Caso del Unimog

“El juicio a Zancada y Fumo es la punta de un ovillo más enrevesado”

Lo aseguraron los abogados querellantes Ramseyer y Ghío. Ambos criticaron la resolución del Tribunal de Cuentas que aprobó la operación y archivó el expediente.

Gustavo Capeletti

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Agencia Reconquista

La elevación de juicio de la causa penal que se tramita contra el ex director de Agricultura Familiar de la provincia, Pablo Zancada, y el contador interventor de la cooperadora de la Estancia Las Gamas, Roberto Fumo, trajo aparejado un cúmulo de declaraciones públicas, nuevas denuncias y pedidos.

Luego de que, la semana pasada, los imputados por graves delitos por la compra del Unimog mediante un subsidio oficial triangulado mediante la comunidad aborigen de Los Laureles (Dpto. Obligado) defendieran su posición alegando que pudieron existir fallas administrativas, “pero no delitos”, ahora los apoderados legales del denunciante Nicolás Paniagua, coordinador de la Comunidad Aborigen Cacique Colashi, denunciaron públicamente la actuación de la Sala II del Tribunal de Cuentas.

Sorprendidos

En diálogo con este diario, los doctores Andrés Ghío y Andrés Ramseyer manifestaron que “el envío a juicio de Pablo Zancada y Roberto Fumo comienza a despuntar el hilo de un ovillo más enrevesado”, pues a pesar de las “contundentes e innegables” evidencias de cargo por los delitos atribuidos a los mismos (defraudación a la administración pública, peculado, malversación de fondos públicos, uso de documento privado falso, abuso de autoridad), “sorprendentemente la Sala II del Tribunal de Cuentas de la provincia resolvió aprobar la cuenta y archivar el expediente”.

Para los profesionales, ello “no implica eximir de responsabilidades penales ni administrativas a los cuentadantes ni a terceros, lo que no podrían hacer por otro lado”, aunque “nos resulta sorprendente la aprobación dadas las serias irregularidades en el trámite del subsidio, desde su gestación hasta la rendición del mismo”.

Dicha resolución ha sido impugnada por las “serias y graves irregularidades” que a simple vista surgen del expediente tales como que “el monto dinerario del subsidio se depositó en la cuenta personal del señor Calixto Paniagua, y no en una cuenta bancaria de la comunidad aborigen, única destinataria y beneficiaria del subsidio”, advirtieron.

Rendición

Con relación a ello, agregaron que el subsidio e importe depositado fue de $478.000, de dicha suma fueron retirados por Calixto Paniagua la suma de pesos $428.000, de lo surge que “entonces quedó en la cuenta la suma de $50.000 que fueron retirados por Orlando y Calixto Paniagua”.

La Sala entendió que se rindió el subsidio con una factura de compra de la unidad de $448.000, y se completó el importe con “otras facturas” que completaron el importe del subsidio, pero sorprendentemente “la primera factura de una empresa de Río Cuarto (Córdoba) fue observada por el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado por no cumplir los requisitos fiscales exigidos por la Afip” y pidió reemplazarla a la brevedad, precisaron.

Sobre ese punto polémico, los abogados se preguntaron cómo puede ser que en tono imperativo se ordene “reemplazar a la brevedad una factura trucha” para luego en forma “fresca y liviana aceptar la supuesta factura reemplazante”, la que también según pruebas que constan en la causa penal también “adolece de graves vicios y falsedades”.

Pero, además, la segunda factura reemplazante presentada es de otra firma cuyo “abogado ha declarado que en la fecha de la segunda factura la sociedad emitía facturas electrónicas y literalmente dice que fue adulterada”. Aún con todo eso en contra, la Sala declaró que “la factura confeccionada en forma manual, está encuadrada en las normas fiscales porque no es observada”.

Menoscabo

Por otra parte, aseveraron que el Tribunal de Cuentas “en ningún momento constató que el vehículo haya sido recibido por la Comunidad Aborigen Cacique Colashi, y sólo se limitó a ‘pensar’ que estuvo a su nombre, lo que tampoco ocurrió”. Porque lo cierto, es que dicho vehículo “jamás estuvo en la localidad de Los Laureles y mucho menos a disposición de la comunidad mencionada”, dijeron.

En esa línea, apuntaron más críticas a afirmar que “no ha tenido en cuenta la Sala que se realizó una transferencia a una persona física a título oneroso lo que a nuestro entender impediría la aprobación”,

Por todas estas razones, hemos recurrido la medida adoptada por el Tribunal de Cuentas denunciamos que “la maniobra perpetrada ha menoscabado y dañado en forma permanente a la comunidad aborigen, en su íntegra armonía”.

En fin, se vislumbra para el juicio una “saga que parece recién empezar. Lo importante es que por las personas involucradas en el viejo sistema penal no creemos que se hubiera podido avanzar, motivo para celebrar del nuevo sistema de enjuiciamiento penal”, culminaron los letrados.