Por favorecer a “ahorristas” del 2001
Citan a indagatoria al juez Federal Reinaldo Rodríguez
El juez federal Francisco Miño lo convocó para el viernes 6 de abril. El fiscal Walter Rodríguez le atribuye el presunto “fraude a la administración pública”, “prevaricato” y “violación de los deberes de funcionario público” por hechos denunciados en 2005 por el Ministerio de Economía.
El Tribunal Oral Federal solicitó en octubre del año pasado la apertura de una investigación para determinar si existió delito o no.
Foto: Archivo/Flavio Raina
Juliano Salierno
El juez Federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez, fue citado para prestar declaración indagatoria, por una vieja causa en la que se presume, habría favorecido a “ahorristas” que quedaron atrapados en el corralito financiero del 2001 y que mediante un recurso de amparo en jurisdicción santafesina lograron cobrar bonos sin pesificar.
Su par, el juez Federal Nº 2, Francisco Miño, lo convocó a prestar declaración para el viernes 6 de abril próximo, informaron fuentes tribunalicias. El llamado a indagatoria se conoció este jueves, momento a partir del cual el magistrado pidió licencia, por lo que ya no estaría cumpliendo con sus funciones habituales en el juzgado de calle 9 de Julio y Monseñor Zazpe.
La medida, que desató una crisis interna en el Fuero Federal local, fue solicitada el 9 de febrero último por el Fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, quien encuadró el caso bajo las figuras delictivas previstas en los artículos Nº 174 -inciso 5-, 248 y 269 del Código Penal Argentino, referidas al “fraude a la administración pública”, “prevaricato” y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
El pedido formulado por el fiscal Rodríguez tiene como correlato las actuaciones tramitadas ante el Tribunal Oral Federal (TOF), en un juicio celebrado en octubre del año pasado, en el cual fueron condenados por defraudación al Estado Nacional un ingeniero y un abogado porteños.
La denuncia
Allí, el tribunal integrado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, ordenó al fiscal de la baja instancia iniciar una investigación por la supuesta incursión del magistrado en una maniobra para pagar bonos de la deuda pública a la cotización del dólar histórico en época del “corralito”.
Fue el fiscal General, Martín Suárez Faisal, quien durante su alegato final en el juicio, solicitó la apertura de otra investigación. El planteo se produjo ante la clara sospecha de una maniobra defraudatoria para con el Estado nacional.
Previamente, durante el proceso sustanciado el año pasado, se ventiló una denuncia radicada el 21 de octubre de 2005 por el entonces subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, en la que se ponía de manifiesto el accionar delictivo.
La sentencia del 19 de octubre de 2017, mediante la cual fueron condenados a dos años y diez meses de prisión en suspenso el ingeniero Miguel Gustavo Dubarry y su abogado Carlos Mario Clerc, reflotó una vieja deuda que llevó al Consejo de la Magistratura de la Nación a aplicar un apercibimiento en 2007 al juez Reinaldo Rodríguez.
Dubarry y Clerc fueron condenados por defraudación, por haber cobrado en 2005 la suma de $649.023,66, gracias a un recurso de amparo concedido por el juez Federal N167 1. El pedido realizado por el fiscal Suárez Faisal, apunta además a un grupo de abogados porteños denominado “los Cuntos”, quienes habrían tramitado nueve expedientes en el juzgado de Rodríguez para saltar el “corralito” de 2001.
Las preguntas del fiscal
Tal como se informó el año pasado tras el dictado de la sentencia, el fiscal General Martín Suárez Faisal planteó ciertos interrogantes en su alegato de clausura, que pusieron el acento en la responsabilidad funcional del juez Reinaldo Rodríguez que firmó los amparos.
“¿Por qué vinieron a Santa Fe?” (en referencia a los amparistas porteños), fue la pregunta que se hizo el fiscal, quien respondió en forma retórica que “buscar esa respuesta no es difícil”.
“La respuesta es porque Clerc y sus demás socios criminales, que como escuchamos en esta audiencia son los abogados Cunto y Carnemolla por lo menos, un grupo a los que en el juzgado los empleados y funcionarios los conocían como ‘los Cuntos’, conocían al magistrado que por el turno judicial que habían elegido para presentar la acción, iba a tomar intervención en ese amparo”.
Para sostener esa relación de conocimiento mutuo entre abogados de una jurisdicción extraña y el juez Rodríguez, la fiscalía aportó una lista de llamadas telefónicas suministradas por la empresa Telecom y que establece contactos antes y durante la firma del amparo, entre el teléfono fijo del abogado Clerc en Capital Federal y el teléfono del domicilio particular del juez en la ciudad de Santa Fe.
Además, toma relevancia la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, en el marco del expte. Nº 412/2007 que tramitó la Comisión de Disciplina y Acusación de ese órgano, y que se leyó en el debate.
De allí, se desprende que “tanto Clerc como otros dos colegas matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -u otros colegios profesionales de la prov. de Buenos Aires-, iniciaron nueve causas casi idénticas ante este juzgado, y solicitaron medidas cautelares invocando razones de urgencia relativas a la salud o edad avanzada de los amparistas, aun cuando todos ellos habían adquirido los títulos con posterioridad a la declaración de la cesación de pagos y al dictado de las normas que la determinaron”. Según explica el fallo “estas personas, domiciliadas en Buenos Aires, obtuvieron del Juzgado Federal Nº 1 resoluciones judiciales que les posibilitaron su recupero a valor dólar en el mercado libre de cambios”.
La punta del ovillo
El ingeniero Miguel Gustavo Dubarry y su abogado Carlos Mario Clerc fueron condenados el 11 de octubre en su carácter de autor y partícipe necesario respectivamente de “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública”, por haber logrado el cobro de bonos adquiridos al Estado nacional a mediados de 2003, salteando leyes, resoluciones y decretos dispuestos como consecuencia de la crisis de 2001. El 29 de septiembre de 2004, Clerc, interpuso una acción de amparo y medida cautelar contra el Estado nacional ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe fijando como domicilio un terreno baldío de la ciudad de Rafaela, aunque él y su cliente trabajaban y vivían en Buenos Aires.
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