Crónicas de la historia

Aquella Semana Santa de 1987

Treinta años después del amotinamiento militar de Semana Santa, es posible una evaluación histórica que tome cierta distancia de las inevitables pasiones que aquellos episodios despertaron en su momento. La evaluación es pertinente, porque en esta Argentina tan complicada, palabras como “Felices Pascuas” o “La casa está en orden”, palabras pronunciadas por Alfonsín en un contexto político y emocional muy preciso, fueron presentadas luego, en muchos casos por los mismos que se alzaron en armas, como sinónimo de mentira o claudicación.

Veamos. Para 1987, se sabía que la transición de un régimen militar a uno democrático provocaría tensiones y conflictos en algunos casos de difícil resolución. También se sabía que no se trataba de una transición más, sino de una experiencia que se proponía instalar la democracia “para nosotros, para nuestros hijos y nietos”, en un país que desde hacía por lo menos cincuenta años vivía condicionado por la presencia de las fuerzas armadas en el poder.

Las elecciones de 1983 inician este proceso de transición en el que el gobierno electo debía asumir el desafío de consolidar el Estado de Derecho, crear las condiciones culturales y políticas favorables a la democracia, juzgar los crímenes cometidos por el régimen militar y, al mismo tiempo, integrar a las fuerzas armadas en esa Argentina democrática. Enormes tareas a realizar sin otros recursos que la credibilidad y las convicciones.

El amotinamiento de abril de 1987 debe por lo tanto ser ubicado en ese contexto. Los militares que se alzaron en armas -conocidos luego como “Carapintadas”- lo hicieron invocando reivindicaciones en las que se mezclaban demandas de tipo “gremial” con exigencias políticas. Supuestamente, no querían dar un golpe de Estado, pero reclamaban al poder político cuestiones tales como la renuncia del comandante en jefe Ríos Hereñú y su reemplazo por un general que Alfonsín debería elegir a partir de una lista de cinco nombres propuesto por los amotinados. O sea que el presidente de la Nación debía elegir al jefe militar entre una lista de nombres presentada por hombres con la cara pintada y los fusiles en la mano. ¡Y después van a decir que no querían dar un golpe de Estado!

Exigían también una solución política que revisara lo actuado durante la lucha contra la subversión. Esto significaba reivindicar el accionar de los militares entre 1976 y 1983 y una ley de amnistía. Interesante. Rico y los suyos decían no defender a Videla y Massera pero reclamaban sus mismas soluciones: impunidad.

El tercer punto del petitorio pedía el cese de las campañas de “desprestigio” contra los militares por parte de los medios de comunicación. Interesante. Con candoroso desparpajo, los militares le exigían al presidente de la Nación que estableciera la censura. Así, de golpe y sin anestesia. Y porque a ellos se les ocurría.

Algunos de estos reclamos no eran desconocidos por el gobierno nacional. Por diferentes conductos y a través de reuniones formales e informales, se sabía de la disconformidad de los militares por los juicios contra los represores. La ley de Punto Final sancionada en diciembre de 1986 en lugar de pacificar los ánimos los exacerbó, porque como establecía un plazo para juzgar, los jueces se apresuraron con las citaciones y en algo más de un mes había cuatrocientos militares -cien de los cuales se encontraban en actividad- citados.

Que el malestar era público y notorio era algo que ni el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, ni el presidente Raúl Alfonsín desconocían. Precisamente, fue ese conocimiento lo que dio lugar a que se hicieran las consultas del caso para sancionar una ley que descomprimiera la tensión, una ley que luego se conocería con el nombre de “Obediencia debida” y que el 23 de marzo, casi un mes antes de Semana Santa, el presidente mencionó en un discurso pronunciado en la localidad cordobesa de Las Perdices. Corresponde añadir que esta ley estaba en sintonía con la promesa electoral de Alfonsín de juzgar a los militares atendiendo los diferentes niveles de responsabilidad.

