La impunidad republicana: la repetición de los crímenes
Agustín Zbar (*)
Hace tres años la Argentina amanecía conmovida por un crimen que impactó de lleno en la escena local e internacional. Alberto Nisman, el fiscal federal que durante diez años tuvo a su exclusivo cargo la investigación por el atentado terrorista contra la AMIA, era hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero.
Pocos días antes había hecho pública una denuncia que conmovió la agenda política y judicial: a lo largo de 289 páginas describió la existencia de “un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa AMIA, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina”.
La presentación que Nisman efectuó, originariamente ante el juez Ariel Lijo, también sostenía: “Esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
A fines del año pasado, el juez federal Bonadio, que actualmente lleva adelante la causa originada en esta denuncia, dispuso una serie de medidas, oportunamente conocidas, que incluyeron pedidos de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, procesamientos y detenciones inmediatas, las cuales nos llenaron de asombro y alarma.
Desde hace ya casi 24 años, nos venimos enfrentando a noticias, en cuyos titulares la causa AMIA aparece rodeada de fuertes denuncias, planteamientos a veces insólitos, y en otros casos plausibles, intentos de encubrimiento, y maniobras de desviación. Novedades, casi siempre, que sólo pudieron tomar cuerpo, al menos por algún lapso, ante la ostensible falta de una Justicia efectiva sobre “la causa principal”: la bomba que explotó en Pasteur 633, el 18 de julio de 1994, asesinando 85 ciudadanos, e hiriendo a más de 300. Esta ha sido, sin dudas, la más terrible de las omisiones, la mancha de impunidad que marca nuestra vida democrática como una impunidad republicana.
Si los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y contra la AMIA, no hubieran conocido tan de cerca el cabal significado de la impunidad, no tendríamos hoy que conmemorar un aniversario más de la muerte del fiscal. Un muerto más en el hueco de la impunidad republicana.
La impunidad llama a la repetición de los crímenes. Cada crimen impune que se produce en la Argentina es un daño letal a la Justicia, una herida profunda a la vida republicana que anhelamos. Una contradicción insoportable, un oxímoron: impunidad republicana.
Resulta imposible construir una República sin un Poder Judicial que logre enfocar su atención, poner luz sobre los crímenes que se cometen y castigar a los responsables.
La impunidad de cada caso es un peso insoportable para toda la sociedad, y la impunidad sistemática una grave mella para la democracia constitucional.
En la masacre de la AMIA sabemos la verdad; está en la investigación de los fiscales que, honrando su trabajo, se jugaron todo por esta causa, contra muchas adversidades, con errores y aciertos, arriesgando sus carreras y su libertad personal (Mullen, Barbachia) y hasta entregando la vida: Alberto Nisman. Hasta allí llegamos; no es poco pero es insuficiente.Es de esperar que el avance de la investigación por la muerte del fiscal vaya abriendo otras vías, que lleven a esclarecer y castigar a los responsables de su muerte, y del crimen de lesa humanidad de la AMIA.
Hoy, a tres años de su trágica desaparición, los argentinos honramos su memoria, su función en la magistratura y su compromiso. Y renovamos el clamor para que la verdad salga a la luz, se castigue a todos los responsables de su asesinato, y comencemos a poner fin a la impunidad republicana.
(*) Presidente de la AMIA
