Venezuela en llamas
Asamblea denuncia golpe de Estado por parte del gobierno de Maduro
El máximo tribunal de Justicia publicó una sentencia en la que despojó a los diputados de sus facultades legislativas y declaró legal que los magistrados del Supremo asumiesen sus funciones.
Soldados de la Guardia Nacional impiden el paso de un grupo de diputados que protestan en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Foto: DPA
De la Redacción de El Litoral
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La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, calificó de golpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones legislativas con una polémica sentencia que otorgó al presidente Nicolás Maduro “todos los poderes”.
“Tenemos que llamar a eso de manera clara. Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ”, dijo el líder de la Asamblea, Julio Borges, quien acusó al presidente de haber ordenado la sentencia del tribunal.
“A la Asamblea le toca defender la Constitución, procurar que haya elecciones, más democracia y justicia”, insistió Borges, quien en una rueda de prensa en el palacio legislativo mostró una copia de la sentencia del TSJ y la rompió en pedazos. “No la acatamos”, puntualizó.
La noche del miércoles, el máximo tribunal de la nación publicó una sentencia en la que despojó a los diputados de sus facultades legislativas y declaró legal que los magistrados del Supremo asumiesen sus funciones.
Según los jueces, afines al presidente, mientras persista la situación de “desacato” y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del TSJ garantizará que las “competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”.
El fallo puso al rojo vivo la pugna de poderes y el progresivo desconocimiento de las facultades de la Asamblea, elegida en diciembre de 2015 y que cuenta con una mayoría opositora.
El TSJ ha declarado en desacato al poder Legislativo debido a que no desincorporó a tiempo a tres diputados de la región de Amazonas cuestionados por el oficialismo.
La oposición sostiene que la situación de los tres diputados no ha sido resuelta en más de un año por la Sala Electoral del TSJ, a fin de mantener en el tiempo la declaración de desacato.
La decisión del tribunal está contenida en una sentencia que autoriza al Ejecutivo a crear empresas mixtas petroleras, sin el aval del Legislativo, el cual, por ley, debe dar la aprobación a este tipo de operaciones.
Borges advirtió que, con el fallo, Maduro busca evitar el control de la Asamblea sobre los negocios petroleros para “entregarlos a sus amigos rusos, entre otros”.
“Este es un mensaje a las empresas que están firmando esos contratos: son nulos y cuando venga un cambio de Gobierno estas asociaciones estratégicas son nulas porque fueron otorgadas en contra de las leyes y la Constitución”, aseveró.
Además, indicó que el fallo justifica la petición en la OEA de activar la Carta Democrática en Venezuela. Esta semana la OEA celebró una sesión extraordinaria para tratar el caso venezolano, que fue rechazada por las autoridades en Caracas.
El secretario general del órgano hemisférico pidió aplicar la Carta Democrática, que implicaría la suspensión de Venezuela en la OEA.
El martes, el TSJ emitió otra sentencia en la que limita la inmunidad parlamentaria de los diputados. La oposición denunció que Maduro intentará encarcelar a los diputados tras acusarlos de traición a la patria por pedir la activación de la Carta Democrática.
Sobre esa sentencia, Maduro dijo que el TSJ le estaba otorgando “poderes especiales”, una facultad exclusiva de la Asamblea.
Borges recalcó que la Asamblea fue elegida por 14 millones de venezolanos en diciembre de 2015, una cifra histórica en ese tipo de votaciones, y anunció una serie de manifestaciones en repudio al Gobierno.
La decisión del Gobierno de Lima de retirar a su embajador fue adoptada después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tildara en Twitter de ‘inaceptable‘ el cierre de la Asamblea.
En una respuesta inmediata, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, rechazó lo que llamó un “apoyo grosero del gobierno peruano a los sectores violentos y extremistas de Venezuela”.
“Venezuela rechaza categóricamente comunicado injerencista del Gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana”, dijo la ministra en su cuenta en Twitter.
Macri llamó a “recomponer el orden democrático”
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y varios países de la región, entre ellos la Argentina, condenaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de disolver la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y volvieron a mencionar la necesidad de una reunión para decidir si suspenden a Caracas del organismo hemisférico.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la decisión que tomó el máximo tribunal de la nación, que despoja de de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y permite a los magistrados asumir las funciones legislativas.
“Son los últimos golpes con que el gobierno de Nicolás Maduro subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, aseveró el secretario general de la OEA, antes de reiterar la necesidad de una convocatoria al Consejo Permanente de la organización para invocar la Carta Democrática Interamericana.
Para Almagro, lo sucedido fue “un autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano”.
La invocación de la Carta Democrática puede acabar con la suspensión de Venezuela, como ocurrió en 2009 con Honduras, tras el golpe de Estado que sufrió el país centroamericano.
El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó su preocupación por la disolución del Parlamento y llamó a “recomponer el orden democrático en Venezuela”.
En una declaración emitida después de recibir en la Casa de Gobierno a Lilian Tintori, la esposa del encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López, el presidente pidió también que se cumpla con el calendario electoral del país caribeño.
En la misma linea, Estados Unidos aconsejó a Caracas cumplir con las “obligaciones hacia su pueblo y sus compromisos asumidos para la Carta Democrática”.
“Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que permita a la Asamblea Nacional elegida democráticamente ejercer sus funciones constitucionales, celebre elecciones lo antes posible y libere inmediatamente a todos los presos políticos”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, citado por la agencia de noticias DPA.
Por su parte, Brasil, acusó el TSJ de Venezuela de haber realizado “un claro rompimiento del orden constitucional” en el país por haber retirado las prerrogativas de la Asamblea Nacional, el parlamento venezolano.
El gobierno peruano fue un poco más lejos y además de condenar la decisión del TSJ, ordenó a su embajador en Venezuela retirarse “de manera definitiva” y el de chileno expresó su preocupación por el “agravamiento de la situación venezolana”.
“Lo que queremos es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta‘, subrayó el canciller chileno Heraldo Muñoz.
Asimismo, México manifestó su “profunda preocupación” por el desarrollo de la situación en Venezuela y ofreció su colaboración al pueblo y Gobierno de ese país para lograr el “restablecimiento del orden democrático”.
Del otro lado del Atlántico, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, subrayó que el “respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes es crucial para que el país logre un resultado pacífico de la actual difícil situación y recupere la estabilidad política”.
