“Sobornos por 12 años”
- El fiscal Delgado investiga una millonaria adjudicación a Odebrecht durante el gobierno “K”. Dijo que había un “sistema institucionalizado” para obtener contratos con coimas.
De la redacción de El Litoral
DyN
El fiscal federal Federico Delgado advirtió hoy que el escándalo de corrupción vinculado al pago de coimas y sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht afecta “al sistema político-empresario en su conjunto” en el país.
De las tres causas a Odebrecht en Comodoro Py, Delgado interviene junto al juez Sebastián Casanello en el expediente que investiga la adjudicación durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de una planta potabilizadora de AySA por más de 2.200 millones de pesos.
“Acá se mezclan la dirigencia política, que ocupaba los roles de gobierno y tenía la posibilidad de firmar los contratos en nombre del Estado, y las empresas privadas que están en la lista de contratistas del Estado”, sostuvo Delgado en declaraciones a radio Con Vos.
El fiscal, que entre otras causas investiga el posible pago de coimas al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, afirmó además que “en la Argentina, en general, se mezclan la política con los empresarios”, y dijo que “algunos políticos tienen una relación anómala” con ese sector.
“Como es un sistema informalmente institucionalizado a través del cual las empresas consiguen por sobornos obras públicas, esto se desarrolló por 10 ó 12 años, esto atrapa al sistema dirigencial en su conjunto”, añadió.
En ese marco, advirtió que el actual gobierno podría estar vinculado a esa causa a través del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra adjudicada por el gobierno de Cristina Fernández y a su vez “el único contrato que está en ejecución y tuvo algún movimiento el año pasado”, ya con Macri como presidente.
Aclaró que eso “es una especulación” porque no tiene esa investigación a su cargo. “El resto son obras más viejas, que si es que afectan, sería al gobierno anterior”, señaló. Por último, explicó que la Argentina no puede hacer un acuerdo como el que hizo Brasil para lograr el aporte de datos de los empresarios vinculados a cambio de inmunidad judicial, aunque estimó que el hecho de descubrirse la mecánica implementada por la empresa en ese país es una ventaja para la investigación local. “Nosotros sólo tenemos que colocar las piezas del rompecabezas. Vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias”, expresó.
Jaime
Tras la visita a Washington del ministro de Justicia, Germán Garavano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió al juez federal Marcelo que Martínez de Giorgi, quien había pedido por exhorto el año pasado algunos datos del caso Odebrecht y el contrato por el soterramiento del Sarmiento durante el gobierno “K”. Las pruebas -copias de correos electrónicos- involucrarían al principal asesor de Jaime, el también detenido Manuel Vázquez, y Mauricio Couri Ribeiro, directivo de Odebrecht en la Argentina. Ocaña había formulado la denuncia en base a informes de la policía brasileña.
Instancia clave en Nueva York
La Cámara de Apelaciones de Nueva York escuchará a los abogados que representan a la Argentina en la demanda iniciada por un fondo buitre contra el país. Burford Capital compró la quiebra de dos empresas españolas propiedad de la familia Eskenazi, que detentaban el 25 % de títulos de YPF y que quebraron tras la estatización del 51 % de las acciones de la petrolera por parte del kirchnerismo.
La estrategia del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Farías, es que el caso se dirima en tribunales argentinos por tratarse de una ley de expropiación y no de una negociación entre privados. Burford Capital compró a los Eskenazi los derechos de la quiebra en unos 14 millones de dólares pero demanda por acciones que habrían cotizado no menos de 3 mil millones de dólares.
El país contrató en Nueva York al Estudio Skadden para convencer a la jueza Loretta Preska que el caso debe dirimirse en la Argentina. La Nación dice hoy que dentro del macrismo hubo reproches al subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas, Eugenio Bruno, quien tenía la responsabilidad de monitorear el juicio hasta el viernes pasado.
El país busca demostrar que el grupo Petersen entró irregularmente -de la mano de Néstor Kirchner- a la empresa Repsol. Sobre ese tema es que había pedido intervenir el financista Aldo Ducler ante la Unidad de Información Financiera, antes de fallecer en la vía pública. Su hijo -que denunció amenazas contra su vida- podría sin embargo aportar datos a la causa.
El juez federal Ariel Lijo tiene desde hace años una investigación abierta por el ingreso del Grupo Petersen a YPF, por denuncia de Elisa Carrió. También existen denuncias del ex diputado Mario Cafiero contra el propietario del Banco de Santa Cruz.
