Gonzalo Diéguez, politólogo y experto en administración pública de Cippec

“Tener un Estado más grande no significa que sea más fuerte”

Nancy Balza

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El protagonismo del Estado argentino creció en los últimos 13 años; también viene creciendo el empleo público en ese período, incluso en los primeros meses de gestión del actual gobierno nacional. ¿Cuánto? No existen estadísticas oficiales. Ese es uno de los temas que preocupa y ocupa al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la organización independiente que desde hace una década y media, 16 años para ser exactos, aborda temas de políticas públicas.

Gonzalo Diéguez es director del Programa de Gestión Pública de Cippec. Estuvo el miércoles pasado en la ciudad de Santa Fe, uno de los 2.259 municipios del país con los que se propone trabajar el organismo, para exponer sobre “Estado y alta dirección pública en Argentina: desafíos y propuestas para construir directivos públicos idóneos y políticas públicas de calidad”. Tema oportuno para coronar la entrega de diplomas a 400 agentes comunales y municipales de toda la provincia que culminaron de la instancia de capacitación propuesta por Gobierno.

—¿La formación hace al fortalecimiento de las capacidades del Estado?

—Definitivamente. Cuando se observa qué ha pasado con el Estado en los últimos 12 ó 15 años en la Argentina, lo que vemos es que hubo una transformación, una recuperación en ciertas áreas: el Estado creó nuevas empresas a nivel nacional pero también a nivel provincial, más allá de que Santa Fe puede presentar algunas particularidades. El Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, vuelve a ser un actor protagónico en la provisión de ciertos bienes y servicios públicos. El análisis que plantean Cippec y otros especialistas es que pasamos de un péndulo del Estado al mercado y ahora volvemos del mercado al Estado. Pero, cuidado, porque tener un Estado más grande, más voluminoso, no significa necesariamente tener un Estado más fuerte.

—Puede ser un estado más pesado también.

—Cuando se analizan las capacidades estatales se mira, entre otras cuestiones, la profesionalización de las burocracias. Por mencionar algunos ejemplos, podemos ver que el Estado provee una serie de políticas públicas en materia de seguridad, educación y otras áreas. Y cuando se pregunta si tiene capacidad para reflexionar, mirarse a sí mismo y evaluar el impacto de esas políticas públicas, la mirada empieza a encontrar otros matices, porque lo que se observa es que el Estado tiene lo que llamamos “un brazo con anabólicos”. Tenemos un Estado que es más musculoso y más grande pero no necesariamente con tanta fuerza. ¿Y cómo medimos esa fuerza del Estado?: cuando trabaja con información de gestión y hace monitoreo y evaluación de esas políticas públicas. En el caso del Programa Conectar Igualdad, ¿quién puede criticar que el Estado distribuya 4,6 millones de netbook? Nadie. Pero, ¿para qué sirve esa política pública? Para reducir la brecha digital, sin dudas, pero cuando miramos los niveles de repitencia y deserción en términos educativos, ahí quizá la mirada sea otra. Esos matices se contemplan cuando se mira, no solamente la estructura del Estado, sino también la capacidad que tiene para mover el músculo a partir del cual va a ejecutar políticas públicas y el músculo con el cual evalúa y monitorea el resultado y el impacto de esas políticas públicas.

—¿Cuáles son las particularidades de Santa Fe a las que aludías al comienzo?

—La provincia de Santa Fe tiene mucha significancia y nos encontramos con un escenario variopinto. Lo primero que encontramos, cuando ponemos el foco en las provincias, y lo mismo pasa en el Estado nacional y en los 2.259 municipios, es un mosaico muy heterogéneo. Hay provincias como Santa Fe que ya tiene toda una trayectoria y antecedentes en materia de planificación estratégica, participación ciudadana y coordinación gubernamental, que es un ejemplo interesante en el contexto del federalismo argentino y en la región Centro y el Litoral. Pero también enfrenta una serie de desafíos, límites y obstáculos que veremos en qué medida el gobierno provincial de turno está dispuesto a encarar. Parece que tiene todas las intenciones y está trabajando para ello. El tiempo va a ser el que lo compruebe o lo refute.

—En la provincia se está avanzando en el debate de la necesidad de una reforma constitucional, donde la autonomía de municipios y la gestión de las comunas tienen fuerte protagonismo. Eso significa mayor cantidad de empleo público y suma otro desafío.

—En perspectiva comparada, se observa que el empleo público vino creciendo en la Argentina en los últimos 12 ó 13 años. Pero no existen estadísticas oficiales. El mismo Estado no conoce a ciencia cierta el número total de empleos públicos, lo cual a Cippec le preocupa, y por eso promovemos que haya alguna agenda gubernamental que se encargue de sistematizar y publicar notas sobre este tema. En octubre, el Ministerio de Trabajo publicó un informe sobre empleo, donde se corrobora lo que viene diciendo el Cippec desde hace años: que en los últimos 12 años el empleo público creció y en los últimos 5, incluyendo los primeros diez meses de este gobierno, sigue creciendo, pese a que al sector privado parece costarle mucho generar empleo. La pregunta es por qué. La primera respuesta es que ese crecimiento en el empleo público no es lineal: es mayor en los niveles municipales y provinciales, y en parte es entendible porque las principales políticas públicas en la Argentina, en un proceso de descentralización, las llevan a cabo las provincias y los municipios. Pero eso viene de la mano de ciertas temáticas que ganaron protagonismo en la agenda y obligan o requieren de otro brazo ejecutor por parte de las administraciones gubernamentales, tanto municipal como provincial: seguridad, transporte y movilidad, y residuos sólidos urbanos, que empiezan a tener otro protagonismo en la agenda. En consecuencia, los gobiernos municipales que antes eran llamados ABL (alumbrado, barrido y limpieza) hoy tienen otros desafíos de gestión.