Pese al receso de enero

El polémico DNU ya está en el Congreso

El instrumento apunta a la desburocratización y simplificación de trámites en el Estado. Lo debe considerar la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que aún no designó autoridades. Apoyos y defensas.

Redacción de El Litoral

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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 de Desburocratización y Simplificación del Estado, firmado el 10 de enero pasado, ingresó ayer al Congreso Nacional, para su tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El instrumento -cuestionado por la oposición- incluye un conjunto de más de 40 normas para reducir los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que habilita nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad.

De acuerdo con la legislación vigente, a partir de ahora la comisión tiene diez días hábiles para emitir dictamen y luego girarlo para que sea debatido en cada Cámara.Si se respetaran esos tiempos parlamentarios, el DNU podría ser discutido en la Bicameral durante la primera semana de febrero, pero recién sería llevado al recinto luego de que el presidente Mauricio Macri inaugure el Período Ordinario de Sesiones, el 1 de marzo próximo.

Fuentes parlamentarias indicaron que la intención es reunir a la Comisión el martes 6 de febrero.Sin embargo, voceros del Interbloque Cambiemos indicaron a Télam que, como el plazo para tratar el DNU se cumplirá el jueves 8 de febrero, y teniendo en cuenta que la semana siguiente es corta debido a los feriados de Carnaval, no descartaban que la discusión se traslade a la semana que va del 19 al 23 de ese mes. La decisión final, de todos modos, estará en manos del oficialismo, ya que cuenta con la mitad de los integrantes de la Comisión y su presidente será, según lo acordado con la oposición, el jefe de la bancada de Cambiemos en la Cámara alta: Luis Naidenoff.

El lunes se conoció la conformación nueva de la Bicameral que contará con ocho oficialistas (cinco por Diputados y tres por el Senado), cuatro integrantes del Justicialismo, tres del kirchnerismo y uno del Partido Renovador de Salta.

La norma, publicada el 10 de enero pasado con la firma del presidente Mauricio Macri y ministros, fue cuestionada por la oposición porque introduce más de cien modificaciones en leyes y decretos, según señalaron desde distintos bloques.

Esa posición llevó esta semana a un grupo de diputados nacionales del Frente Renovador a presentar ante la Justicia un planteo de inconstitucionalidad del DNU, por considerar que altera las reglas del Estado de derecho. “Mediante este instrumento se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”, argumentó la titular del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño. Junto a ella concurrieron al Palacio de Justicia los diputados Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.

De acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional, a partir de su reforma de 1994, y por su reglamentación a través de una ley dictada en el 2010, durante la gestión kirchnerista, una vez que el DNU es debatido en el seno de la Bicameral, debe ser tratado tanto en Diputados como en el Senado. En ese marco, sólo puede ser derogado un proyecto cuando las dos cámaras expresan su rechazo, con una mayoría simple, es decir con el voto de la mitad más uno de los presentes en el recinto, una vez reunido el quórum reglamentario.

Críticas del GEN

El GEN - Santa Fe cuestionó el DNU afirmando que con la firma por parte de Macri “dio una muestra más del poco apego que el gobierno que él conduce tiene por las instituciones y principios republicanos”.

El presidente de GEN Santa Fe, Fabián Peralta, aclaró que “el dictado de DNU como forma de saltear el normal funcionamiento que debería tener el Congreso Nacional es un tema de larga data en nuestro país desde la vuelta de la democracia” y recordó que la incorporación en la reforma constitucional de 1994 tenía por objeto delimitar el ejercicio de dichas facultades condicionándolas al estricto cumplimiento de determinados requisitos, siendo el más importante la necesaria fiscalización del Congreso como órgano de contralor.

Peralta recordó que durante la reglamentación de esa norma, en 2010, siendo diputado nacional propusieron limitación de esa facultad. “La coherencia es en nuestro partido algo fundamental, y así como propulsamos esta limitación en 2010 es que denunciamos ahora la inconstitucionalidad de este DNU, metodología que como decía Margarita Stolbizer en 2010 ‘desnaturaliza la soberanía, el sentido de la representación y el sentido de la voluntad popular, expresada a través del gobierno que establece nuestra Constitución, que es el de la democracia representativa”.

El GEN Santa Fe sumará voces y firmas a la presentación que hará en febrero Stolbizer como presidenta de la ONG Bajo La Lupa, con el patrocinio de Silvina Martínez, cuyo objeto es “solicitar a la justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.