazzochini presentó hoy un hábeas corpus en el que señala la nulidad del proceso que terminó con los arrestos de sus cuatro pupilos.

El resto de los imputados: el ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su ex secretario, Walter Skramowskyj; el ex jefe de Operaciones, Ariel Huck, y el ex segundo jefe de la departamental, Rodolfo Carballo, declararon el jueves y negaron “cualquier tipo de participación” en la supuesta asociación ilícita.

Camerini, por consejo de su abogado, Oscar Salas, realizó una declaración sin preguntas; Skramowskyj llevó su testimonio por escrito y los otros dos declararon y respondieron las inquietudes del fiscal.

El abogado de estos cuatro policías presentó ayer un pedido de excarcelación para sus defendidos. Los nueve uniformados están acusados del delito de “asociación ilícita en concurso real con concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo pide una contribución) e ideal con recepción de dádivas”, por presuntamente pedir coimas a comerciantes durante 2015 y principio de 2016.

Sobres

El caso que involucra en total a 10 comisarios salió a la luz en abril de este año, pero la investigación se inició en febrero a raíz de una llamada anónima al 911 de un supuesto policía que denunció que en la Departamental recibían por mes sobres con 200 mil pesos.

La acusación fue tomada por el fiscal Marcelo Martini y, el 1ª de abril, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense realizó una inspección sorpresiva en el edificio policial ubicado en 12 entre 60 y 61 de esta capital.

En la requisa, se encontraron en un cajón de la oficina del secretario del jefe de la departamental 35 sobres cerrados y uno abierto, identificados con números y letras, que se presume corresponderían a las comisarías de la ciudad, y que contenían un total de 153.700 pesos.

El fiscal caratuló la causa como “abuso de poder” y solicitó las detenciones de cinco policías, pero no se llevaron a cabo ya que los defensores presentaron recursos contra la medida, y la Cámara Penal platense hizo lugar a la revocatoria.

Pero Martini profundizó la investigación, realizó pericias caligráficas a los imputados y remitió otro pedido de detención, que luego ordenó Garmendia contra nueve uniformados, aunque tampoco se efectivizó por otro pedido de exención de prisión, que fue resuelto por la Cámara.

“Seguridad”

Según el expediente, “entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del corriente año” los uniformados acusados integraron “en forma organizada una asociación” que recaudaba dinero “en forma ilegítima” con la participación del personal policial de las diferentes comisarías de La Plata.

El accionar de la banda, de acuerdo con el texto judicial, consistía en “exigir en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas -algunos de ellos comerciantes- para brindarles seguridad o permitir funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.

Los montos de dinero, según las denuncias de comerciantes que constan en el expediente, variaban entre los 300 pesos y 1.000 pesos semanales, los que eran recaudados por las dependencias regionales y llevados “a los Jefes Departamentales” dentro de sobres numerados el primer día de cada mes.