O sea que para abril de 1987, el malestar entre los militares era conocido y el gobierno se esforzaba por encontrar una solución. Tarea complicada que exigía transitar por un delgado borde y asediado por los reclamos de los organismos de derechos humanos y la hostilidad de sectores militares y civiles que no vacilaban en presentarse como perseguidos, cuando no víctimas de la subversión internacional de la cual el gobierno radical era un dócil y complaciente instrumento.

El jefe del levantamiento, Aldo Rico, a lo largo de su posterior carrera política dio diferentes explicaciones acerca de lo sucedido. Según los interlocutores, se presentó como un héroe de Malvinas y un enemigo de los generales de escritorio; más de una vez juró y perjuró que nunca había pretendido dar un golpe de Estado; en otros momentos, reivindicó su condición de nacionalista y de hombre de acción que jamás dudaba en tomar decisiones ya que -como lo repitió muchas veces- la duda era una jactancia de los intelectuales.

Más allá de sus convicciones o del juicio que él nos merezca, lo que queda claro es que la decisión de Rico de levantarse en armas, de presentarse ante la sociedad armado hasta los dientes y con la cara pintada como anunciando su decisión de entrar en combate, era objetivamente golpista. Y lo era sobre todo en un país donde los militares se creían habilitados para decidir con las armas en la mano. O sea que no son los reclamos puntuales de los carapintadas los que definen su comportamiento golpista, sino el acto mismo de alzarse en armas y reclamar desde esa posición a un gobierno elegido por el pueblo.

En 1987 -y a menos de cuatro años de recuperada la democracia-, el levantamiento armado de Semana Santa no daba lugar a otro tipo de interpretación. Treinta años después, no hay motivo para pensar diferente. Quienes vivimos aquellas jornadas febriles también estábamos convencidos de que una vez más los militares intentaban imponer sus condiciones. La angustia en los rostros de la gente, las lágrimas de muchos, así lo atestiguaban.

Aldo Rico y sus cómplices se equivocaron en sus cálculos. Supusieron que el amotinamiento iba a contar con la adhesión de muchos militares y pronto descubrieron que estaban solos. El segundo error fue haber subestimado la respuesta popular. Habituados a imponerse por la fuerza, educados en el principio de que la violencia resuelve lo importante, no tuvieron en cuenta la movilización masiva.

Creyeron que eran protagonistas de un planteo militar más y no tuvieron en cuenta que el mundo había cambiado, la Argentina estaba cambiando y la gente no estaba dispuesta a admitir el retorno de las pesadillas militares del pasado.

La adhesión civil a las instituciones fue acompañada de una amplia y casi unánime adhesión política. El peronismo, la CGT, las entidades empresarias, los partidos políticos, los medios de comunicación de masas, se manifestaron a favor de la democracia. En el mundo -desde Reagan a Fidel Castro-, las adhesiones al orden constitucional fueron mayoritarias. El problema de Alfonsín pasó a ser ya no el de resistir un golpe de Estado sino el de cómo encontrar una solución sin derramamiento de sangre, cómo reducir el motín sin apelar a la represión. Ironías de la vida: ya no había que combatirlo a Rico, sino cuidarlo.

Atender esos desafíos en los que el poder político no debe ceder al poder militar, pero al mismo tiempo debe dejar abiertas algunas variables de acuerdo, decidir en situaciones de riesgo sin perder la calma, distinguir lo importante de lo secundario, es lo que diferencia a un estadista de un diletante. Poner la casa en orden, es lo que se propuso Alfonsín en esas horas de incertidumbre y angustia, y lo logró. Fue, como escribiera Facundo Suárez Lastra en una impecable nota en La Nación, su hora más gloriosa.

(Continuará)

por Rogelio Alaniz

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Atender esos desafíos en los que el poder político no debe ceder al poder militar, pero al mismo tiempo debe dejar abiertas algunas variables de acuerdo, decidir en situaciones de riesgo sin perder la calma, distinguir lo importante de lo secundario, es lo que diferencia a un estadista de un diletante.