Rogelio Frigerio, ministro de Interior
“No les damos órdenes a los jueces”
El gobierno nacional impulsa en el Congreso una ley para acotar los efectos del fallo de la Corte que aplicó el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Mañana habrá marchas de repudio en todo el país.
Rosatti, Maqueda, Highton, Lorenzetti y Ronsenkrantz votaron divididos. Pero la Corte ya había resuelto en el mismo sentido en 2013. Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
DyN/Télam
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, advirtió hoy que “el gobierno no le da órdenes a la Justicia”, al tiempo que enfatizó que están en desacuerdo con el fallo que beneficio con la llamada ley “2x1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
En tanto, el gobierno decidió impulsar un proyecto de ley en el Congreso para morigerar los efectos de ese fallo, criticado por organismos de derechos humanos y que será repudiado en una marcha prevista para mañana en la Plaza de Mayo.
El proyecto iba a ser presentado hoy por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en la Cámara Alta. La iniciativa intenta morigerar los alcances de la resolución de la Corte, que falló en favor de otorgar el beneficio al represor Luis Muiña, condenado por torturas en el hospital Posadas. Pinedo buscará acordar su tratamiento con el peronismo.
El proyecto, de apenas dos artículos, establece en el primero de ellos: “El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390 (del 2 por 1) será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia”. Es decir, entre 1994 y 2001, período en el que casi no había militares detenidos en este tipo de causas, ya que estaban alcanzados por las leyes de obediencia debida y punto final.
“No nos sorprende”
Frigerio, por su parte, sostuvo que “no nos sorprende que nos acusen en algo que han hecho ellos durante todo este tiempo”, al referirse a las críticas del kirchnerismo y otros sectores de la oposición, que vincularon al gobierno macrista con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y añadió que “así se han manejado durante 12 años”.
“No nos sorprende que nos acusen de eso, porque así se han manejado durante 12 años, imponiéndole cosas a la Justicia, intentado darle órdenes a la Justicia”, insistió Frigerio en declaraciones a Radio Mitre. A lo que contrastó que el gobierno piensa “exactamente todo lo contrario”, es decir, “en la división de poderes, en que la Justicia y el Congreso son poderes independiente de la República”.
Tal como lo hizo ayer, Frigerio sostuvo que el gobierno “no está de acuerdo con el fallo” de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable el beneficio “2x1” en el caso del represor Luis Muiña.
Las declaraciones del titular de la cartera política se dan un día antes del acto convocado por organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales a la Plaza de Mayo para repudiar la decisión del máximo tribunal.
Mañana desde las 18, además, habrá marchas en diversas provincias. En nuestra ciudad, los organismos de derechos humanos convocan a una concentración en la Plaza del Soldado Argentino bajo la consigna: “Señores jueces: Nunca más. Ningún genocida suelto”, informó el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia.
Con Cristina también
La Corte Suprema de Justicia ya había validado, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la aplicación del beneficio del “dos por uno” para represores de la última dictadura militar.
Según indicaron a la agencia DyN fuentes judiciales, el máximo tribunal se pronunció en favor de la aplicación del beneficio en 2013 en dos recursos diferentes donde -sin embargo- los jueces no analizaron el fondo de la cuestión.
El dato llamó la atención en medio de las críticas que recibió el fallo en favor del represor Luis Muiña y luego de que la ex presidenta Fernández dijera que durante su gobierno eso no pasó, añadieron las fuentes.
El caso que se reflotó fue el de Julio Simón, alias “El Turco Julián”, uno de los primeros represores en ser condenados cuando se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El 6 de agosto de 2013 la Corte declaró “inadmisible” el “recurso extraordinario” que había presentado la Procuración General para evitar la reducción de la pena del represor Antonio Herminio Simón, en el marco de la causa conocida como “Contraofensiva Montoneros” que llevó adelante el juez federal Ariel Lijo.
Si bien en ese caso la Corte no dijo nada sobre el fondo de la cuestión, la consecuencia del fallo fue que quedó firme el cómputo de “2x1” que reducía la condena, indicaron fuentes judiciales.
En tanto, en octubre del mismo año la Corte también se remitió a un pronunciamiento de la Procuración General para revocar por “arbitraria” una sentencia que no había hecho lugar al reclamo de un represor para que se modificara el cómputo de pena y la aplicación ultraactiva (automática) de la ley vigente al momento del hecho (artículo 24 del Código Penal, en función del artículo 7 de la ley 24.390).
La Corte de Justicia de Salta declaró formalmente inadmisible el recurso de casación en el entendimiento de que no concurrían siquiera extremos excepcionales de arbitrariedad que habilitaran esa vía de impugnación, pero la Procuración dio vía libre al recurso y contó con el respaldo de la Corte Suprema. En aquel momento la decisión contó con el respaldo de Ricardo Lorenzetti, Raúl Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Petracchi y la disidencia de Carmen Argibay. El fallo es parte de la jurisprudencia citada por el juez Horacio Rosatti en los fundamentos de su voto en el caso de Luis Muiña.
Brusa
Los abogados del ex juez federal Víctor Brusa y de María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad, solicitaron el beneficio del 2x1 para sus clientes. También lo hizo el del ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, condenado a cadena perpetua en la llamada causa Feced.
repercusiones
En el Congreso
Diputados de diferentes bloques de la Cámara buscarán en la sesión prevista para mañana repudiar el fallo de la Corte, al tiempo que comienzan a tomar forma iniciativas para promover el Juicio Político a los tres integrantes del máximo Tribunal que votaron a favor (Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco) y para aclarar, en un intento por construir una herramienta jurídica, los alcances del polémico cómputo de penas
En la ONU
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos. “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló el representante del Acnudh para América del Sur, Amerigo Incalcaterra.
En San Juan
El tribunal oral federal de San Juan dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del dos por uno para delitos de lesa humanidad. Los jueces federales Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña acogieron la opinión del fiscal federal Francisco Maldonado que se había opuesto a la libertad que había pedido Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados. El fiscal entendió que la aplicación de ese beneficio viola la Constitución porque vulnera el derecho a la verdad y los pactos internacionales que comprometen a la Argentina. Los jueces del tribunal oral federal de San Juan le dieron la razón. Dijeron que el fallo de la Corte no aborda el problema de la constitucionalidad y que sólo cabe para el caso de Luis Muiña.
