San Javier

Imputan a los detenidos por el ataque a un concejal

Cinco personas, miembros de una misma familia, permanecen tras las rejas por apuñalar a José Gómez Iriondo frente a un importante número de testigos.

Redacción de El Litoral

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Cinco personas permanecen privadas de la libertad, acusadas por la agresión armada de la cual fue víctima el concejal de la ciudad de San Javier, José Gómez Iriondo, ocurrida el viernes tras un partido de fútbol 5 y delante de numerosos testigos.

Este lunes, previo a la realización de la audiencia imputativa, la fiscal Rosana Marcolín adelantó que atribuirá a los cinco detenidos la coautoría del delito de “homicidio calificado por la participación premeditada de dos o más personas, en grado de tentativa”.

En tanto, informó que la víctima se encuentra “en estado crítico”, alojado en el hospital José María Cullen de la capital provincial. También manifestó que como resultado de la lesión sufrida “se le extirpó uno de los riñones” y que “pudo ser dialisado recién el domingo a la tarde”.

Testigos

“Peque”, como se lo conoce a Gómez Iriondo en San Javier, participó de un fútbol 5 con amigos el viernes, en un local ubicado en las inmediaciones de la avenida Poeta Julio Migno y la calle Hermana Carina.

“El hecho ocurrió el viernes por la noche en un lugar público”, reiteró la fiscal, que destacó los “numerosos testigos” con los que cuenta la investigación, dado que “todos coinciden en la mecánica del hecho”.

Gracias a las declaraciones de quienes el viernes presenciaron el momento en el cual un grupo de personas -serían cinco- embistieron contra Gómez Iriondo y uno de ellos asestó una puñalada en la zona de los riñones, la fiscalía considera que “tenemos elementos contundentes” como para adelantar que solicitarán la prisión preventiva.

Burlas a la fiscal

Además, la Dra. Marcolín denunció públicamente que “el domingo, cuando se realizó la audiencia de control de detención” el juez penal Jorge Patrizi “tuvo que poner orden” en la sala, dado que “hubo burlas” y “miradas amenazantes por parte de los imputados”, situación que “es la primera vez que me ocurre”, destacó la funcionaria del MPA. Para la fiscal, dicha conducta refractaria al proceso será “un elemento a tener en cuenta en cuanto al entorpecimiento probatorio” a la hora de tratar la prisión preventiva.

Por otra parte, informó que “la víctima ya había sido amenazada por esta familia a través de las redes sociales”, que incluso “se había realizado una denuncia en la cual había tomado intervención el fiscal (Jorge) Nessier” y que había una persona “imputada por amenazas”. También agregó que dichas amenazas tuvieron como destinatarios no sólo al propio Gómez Iriondo sino a su familia.

Conflicto previo

Para referirse a los motivos que generaron la agresión, la fiscal dijo que existía “un conflicto previo” que “tiene que ver con la intimidad de la víctima”. Por contrapartida, descartó de plano que el evento tenga relación con su vida política e institucional.

“Entiendo que no corresponde causar más sufrimiento a la familia”, expresó la Dra. Marcolín y continuó, “es por eso que simplemente hablaré de un conflicto previo que tiene que ver con su intimidad (...) pero sí tengo que decir que esto es el desenlace de un conflicto que se inició en diciembre por parte de la familia (ahora detenida) y la víctima”.