Hay 13 candidatos

Arrancan las elecciones presidenciales en Costa Rica

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Simpatizantes del candidato Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, ondean sus banderas en un acto cumplido ayer sábado. Foto: Agencia EFE

 

Ernesto Ramírez

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DPA

En Costa Rica comenzaron hoy las elecciones presidenciales y legislativas, en un ambiente de incertidumbre en torno al resultado final, debido a que los últimos sondeos apuntan a la posible necesidad de convocar una segunda vuelta.

Los costarricenses que acudan a las urnas podrán elegir a un nuevo presidente de la República, dos vicepresidentes y 57 diputados a la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó que las más de 6.600 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país abrieran a partir de las 6 locales y su cierre será 12 horas más tarde.

Los comicios de hoy, los número 24 en la historia republicana del país, se realizan en condiciones muy particulares. Los sondeos previos indican que el país podría ir a una segunda ronda el 1 de abril (domingo de Resurrección), pues ninguno de los 13 aspirantes a la presidencia alcanzaría el mínimo del 40 por ciento requerido para ganar la primera magistratura en la jornada de este domingo.

Por otro lado, la contienda electoral estuvo marcada por el ascenso, vertiginoso en el último mes, de un predicador evangélico, Fabricio Alvarado, quien utilizó un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 9 de enero, que ordenó a sus Estados miembros, entre ellos Costa Rica, garantizar los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), incluido el matrimonio.

Siendo Costa Rica un país bastante conservador, el dictamen del tribunal desató pasiones y la posición de Alvarado, un periodista y cantante de música cristiana contraria al fallo y contraria a otorgar ese derecho, fue secundada por otros importantes candidatos, salvo el oficialismo.

La polémica pareció favorecerle a Alvarado, considerado un fundamentalista religioso, pues en menos de un mes pasó de los últimos lugares a encabezar los sondeos.

Igual fenómeno sucedió con un abogado, Juan Diego Castro, a quien sus adversarios califican como populista y hombre de mano dura, quien con su verbo encendido no ha vacilado en calificar de “corruptos” a los principales partidos tradicionales, incluido el oficialista Acción Ciudadana, y prometido golpear sin clemencia a la delincuencia, llevar a la cárcel a los deshonestos en la función pública y arremeter contra medios de prensa que no comulgan con sus posiciones.

En vísperas de los comicios, Fabricio Alvarado, del Partido Integración Nacional, el empresario Antonio Álvarez Desanti, del socialdemócrata Liberación Nacional, principal fuerza de oposición y la agrupación que mas ha gobernado el país en el último medio siglo, Carlos Alvarado, del oficialismo, lideraban en ese orden las principales encuestas, seguidos de Castro, y del socialcristiano Rodolfo Piza.

Problemas internos

Pero Costa Rica tiene, en el marco de estos comicios, problemas que angustian a su población.

La penetración del narcotráfico ha llevado al país por caminos de violencia, con una verdadera guerra entre bandas locales, cuya radiografía es la creciente ola de asesinatos, en diversos puntos del territorio, por pugnas entre estos grupos. Sólo el año pasado, los aparatos policiales se incautaron de unas 30 toneladas de cocaína.

Además del clima de inseguridad provocado por el aumento de la delincuencia, el país viene siendo golpeado desde hace más de una década por un elevado déficit fiscal, que en el 2017 superó el 6,7 por ciento, uno de los más altos de América Latina.

El Banco Central advirtió, en vísperas de las elecciones, que ese desfase, si el país sigue por el mismo rumbo, podría llegar a 7,1 por ciento este año y a 7,9 por ciento en el 2019.

Ese desbalance entre ingresos y gastos genera enorme preocupación entre las autoridades económicas, en medio de tesis encontradas entre los principales partidos políticos, que exigen al Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís recortar, en forma drástica, el gasto público antes de aprobar un paquete fiscal.