En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Para el gobierno “fue un acto opositor”

  • El secretario de Derechos Humanos consideró que, al centrar los discursos en atacar al gobierno y pretender vincular a Mauricio Macri con la dictadura, se “perdió una oportunidad”.
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En Santa Fe. Una multitud marchó desde la Plaza del Soldado y colmó la plaza 25 de Mayo, para reclamar “Nunca Mas”. Las marchas y actos se repitieron en todo el país. Foto: Luis Cetraro

 

De la redacción de El Litoral

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Télam/DyN

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sostuvo que “el de ayer fue más un acto opositor que de memoria” en referencia a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 41 años del golpe cívico militar que se realizó en la Plaza de Mayo y alrededores.

“El acto tuvo muchos matices, como los que se han desarrollado en todo el país. La Secretaría estuvo presente. El acto central se convirtió más en un acto opositor que de memoria. A mi criterio, un acto de memoria tiene que tener un profundo mensaje de recuerdo y reencuentro por la lucha por los DD.HH., los juicios, el fiscal Strassera”, afirmó hoy en Clarín.

También dijo que “los juicios de lesa humanidad no son solamente mérito del presidente (Néstor) Kirchner. En estos 40 años de democracia hay mucho para recorrer en vez de darle este matiz agrediendo al presidente diciendo ‘Macri, basura, vos sos la dictadura’ y comparar las políticas actuales con las de entonces. Han perdido una oportunidad los que organizaron el acto”.

Consultado sobre si “faltó la palabra del presidente”, respondió: “La expresó a través de las redes sociales, con posteos muy buenos”.

El secretario evaluó además que “hay una tensión política” en referencia a los mensajes contra el kirchnerismo de los legisladores de Cambiemos que acusaron a esa fuerza política de “usar” a los Derechos Humanos. “La apropiación indebida de los Derechos Humanos existió. El tema fue puesto en agenda pero no fue habilitado el debate. A título personal, no me gustó (el mensaje de los Diputados)”, afirmó Avruj.

Sobre la cantidad de desaparecidos que cobró el golpe cívico militar de 1976 dijo: “Todos los debates se deben dar. Soy muy cuidadoso del número de 30 mil. La investigación no ha terminado. La Conadep dio 8.400 personas”.

“El número importa en tanto uno quiera tener el dato final, que estamos muy lejos de tener. 30 mil es 30 mil veces uno o los 8 mil, lo mismo”, indicó.

En particular, sobre si los juicios están demorados, Avruj consideró como “falso ese discurso. Heredamos una cadencia de la Justicia. Hay 589 causas en trámite, y elevadas a juicio hay sólo 17. La Justicia se aletargó en los últimos 12 años”, concluyó.

 

Los archivos de la Iglesia

Guillermo Villarreal (DyN)

  • El protocolo para poder consultar los archivos de la Iglesia de la última dictadura militar está listo, y resta que el reglamento llegue aprobado del Vaticano para ponerlo a disposición, previa petición, sólo de víctimas y familiares directos de los detenidos desaparecidos.

La desclasificación de los documentos eclesiásticos de los años de plomo (1976-1983) fue dispuesta por el Papa Francisco, tras la promesa que el pontífice argentino le hizo a organizaciones de derechos humanos que por décadas reclamaron su apertura.

La Iglesia, acusada de complicidad y de haberle dado la espalda a la mayoría de los crímenes de la dictadura, intenta de este modo poder contribuir a sanar heridas, prestar un servicio a la verdad y hacer un aporte a la reconciliación de los argentinos, pero sin olvidar un pasado oscuro y doloroso.

Pero el gesto de la Iglesia de abrir sus archivos de la dictadura tiene otra lectura en organizaciones de derechos humanos, que objetan que se trata de una apertura restringida, no pública y limitada a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares.

“Es un paso importante aunque sea sólo simbólico”, evaluó Victoria Donda, la diputada nacional hija de desaparecidos y nacida en la Esma, el centro clandestino de detención donde le fue arrebatada a su madre.

Monseñor Carlos Malfa, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, justificó el procedimiento, al asegurar que se hizo esta opción, y no una apertura más amplia al acceso a los archivos, porque “se trata de material sensible”.

Las organizaciones que luchan por la memoria, la verdad y la Justicia también consideraron “tardío” que la desclasificación de los archivos de la Iglesia llegue 40 años después.

“Lo importante es que lo hacemos”, supo responder el cardenal Mario El Episcopado comenzó en 2005 el trabajo de ordenamiento y digitalización de la documentación en su poder y el proceso se profundizó en 2012, por impulso de Bergoglio y los requerimientos judiciales.

Más allá de las lecturas del gesto, en unos días, no más, víctimas y familiares del terrorismo de Estado podrán acceder a unos 3.000 casos en documentos como telegramas, cartas y notas informales.

La mayoría de los documentos es de pedidos de ayuda de familiares de víctimas de la dictadura, las respuestas a esas peticiones, las gestiones de la propia Iglesia ante el ministerio del Interior u otros organismos, y también ocasionales agradecimientos por las intervenciones.

“Antipopular” y “negacionista”

  • Organizaciones de Derechos Humanos realizaron ayer una durísima crítica al gobierno de Mauricio Macri al que tildaron de “antipopular”, “negacionista” de las consecuencias de la represión y cuyo “modelo económico tiene los mismos objetivos” que el puesto en marcha en la última dictadura por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.

Durante el acto central en Plaza de Mayo por el 41º aniversario del golpe de Estado de 1976, los representantes de las organizaciones de derechos humanos rechazaron los dichos de funcionarios nacionales que señalan que los desaparecidos son 8.500 -citando al libro de la Conadep “Nunca Más”- al afirmar que “nadie y menos desde el Estado pueden decir que no son 30 mil”.

En ese contexto, señalaron que “seguimos reclamando la urgente apertura y declasificación de todos los archivos para saber el nombre de los cupables y qué hicieron con los cuerpos de las víctimas” y reclamaron que “se rompa el pacto de silencio” desde el Estado.

También reclamaron al Estado saber “dónde está” Jorge Julio López, a diez años de su desaparición cuando era testigo en el juicio contra Etchecolatz, al tiempo que reclamaron investigar “crímenes de lesa humanidad” de los soldados argentinos en la guerra por las islas Malvinas en 1982.

Además, expresaron su apoyo “a los docentes en reclamo por la paritaria nacional”, celebraron el avance de la Justicia en la causa que involucra al ex titular del Ejército, César Milani, con la represión y “delitos de lesa humanidad”, al tiempo que reclamaron al gobierno nacional “que cesen los intentos de remover” a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.